Los propietarios de las viviendas del complejo Isla de Valdecañas han presentado este martes un incidente de nulidad ante el Supremo, después de la última sentencia del alto tribunal, publicada el mes pasado.
En concreto, los propietarios han alegado que el Tribunal Supremo «ha ido más allá del debate planteado al admitir el recurso de casación, pues no ha tenido en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en su resolución, valoró la necesidad de reponer la situación de un modo compatible con la protección del medioambiente, a la luz del estado real de la Isla en el momento en el que se aprobó el P.I.R. Isla de Valdecañas».
Luis Díaz-Ambrona, uno de los representantes legales de los propietarios, ha dicho que «esto podría ser motivo de vulneración de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, como es el derecho a la tutela judicial efectiva y a que las resoluciones se ciñan al objeto de debate». «Están dispuestos, si fuese necesario, a llegar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Haremos uso de todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender los derechos de los propietarios», ha añadido.
Según ha indicado Díaz-Ambrona, la «ejecución de la sentencia en los términos señalados por el Tribunal Supremo tendría una mayor incidencia en el medioambiente que la solución propuesta por el Tribunal Superior de Justicia«.
Los propietarios han afirmado haber comprado «sus viviendas legítimamente y a precio de mercado en un momento en el que no había recaído sentencia firme alguna ni constaba anotación preventiva u otra medida cautelar». Además, han asegurado «que han actuado de buena fe en todo momento, siempre bajo el amparo de la ley y las administraciones, y que las casas están debidamente inscritas y con sus correspondientes licencias, motivo por el que pagan sus hipotecas, así como los correspondientes impuestos».
Por su parte, José María Concejo, portavoz de los propietarios, ha apuntado que «el TSJ-Ex decidió una ejecución alternativa al derribo total, manteniendo lo ya construido y planeando otras medidas medioambientales. Fue un decisión equilibrada, con la que todos estábamos conformes».
Los propietarios han comentado «que su intención no es abandonar el lugar, sino apostar por Extremadura y querer evitar el daño medioambiental y económico que supondría para los habitantes la demolición del complejo».
«A lo largo de estos años, las familias de Isla de Valdecañas hemos forjado un fuerte arraigo con la zona y con la comunidad local. Nosotros y nuestros hijos hemos construido vínculos profundos con esta tierra. Queremos seguir contribuyendo al empleo y la riqueza para el entorno, por supuesto con el máximo respeto al medioambiente», señala Concejo.
«Derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental. Por eso, la respuesta social contra el derribo es prácticamente unánime. El debate de fondo gira en torno al modelo económico y ambiental sostenible que necesita Extremadura y sus habitantes para poder progresar», concluye el portavoz.