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Sepes movilizará 1.100 millones de inversión para edificar 15.000 viviendas en ocho grandes suelos

La Entidad Pública de Suelo es reforzada legalmente para optimizar su capacidad de gestionar y habilitar nuevo suelo que será destinado a alquiler asequible y social.

Parque de Artilleria Valencia
Panorámica del suelo que ocupó el Parque de Artillería en Valencia. Fuente: Sepes

¿El problema número uno para el sector inmobiliario español es el suelo? Sepes, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, ha recibido el encargo oficial por parte del Gobierno central de hacer honor a su nombre y convertirse en la principal impulsora de superficie para construir lo que más necesita el ciudadano: vivienda de alquiler asequible. Sus objetivo más inmediato es movilizar hasta 1.100 millones de euros para levantar más de 15.000 viviendas en ocho grandes zonas distintas.

El Boletín Oficial del Estado (de la manera más oficial posible) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con rueda de prensa de la ministra, Raquel Sánchez, y el director general de la entidad, Fidel Vázquez (con presentación pública a los medios) han rubricado en el día de hoy la activación del convenio entre Ministerio y Sepes para que este se convierta «en el Adif de la vivienda» en España.

Que es como decir que se convierta en el agente público que siempre ha sido y que, hasta la fecha de hoy, ha completado 114 actuaciones y permitido 34.000 viviendas públicas. Esto quiere decir que en los próximos cinco años (las últimas de las 15.000 viviendas proyectadas deberían entregarse en la primera mitad de 2027), Sepes propiciará el 50% de lo que ha logrado hasta ahora en su historia.

Para ello, la entidad ha recibido en los últimos Presupuestos socialistas hasta 258,8 millones de euros y ahora es su turno para desarrollar el suelo. Lo hará de momento en ocho grandes zonas (la mayoría terrenos anteriormente en manos militares): el Residencial Buenavista de Málaga (donde habrá unas 1.400 viviendas); el Parque de Artillería de Sevilla (853); Can Escandell, en Ibiza (464); Son Busquets, en Mallorca (831), el Parque de Artillería (600) y el Cuartel de Ingenieros (438), en Valencia, y en Campamento (11.000), en Madrid.

Todas ellas, según la ministra, deberían estar a disposición de los españoles entre el primer semestre de 2025 y el primero de 2027. Ya se trabaja, además, en otras 2.700 viviendas, repartidas en Dos Hermanas (Sevilla), Telde (Gran Canaria), Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Guadalajara, Navalcarnero (Madrid) e Ibi (Alicante).

Y el objetivo final del Ministerio es alcanzar las 34.000 viviendas impulsadas por el Sepes en una década. Es decir, cerrar el círculo de promover tantos hogares en este periodo como todo lo anterior sumado.

Las 100.000 de Sánchez

Todo esto, sólo desde las oficinas del Sepes. Porque el Gobierno sigue convencido de que alcanzará las 100.000 viviendas de alquiler asequible y social en los próximos años gracias a toda la estrategia desarrollada desde toda la administración (y en parte con la ayuda de las autonómicas y locales). Raquel Sánchez asegura incluso que de esa cifra ya están en desarrollo el 60% y que la meta es incrementar con un solo plan en un 25% el parque actual.

Según ha detallado la ministra, y además de las 15.000 que son responsabilidad del Sepes, otras 14.000 las construirán las autonomías en el marco del Plan Estatal de Vivienda y unas 10.000, los ayuntamientos. La Sareb, por su parte, tendrá que buscar y habilitar de su cartera de activos de la anterior crisis nada menos que 15.000 más.

El resto se reparte entre unas 10.000-15.000 que vendrán de poner más suelo público a disposición, alrededor de 10.000 a través del Fondo Social firmado con los bancos y otras 10.000 que ya están arrendadas de promociones pasadas. Todas y cada una, según ha puntualizado la titular máxima de vivienda, sin opción legal de que dejen alguna vez de estar en manos de las administraciones: «Nunca más una inversión pública se convertirá en plusvalía privada».

¿Y cómo se pagará todo esto? Raquel Sánchez ha vuelto a recordar que trabajan con el sector privado para fomentar la colaboración público-privada a través de un «marco jurídico asociado y acordado» destinado a promotores y gestores. La intención paralela es profesionalizar el sector del mercado de arrendamiento, ha anticipado.

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