La Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona han llevado a cabo la primera operación del nuevo Fondo de Emergencia Habitacional apenas un día después de su aprobación. Ambas administraciones han acordado comprar un edificio situado en el número 74 de la calle Llenguadoc, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, con el objetivo de evitar un desahucio que estaba previsto para este miércoles.
La actuación supone la primera aplicación de un mecanismo impulsado por el Govern para intervenir en situaciones de especial vulnerabilidad residencial cuando existe riesgo de pérdida de la vivienda. El acuerdo alcanzado con la propiedad ha permitido suspender definitivamente el lanzamiento, que inicialmente iba a ejecutarse a las ocho de la mañana y que fue frenado por las movilizaciones sociales. A última hora de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó que el procedimiento quedaba suspendido de manera definitiva a petición de la parte propietaria, después de que esta alcanzara un acuerdo con la Generalitat y el consistorio para vender el inmueble.
Un acuerdo para evitar el desalojo de 32 personas
El edificio adquirido alberga 20 viviendas, de las cuales 18 estaban afectadas por el lanzamiento. En ellas viven 32 personas, incluidos seis menores, que llevan varios años ocupando el bloque y que se enfrentaban a la posibilidad de perder su residencia. La operación se ha cerrado mediante la colaboración entre el Govern catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, ambas administraciones encabezadas por el PSC. Sin embargo, los responsables institucionales también han destacado el papel que desempeñó la movilización ciudadana para impedir que el desalojo siguiera adelante.
El teniente de alcalde de Economía y Vivienda de Barcelona, Jordi Valls, puso en valor la participación de los movimientos sociales. Según señaló, el acuerdo entre las dos administraciones fue posible también gracias a la capacidad de estos colectivos para movilizarse ante una situación que amenazaba con dejar a varias familias sin hogar. Por su parte, la secretaria de Vivienda de la Generalitat, Lídia Gallén, subrayó la utilidad del nuevo instrumento para ofrecer una salida a quienes se encuentran en una situación residencial delicada. La responsable destacó que este mecanismo permite que personas que ya disponían de una vivienda puedan continuar viviendo en ella, en lugar de verse obligadas a abandonarla por un procedimiento de desahucio.
Un fondo de 25 millones ampliable a 50 millones
El Fondo de Emergencia Habitacional, conocido popularmente como fondo antidesahucios, fue aprobado por el Consell Executiu de la Generalitat con una dotación inicial de 25 millones de euros. Su presupuesto podrá ampliarse hasta alcanzar los 50 millones, con la finalidad de facilitar la adquisición de edificios destinados a atender las necesidades de hogares vulnerables que afrontan procedimientos que pueden terminar en un desalojo.
Este recurso no está planteado como la primera respuesta ante cualquier conflicto relacionado con la vivienda, sino como una herramienta para situaciones en las que ya no quedan otras alternativas. Los inmuebles que se compren mediante este procedimiento pasarán a formar parte de la cartera de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, el organismo autonómico encargado de gestionar estas viviendas.
La primera adquisición, cerrada apenas 24 horas después de la creación del fondo, sirve para mostrar cómo pretende actuar este mecanismo cuando existe un riesgo inmediato de pérdida del hogar. En el caso de la calle Llenguadoc, la intervención de las administraciones ha permitido alcanzar un acuerdo con la propiedad y dejar sin efecto definitivamente el lanzamiento previsto.
Otra vía para ampliar el parque público de vivienda
Además de este mecanismo, la Generalitat ha impulsado un segundo fondo destinado a realizar compras conjuntas de viviendas para facilitar el acceso a un piso a personas mayores de 40 años. Este instrumento cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros y tiene como objetivo incorporar 2.000 viviendas al parque público. El funcionamiento de ambos fondos responde a propósitos diferentes. Mientras que el de emergencia busca evitar la pérdida de viviendas en casos de especial vulnerabilidad, el segundo pretende ampliar la oferta pública y favorecer el acceso residencial de un grupo de población que encuentra dificultades para conseguir una vivienda.
En este último caso, la Generalitat dispondrá de preferencia para adquirir la totalidad del inmueble si su propietario decide venderlo en el futuro. Esta condición permitirá a la Administración optar a la compra del activo y aumentar los recursos residenciales públicos, de acuerdo con los objetivos fijados para el programa.
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