Gran adquisición por parte de la administración pública en Cataluña. La Generalitat ha adquirido 743 pisos fruto de ejecuciones hipotecarias al fondo Divarian, propiedad del fondo estadounidense Cerberus, por un total de 72 millones, con el objetivo de incorporarlos al parque de vivienda pública. Se trata de la mayor compra de viviendas realizada hasta ahora por la administración catalana por la vía del tanteo y retracto.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, anunció este miércoles la operación, que se ha llevado a cabo en el marco del ejercicio del derecho de compra preferente que tiene la Generalitat cuando un gran tenedor decide deshacerse de las viviendas adquiridas fruto de ejecuciones hipotecarias.
De los 743 pisos distribuidos por toda Cataluña, el grueso se encuentra ubicada en el área metropolitana de Barcelona; 187 en el Barcelonès, 192 en el Vallès Occidental, 60 en el Oriental, 55 en el Camp de Tarragona, 43 en la Catalunya Central, 54 en Girona, 59 en Lleida y 22 en el Maresme.
En estas viviendas, ya residen familias vulnerables a las que la Generalitat pagaba el alquiler a través del programa «Realojamos», con un gasto conjunto de seis millones de euros anuales. Estas familias, muchas de ellas objetos de desahucios en el pasado, suponen la mitad de las que están inscritas en este programa social, a través del cual la Generalitat abona directamente los alquileres al gran tenedor.
El movimiento supone «una medida contundente para garantizar el derecho a la vivienda. Con la opción de compra aseguramos que las familias puedan pagar de acuerdo con sus ingresos», ha asegurado Paneque.
Los inmuebles fueron adquiridos por Divarian, sociedad controlada por Cerberus que se quedó con parte de la cartera inmobiliaria problemática del BBVA, tras la crisis financiera.
Más detalles sobre la operación
Si los pisos hubieran salido al mercado libre, los alquileres hubieran podido subir, ya que los nuevos propietarios podrían haber rechazado la continuidad de los contratos, ha recordado la consellera: «Ahora los inquilinos tienen la garantía de que pueden continuar con el mismo alquiler asequible».
Los grandes tenedores que deciden vender las viviendas que compraron en procesos de ejecuciones hipotecarias tienen la obligación por ley de ofrecer primero su compra a la Generalitat por un precio tasado en aplicación del derecho de tanteo y retracto antes de acudir al mercado libre.
Paneque ha explicado que los 71 millones de euros que han costado estos pisos es una cantidad que está por debajo de su valor en el mercado libre, por lo que considera que se trata de una operación ventajosa. «El precio de construir una vivienda está alrededor de 150.000 euros y los compramos por 40.000. Por tanto hay un ahorro evidente», ha explicado.
Plan del Govern
La operación de compra de estos 743 pisos se enmarca en el plan del Govern que preside Salvador Illa para levantar 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030, que cuenta con un presupuesto de 1.100 millones anuales. El parque de pisos de alquiler social de Cataluña supone en estos momentos el 1,7% del total y la Generalitat se ha marcado como objetivo que llegue al 15%.
Ya el pasado mes de noviembre, la entidad pública catalana anunció la compra de 452 pisos a InmoCaixa para incorporarlos al parque público, aunque no se trataban de viviendas fruto de ejecuciones hipotecarias.
Los límites de la prórroga presupuestaria
Aunque Paneque no ha descartado que el Govern pueda realizar más adelante operaciones como la anunciada hoy, ha recordado que la Generalitat tiene que moverse en un contexto de presupuestos prorrogados. «Hay que valorar si tenemos los recursos. Estamos en un escenario de prórroga presupuestaria. Los recursos son un factor limitador», ha reconocido.
