El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes, por segunda vez, la admisión a trámite de la proposición de ley de Sumar que pretendía impedir que empresas y fondos de inversión compren viviendas en España. La iniciativa ha contado con el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN, mientras que el PSOE, el PNV y Coalición Canaria se han abstenido.
La propuesta planteaba reservar la adquisición de viviendas a personas físicas y modificar para ello la Ley de Vivienda de 2023, concretamente su artículo 10. El objetivo era vetar la transmisión de inmuebles residenciales a empresas, tanto mediante compraventa como a título gratuito, una prohibición que también afectaría a las promociones de nueva construcción una vez obtenido el certificado de fin de obra.
El resultado supone un nuevo revés parlamentario para Sumar, que ya había llevado una iniciativa similar al Congreso en noviembre de 2025. En aquella ocasión, el texto tampoco consiguió superar el trámite inicial, después de que PP, Vox y Junts votaran en contra y el PSOE optara por la abstención.
Una propuesta que vuelve a dividir a los socios del Gobierno
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, decidió recuperar la iniciativa después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera una medida similar y Vox mostrara su respaldo a esa propuesta. Durante el debate, Ibáñez apeló directamente al partido de Santiago Abascal y le reprochó que no apoyara una iniciativa que, según su planteamiento, pretende impedir la compra de viviendas por parte del capital extranjero.
El diputado de Sumar llegó a afirmar que «no se puede ser patriota» y defender al mismo tiempo posiciones contrarias a su propuesta sobre la adquisición de vivienda. La iniciativa recibió, en cambio, el respaldo de ERC, Bildu, BNG, Podemos y de la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó. El PNV y Junts se situaron en contra del texto, aunque con argumentos diferentes. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, consideró que la propuesta era «ilimitada» y cuestionó su encaje en el ordenamiento jurídico, al entender que una intervención de este tipo debería ser excepcional y estar delimitada según las circunstancias de cada territorio.
Vaquero también sostuvo que la medida respondía más a un planteamiento «ideológico» y defendió que cualquier intervención sobre el mercado de la vivienda debe estar acotada. La diputada recordó que ya existen países, como Suecia o Canadá, que han establecido restricciones para determinados inversores extranjeros a la hora de adquirir vivienda. Desde Junts, la diputada Marta Madrenas argumentó que los jóvenes y las familias trabajadoras «solo saldrían perdiendo» si se aprobara la iniciativa. Su principal crítica se centró en que la redacción podría afectar también a cooperativas, ayuntamientos, la Generalitat y empresas públicas que participan en políticas de vivienda.
El PSOE, por su parte, mantuvo la abstención. La diputada socialista Irene Jódar aseguró que su partido seguirá trabajando para combatir la especulación y defender el derecho a la vivienda, pero sostuvo que lo hará «acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente». Recordó también la Ley de Vivienda aprobada en 2023 y defendió las medidas relacionadas con la limitación de los precios del alquiler. En su intervención, señaló además que el PP no aplica dicha normativa en las comunidades autónomas en las que gobierna.
PP y Vox cuestionan la iniciativa
El rechazo de PP y Vox estuvo acompañado de críticas tanto al contenido de la proposición como a la política de vivienda del Gobierno. El diputado del PP Miguel Ángel Sastre Uyá consideró que la iniciativa «flaquea jurídicamente» y la situó entre las que, a su juicio, son «recetas fallidas» en materia de vivienda. Sostuvo además que casi nueve de cada diez viviendas son adquiridas por personas físicas y que, por tanto, la reforma afectaría aproximadamente al 10% del mercado. «Después de años de zancadillas inútiles a la mayoría de propietarios, pretenden solucionar ahora el problema atacando solo al 10%», afirmó durante su intervención.
Vox también rechazó la proposición de ley. Su portavoz de Vivienda, Carlos Hernández Quero, la calificó de «chapuza legislativa» y aprovechó el debate para cuestionar la actuación del Gobierno frente al problema habitacional. Centró parte de sus críticas en Casa 47, el proyecto público de vivienda presentado por el Ejecutivo. El diputado calificó su web de «chusca», habló de «tres powerpoints de colorines» y cuestionó que la oferta anunciada alcanzara las 800 viviendas.
El portavoz de Vox aseguró que «800 viviendas es lo que hacía una mala tarde la administración pública cualquier año en los 60 o en los 80». También criticó que esas viviendas «ni siquiera son nuevas», al considerar que ya formaban parte de un parque existente procedente de la Sareb.
Con la votación de este martes, la proposición de Sumar queda nuevamente fuera de la tramitación parlamentaria. La iniciativa pretendía abrir un debate sobre quién puede adquirir viviendas y sobre el papel de empresas y fondos de inversión en el mercado residencial, pero la falta de apoyos suficientes ha impedido que el Congreso llegue a iniciar su recorrido legislativo.
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