El Gobierno ha decidido posponer la votación de los dos decretos relacionados con la vivienda y no los someterá a debate este viernes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, como recoge Expansión. La decisión llega pocos días después de que el Consejo de Ministros aprobara de nuevo ambas normas, tras el rechazo que habían recibido en el Pleno de la Cámara Baja, y modifica los plazos previstos para decidir si continúan vigentes.
La reunión de la Diputación Permanente tendrá un orden del día centrado en otros asuntos. En concreto, los diputados abordarán el último decreto aprobado para responder a la situación en Oriente Próximo y el texto que contempla ayudas por los daños causados por la dana en Valencia, también aprobado en el mismo Consejo de Ministros que dio luz verde a las medidas de vivienda.
El aplazamiento resulta significativo porque el Ejecutivo había defendido la necesidad de aprobar estas medidas con carácter urgente y extraordinario. Ese argumento justificó que volviera a presentar los decretos apenas unos días después de que el Congreso rechazara su primera versión, sin esperar a la celebración de las elecciones previstas para el 29 de noviembre.
La votación podría celebrarse el 6 de noviembre
Con esta decisión, el Gobierno de Pedro Sánchez desplaza el momento en que se decidirá el futuro de las normas hasta las semanas anteriores a los comicios. La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre, por lo que la votación podría celebrarse el día 6 de ese mismo mes, una semana antes de su inicio. Ese calendario es posible porque la legislación establece un plazo máximo de 30 días para que el Congreso se pronuncie sobre la convalidación o derogación de un real decreto-ley. Al no incluir los textos de vivienda en la reunión de este viernes, el Ejecutivo dispone de margen para llevarlos a una sesión posterior, dentro del periodo legal previsto.
Por ahora, no hay señales de que los partidos vayan a modificar la posición que ya expresaron en la votación anterior. Sin embargo, el resultado podría ser diferente para cada uno de los dos decretos, puesto que sus contenidos y los apoyos parlamentarios con los que cuentan no son los mismos.
El primer decreto cuenta con opciones de salir adelante
El texto que reúne la mayor parte de las medidas de vivienda tiene posibilidades de ser convalidado. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya respaldó esta norma en la votación celebrada el pasado 2 de octubre y, por el momento, no hay indicios de que vaya a cambiar su postura. En esta ocasión, el Gobierno no necesitaría el apoyo de Junts para sacar adelante el decreto, ya que la composición de la Diputación Permanente es distinta a la del Pleno del Congreso. Esta diferencia resulta relevante porque la Cámara Baja se encuentra disuelta tras la convocatoria electoral, lo que altera el reparto de escaños que interviene en la decisión.
Además, este primer decreto ya está en vigor, de modo que algunas de sus disposiciones se están aplicando actualmente. Entre ellas figuran la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler durante dos años y las nuevas limitaciones a la compra de viviendas por parte de empresas, fondos y grandes propietarios.
La situación es diferente para el segundo texto, que incluye una renovación automática de los contratos de alquiler y contempla indemnizaciones a los inquilinos como sanción para los propietarios que incumplan las obligaciones previstas. El rechazo de Junts hace que, por ahora, el Gobierno no cuente con los apoyos necesarios para garantizar su aprobación. La entrada en vigor de este segundo decreto se fijó para el 15 de noviembre, una fecha posterior al plazo máximo previsto para que la Diputación Permanente decida sobre su continuidad. Esta circunstancia añade incertidumbre sobre el recorrido de la norma y sobre la posibilidad de que sus medidas lleguen a aplicarse.
