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El Ayuntamiento de Barcelona sanciona a Azora por tener 20 pisos protegidos vacíos

El Consistorio dirigido por Ada Colau ha abierto un expediente sancionador al fondo de inversión por no alquilar 20 pisos protegidos, la multa podría ascender a 900.000 euros.

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El Ayuntamiento de la Ciudad Condal ha abierto un expediente sancionador contra la gestora fondos inmobiliarios Azora por incumplir “la obligación de alquilar un total de 20 pisos de un edificio de viviendas que adquirió con protección oficial en 2010″, según informa el Consistorio. 

Esta infracción podría conllevar una sanción económica que oscila entre los 90.001 y 900.000 euros, según el comunicado emitido por el Ayuntamiento. Estos pisos deshabitados están situados en los números 11 y 12 de la plaza de Alfonso Carlos Comín. Se trata de una promoción de 66 viviendas y 111 plazas de aparcamiento que se construyó para el alquiler y de protección oficial, durante los 10 primeros años.

Según las condiciones de la compraventa, hasta julio de 2018, se mantuvo en régimen general, a partir de aquella fecha, “pasó al régimen de precio concertado y este régimen tiene una duración de hasta 90 años“, ha explicado el Gobierno municipal.

Sin embargo, 20 de estas viviendas llevan más de dos años vacías, lo que supone según el Ayuntamiento un “incumplimiento de la función social de la propiedad de una vivienda VPO que no se destine a residencia habitual y permanente de persona”.

“A diferencia de los pisos convencionales, que solo pueden estar vacíos sin justificación durante dos años, en el caso de los pisos protegidos el período máximo es de tres meses“, añade el comunicado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona ha podido constatar “a través de los consumos de agua, que a lo largo de los años 2016, 2017 y 2018 un total de 20 pisos de este edificio han sido durante periodos de hasta 3 años desempleados“, es decir, sin cumplir con esta obligación.

Esta sanción se enmarca en el plan de inspección del parque de vivienda protegida de la ciudad en marcha desde diciembre de 2017. Hasta el momento, se han inspeccionado 3.550 viviendas con VPO, se han incoado 115 expedientes y hay otros 73 casos más en los que se han abierto diligencias para hacer comprobaciones previas.

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