¿Qué propone cada partido político en materia de vivienda el 29-N?

El Congreso tumbó el 2 de octubre los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, a los que el PNV y Coalición Canaria se sumaron en el texto que imponía la renovación automática de los contratos. Pedro Sánchez respondió disolviendo las Cortes. El Ejecutivo volvió a aprobar ambas normas el 6 de octubre y la Diputación Permanente prevé votarlas el 12 de noviembre, pero el rumbo de la política de vivienda lo decidirá la mayoría que salga de las urnas.

El tablero electoral también se ha movido. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns concurren bajo la marca Frente Amplio, con Ada Colau como candidata a la presidencia. Podemos no se ha integrado en esa coalición de ámbito estatal, aunque ambas fuerzas comparten candidatura en Canarias y la Comunidad Valenciana. En Cataluña, los morados no presentan lista propia y apoyan a ERC, e Irene Montero, cabeza de lista de Podemos y candidata única en las primarias que el partido celebró el 14 y el 15 de octubre, hará campaña junto a Gabriel Rufián.

La línea que separa los programas es la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. PP y Vox prometen derogarla y confiar la bajada de precios a un aumento masivo de la oferta. PSOE, Frente Amplio, Podemos y ERC quieren conservarla y profundizar en ella con distintos grados de intervención. Junts y PNV, cuyos votos han sido decisivos en la legislatura que termina, aceptan proteger al inquilino vulnerable, pero rechazan que ese coste recaiga en el pequeño propietario.

PSOE: parque público y continuidad de sus medidas de alquiler

El PSOE concurre con la promesa de desarrollar la Ley de Vivienda y convertir el Estado en promotor. Sus herramientas son el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, y la empresa pública Casa 47, que recibirá miles de inmuebles procedentes de la Seguridad Social. Defiende además que toda vivienda financiada con dinero público mantenga para siempre la calificación de protegida. En la campaña de 2023, Sánchez ya prometió 183.000 viviendas públicas para alquiler.

En el corto plazo, Pedro Sánchez se comprometió el 10 de octubre, en su primer mitin de precampaña en Dos Hermanas (Sevilla), a «reforzar y mantener» los decretos de vivienda: prórrogas extraordinarias de alquileres, regulación de los contratos de temporada y por habitaciones, protección frente a desahucios de hogares vulnerables y préstamos ICO sin intereses de hasta 50.000 euros para la entrada de la primera vivienda. En fiscalidad, los socialistas apuestan por bonificar a los caseros que contengan la renta, gravar al 25% los beneficios no repartidos de las socimis residenciales que no se orienten al alquiler asequible y elevar la tributación de los pisos turísticos.

PP: un millón de viviendas y una rebaja fiscal del 60% para los jóvenes

El Partido Popular promete derogar la Ley de Vivienda y eliminar las zonas tensionadas. Su objetivo central es crear las condiciones para levantar un millón de viviendas en cuatro años mediante una nueva Ley del Suelo, un plan para reducir de diez a cuatro años los plazos de producción residencial y el silencio administrativo positivo cuando un ayuntamiento no responda a una licencia en 90 días. Plantea además poner en el mercado el suelo público del Estado para alquiler asequible con rentas un 30% inferiores a la media del mercado, y vincular la financiación autonómica a la construcción de vivienda.

Para la demanda joven, el plan presentado por Alberto Núñez Feijóo en julio rebaja del 10% al 4% el IVA y el ITP en la compra de la primera vivienda, lo que supondría pagar un 60% menos de impuestos. Lo completan avales públicos de hasta el 95% o el 100% del precio, una «hucha hogar» para incentivar el ahorro, un seguro de impagos y un aval para fianzas. Los populares mantienen también su compromiso de desalojar viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 24 horas.

Vox: IVA cero en la primera vivienda y «prioridad nacional»

Vox comparte la derogación de la Ley de Vivienda y lleva más lejos la vía fiscal: plantea eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda, recuperar la deducción del IRPF por adquisición de vivienda habitual y bonificar al 100% las donaciones familiares destinadas a esa primera compra. Desde su programa de 2023 defiende además suprimir los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y la plusvalía municipal. Propone liberar suelo, agilizar licencias y el desalojo en 24 horas de las viviendas ocupadas ilegalmente, ampliando las competencias de las fuerzas de seguridad para actuar sin proceso judicial previo en los casos claros.

En materia de acceso, su seña de identidad es la «prioridad nacional», es decir, preferencia para la población española en vivienda pública y ayudas. En junio llevó esa propuesta al Congreso, que la rechazó con el voto en contra del PP. Ya en precampaña, Santiago Abascal arrancó el 11 de octubre en Estepona (Málaga) situando la vivienda, junto a las pensiones y la «remigración», entre sus banderas para el 29-N.

Sumar (Frente Amplio): estabilidad del inquilino y freno a los fondos

Dentro del Frente Amplio, Sumar ha sido el motor de la renovación automática de los contratos al agotarse los cinco o siete años mínimos, impulsada a instancias del Sindicato de Inquilinas, y de la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para que no sirvan de vía de escape a los topes de las zonas tensionadas. Ha defendido también prohibir que empresas y fondos compren vivienda, reservando esas operaciones a personas físicas, y derogar el régimen de las socimis.

Como horizonte, su programa de 2023 proponía destinar el 1% del PIB a inversión pública en vivienda, y en 2024 planteó construir en la legislatura 500.000 viviendas de alquiler social con rentas de entre 400 y 600 euros en las zonas tensionadas. La candidatura de Ada Colau, cofundadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, refuerza ese perfil.

Podemos: rebajar los alquileres por ley

Podemos, con Irene Montero como cabeza de lista, plantea la intervención más intensa del arco parlamentario. Su medida estrella es rebajar los alquileres por ley para que ningún hogar destine más del 30% de su renta al arrendamiento, junto con contratos de mucha mayor duración y una protección reforzada frente a los desahucios. En 2024 y 2025 llegó a concretar esa rebaja en un recorte del 40% de todas las rentas, que planteó como condición para negociar los Presupuestos. Propone además prohibir la compra de vivienda que no tenga finalidad residencial, crear un inventario de los inmuebles vacíos de bancos y fondos y expropiar el derecho de uso de las viviendas en manos de fondos de inversión.

Junts: incentivos fiscales en lugar de obligaciones al casero

Junts propone sustituir las obligaciones al propietario por incentivos. Su alternativa, presentada el 2 de octubre, plantea prórrogas de dos años pactadas entre casero e inquilino, premiadas con reducciones del 90% del rendimiento neto en el IRPF si la renta baja un 5% y del 70% si se mantiene. Eleva al 15% la deducción para inquilinos con rentas de hasta 33.007 euros, crea un IVA del 5% para vivienda nueva habitual de hasta 120 m² y prevé un desalojo cautelar en 48 horas por vía penal en casos de ocupación sin título.

ERC: topes al alquiler de temporada y por habitaciones

ERC es una de las firmantes, junto con Sumar, EH Bildu, BNG y Podemos, de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y por habitaciones que el Congreso admitió a trámite en diciembre de 2024. Los republicanos defienden ampliar el parque público, movilizar vivienda vacía de grandes propietarios y aliviar el ITP en la primera compra, con una tributación que crezca según el número de inmuebles en propiedad.

PNV: proteger al vulnerable sin renovación obligatoria de contratos

El PNV acepta reforzar la protección de los hogares vulnerables y regular el alquiler de temporada, y defiende un IVA del 10% para la vivienda turística por considerarla una actividad económica. Rechaza, en cambio, cualquier renovación obligatoria de los contratos: en Euskadi, más del 90% de la oferta de alquiler está en manos de pequeños propietarios, y sostiene que esa obligación retraería la oferta. Reclama además agilizar el urbanismo y respetar las competencias vascas, donde rige una ley propia que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda.

Otras formaciones: EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y SALF

EH Bildu y el BNG se alinean con el bloque regulador: apoyaron los dos decretos, incluida la renovación automática de los contratos, y han defendido prohibir los desahucios, prorrogar los alquileres que vencen y topar la subida anual de las rentas. Coalición Canaria respaldó el primer decreto, pero rechazó el segundo por considerar que genera inseguridad jurídica y puede reducir la oferta; pide distinguir entre grandes tenedores y pequeños propietarios, aumentar el número de viviendas en el mercado y limitar la compra por no residentes en las islas. Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, no ha presentado propuestas estatales de vivienda; en su programa para las autonómicas de Castilla y León de 2026 planteaba eliminar los impuestos autonómicos en la compra de la primera vivienda y endurecer la lucha contra la okupación.

Las promesas de vivienda de los partidos para el 29-N

Fuente: elaboración propia a partir de planes, iniciativas, votaciones y declaraciones públicas de los partidos hasta el 16 de octubre de 2026.

Qué está en juego para el mercado residencial

Para el sector promotor y la comunidad inversora, el 29-N decide el marco de seguridad jurídica del mercado del alquiler para los próximos cuatro años. Un Gobierno del bloque de la oferta derogaría las zonas tensionadas y aceleraría suelo y licencias, con un fuerte estímulo fiscal a la compra. Una mayoría del bloque regulador consolidaría los topes, extendería el control a la temporada y las habitaciones y limitaría la compra de vivienda por fondos y personas jurídicas.

Ambos modelos comparten un punto débil: los plazos. El millón de viviendas del PP exige suelo finalista, mano de obra y licencias que hoy no existen a ese ritmo, y los parques públicos que prometen PSOE y Frente Amplio tardan años en materializarse. Mientras tanto, las medidas sobre el alquiler, ya sean topes o incentivos fiscales, son las únicas con efecto inmediato sobre los hogares.

La dimensión social del problema explica por qué la vivienda ha precipitado unas elecciones. Las protestas ante el Congreso durante la votación de los decretos y la huelga general convocada para el 11 de noviembre reflejan la presión de una ciudadanía, en especial joven, que dedica una parte creciente de su renta al alquiler. Ningún partido discute ya el diagnóstico: la discrepancia está en si la solución pasa por limitar precios o por multiplicar la oferta.

Entre ambos extremos, Junts y PNV seguirán pesando si ningún bloque alcanza la mayoría. Los dos coinciden en descargar sobre la Administración, y no sobre el pequeño casero, la obligación de dar alternativa habitacional a los hogares vulnerables, y en sustituir obligaciones por incentivos fiscales. Ese terreno común ha sido hasta ahora el que ha marcado qué medidas llegan al BOE.

Las urnas del 29 de noviembre no resolverán por sí solas la crisis de acceso a la vivienda, pero sí fijarán la dirección. Los partidos ofrecen recetas difícilmente compatibles, y en un Congreso fragmentado ninguna saldrá intacta de la negociación. Los programas electorales, cuando se publiquen, dirán cuánto de lo anunciado se mantiene y con qué calendario y financiación pretende cumplirse.