
El parque de vivienda pública de Barcelona continúa creciendo con la incorporación de dos nuevos edificios situados en los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí. El Ayuntamiento ha adquirido ambas fincas, que suman un total de 25 viviendas, con el objetivo de aumentar la oferta de alquiler público y facilitar el acceso a un hogar a más vecinos de la ciudad.
Las dos operaciones han supuesto una inversión conjunta de 4,8 millones de euros. En ambos casos, el consistorio ha ejercido el derecho de tanteo y retracto, un mecanismo que permite a la Administración tener prioridad para comprar determinados inmuebles cuando sus propietarios deciden venderlos. Gracias a esta fórmula, los precios de adquisición han quedado por debajo de los valores habituales del mercado.
Una de las compras corresponde a un edificio situado en el número de la calle de Jaume Giralt, en el entorno de Pou de la Figuera, en el distrito de Ciutat Vella. La finca cuenta con 15 viviendas y dos locales comerciales, ocupa una superficie de 895 metros cuadrados y ha sido adquirida por 3,5 millones de euros. El inmueble se encuentra en buen estado y sus viviendas están vacías y reformadas, por lo que podrán ponerse a disposición de nuevos inquilinos durante los próximos meses mediante el régimen de alquiler público.
Una nueva oportunidad para el entorno de Pou de la Figuera
La incorporación de este edificio al parque municipal tiene también un significado especial para el entorno de Pou de la Figuera, donde la finca había acumulado problemas durante años debido a la falta de mantenimiento por parte de sus anteriores propietarios. La situación llegó a requerir la intervención del Ayuntamiento, que permitió desalojar el inmueble. Desde entonces, el edificio había permanecido vacío, hasta que el consistorio ha formalizado su adquisición para incorporarlo al patrimonio destinado a vivienda pública.
La actuación municipal en esta zona incluye, además, la recuperación de un espacio situado en la calle de Montanyans, número 12, junto a la finca de Jaume Giralt. Se trata de un solar de aproximadamente 100 metros cuadrados cuya situación urbanística había quedado pendiente de resolver. Las gestiones realizadas por el distrito con la propiedad han permitido desbloquear el planeamiento, lo que facilitará que el Ayuntamiento pueda intervenir en el espacio. La intención municipal es acondicionar el solar para transformarlo en un punto de encuentro para los vecinos y favorecer la puesta en marcha de nuevas actividades que contribuyan a dinamizar el barrio.
De esta manera, la actuación no se limita a recuperar viviendas vacías para destinarlas al alquiler público, sino que también contempla la mejora de un espacio cercano para fomentar la vida vecinal en el entorno.
Sant Martí suma otras diez viviendas al parque público
La segunda adquisición se encuentra en la calle de Las Navas de Tolosa, en el distrito de Sant Martí. En este caso, el edificio dispone de diez viviendas y cuenta con una superficie construida de 696 metros cuadrados. El Ayuntamiento ha pagado 1,3 millones de euros por esta finca, también mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Al igual que en la operación de Ciutat Vella, esta fórmula ha permitido formalizar la compra por debajo del precio de mercado.
Con estas dos nuevas incorporaciones, Barcelona alcanza los 1.349 pisos adquiridos desde 2015 para ampliar su parque de vivienda pública. Dentro de esta cifra se incluyen 43 edificios completos, lo que refleja el peso que han tenido las compras de fincas enteras en la estrategia municipal para incrementar la disponibilidad de viviendas destinadas a uso social. El impacto de estas adquisiciones va más allá del número de inmuebles incorporados al patrimonio municipal. Según los datos facilitados, las viviendas compradas desde 2015 permitirán garantizar el alquiler público a un total de 3.265 personas.
Para hacer posible esta ampliación, el Ayuntamiento de Barcelona ha destinado más de 150 millones de euros a la compra de viviendas durante este periodo. Una inversión con la que el consistorio busca aumentar los recursos residenciales de titularidad pública y disponer de más inmuebles para ofrecerlos en régimen de alquiler.