El Ayuntamiento de Alicante ha confirmado que dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial ‘Les Naus’, en la playa de San Juan, han decidido renunciar a sus domicilios. Así lo anunció el alcalde, Luis Barcala, del PP, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Municipal. Barcala aclaró que estas personas «no han aparecido en los medios, dos personas no relevantes».
El alcalde destacó que no puede revelar los motivos por los que desistieron de las viviendas por motivos legales, aunque señaló que posiblemente «a lo mejor no cumplían las condiciones que se daban cuando accedieron» o que podrían haber interpretado «mal» los requisitos. Esta renuncia se produce en un contexto de escándalo político que ya provocó la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de una directora general municipal.
Barcala subrayó que la noticia «cala el mensaje de que no quedará impune ninguna conducta irregular» y alertó de que existen «consecuencias muy graves» para quienes accedieron a las VPP de manera indebida. Añadió que «es prioritario que las viviendas lleguen a quienes tienen que llegar» y que todo aquel que sea consciente de haber sido beneficiario ilegítimamente «que lo arregle, y que lo arregle es que entreguen las viviendas».
Investigación y medidas municipales
El alcalde reafirmó su compromiso con «contundencia, celeridad y máxima transparencia», recordando la alarma social causada por el caso. Las diligencias están en manos del juzgado de Instrucción número 5, que pidió a la Fiscalía Anticorrupción las denuncias presentadas por el ayuntamiento, la Generalitat, el PSPV-PSOE y Sumar. Barcala manifestó tener «máxima confianza» en la jueza encargada del caso y aseguró que el consistorio ofrecerá «la máxima colaboración».
Barcala precisó que el Ayuntamiento no adjudicó directamente ninguna de las viviendas, sino que la cooperativa de la promoción gestionó los requisitos y tramitó el proceso ante la conselleria de Vivienda, encargada finalmente de verificar y visarlo. Además, anunció un operativo de la policía local en ‘Les Naus’ para «comprobar que efectivamente los empadronados están habitando las viviendas» y poder recuperarlas mediante derecho de nulidad, tanteo o retracto por fraude de ley.
El alcalde concluyó enfatizando que Alicante «no se merece esta mancha» y reafirmó que uno de los objetivos de su mandato es que «la vivienda sea una prioridad», con la meta de construir 6.000 viviendas, al menos un 30 por ciento de ellas de promoción pública. La renuncia de estos dos adjudicatarios marca un precedente en la búsqueda de transparencia y legalidad en el acceso a la vivienda pública en la ciudad.
