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Blackstone renuncia a replicar su modelo de alquiler en EEUU en el residencial español

Blackstone cree que los grandes tenedores son la solución a la escasez de vivienda. Sin embargo, la falta de un marco jurídico estable hace que opten por salir de este mercado.

Blackstone enfila su salida de España tras no poder replicar su modelo de EEUU

Es de sobra conocido: Blackstone lleva tiempo desinvirtiendo parte de su cartera de residencial en alquiler en España. Solo en las últimas semanas cerró la venta de 750 viviendas a AXA y otras 245 a Allianz.

«Blackstone tiene la experiencia, en EEUU, de haber creado un parque single family de decenas de miles de viviendas en alquiler con una calidad, un servicio y una profesionalidad espectacular. Esto es lo que nos hubiese gustado crear aquí, lo teníamos bastante avanzado; pero no vamos a continuar«, explica Eduard Mendiluce, CEO de los servicers Aliseda/Anticipa, en una conferencia organizada por Asval sobre ‘Cómo mejorar la accesibilidad a la vivienda a través de la colaboración público-privada‘.

Apuesta de Blackstone por España

Este banco de inversión fue fundado en 1985 por Peter G. Peterson y Stephen A. Schwarzman, ex Lehman Brothers, con sede en Nueva York y, desde entonces, gestiona activos principalmente en Estados Unidos y Europa, y especialmente en inversión inmobiliaria. El negocio inmobiliario de Blackstone, que arrancó en 1991, tiene bajo gestión activos por volumen de 163.000 millones de dólares (alrededor de 150.000 millones de euros).

En España, Blackstone irrumpió con fuerza en el sector inmobiliario tras la crisis de 2008, realizando inversiones que rondan ahora los 24.000 millones, en una cartera que incluye créditos hipotecarios, viviendas, hoteles, naves y oficinas. En el residencial, la operación con la que, para su desgracia, fue conocido en la esfera pública y mediática fue la adquisición de 1.860 viviendas de protección oficial al Ayuntamiento de Madrid. Tras ella, llevó a cabo una importante actividad inversora -compró, entre otras, la compañía de viviendas de alquiler, Testa-, que le convirtió en el mayor propietario de viviendas en alquiler, con más de 50.000 unidades.

Años después, esta actividad inversora no ha fructificado en la creación de una gran compañía residencial en alquiler, a imagen de lo que existe en otros mercados internacionales.

Causas de la salida de Blackstone

Eduard Mendiluce incide en la falta de un marco jurídico estable, con conflictos entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el gobierno central.

El consejero delegado de los servicers de Blackstone expresa su descontento en lo que respecta a su diferenciación de los pequeños propietarios: «Al propietario persona física se le trata de una forma y al propietario institucional de otra, intentando compensar algo que la administración pública no ha sido capaz de dotar, un parque público de viviendas. Lo compensamos pasando la presión social y de la vivienda al propietario institucional».

Eduard Mendiluce CEO de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa
Eduard Mendiluce.

Además, el consejero delegado de Aliseda y Anticipa denuncia que «hay más de 100.000 personas en España que están viviendo en situación de ilegalidad; por ocupación, de forma precaria o sin contrato de alquiler». Mendiluce propone: «Hay que sentarse en una mesa y ser capaces, a corto plazo, de movilizar viviendas. Están en situación ilegal hay que regularizarlas, con una compensación por parte del Estado al propietario, por ejemplo, un alquiler a 25 años, donde hay una renta estatal que se compensa al propietario. Sino, aplicar la Ley y aplicar el derecho a la propiedad privada».

Gran propietario, solución al acceso a la vivienda

«Tenemos una auténtica escasez de vivienda a precio asequible, en alquiler y en venta. DWS valora que hay un déficit de vivienda asequible de 1,4 millones de viviendas en Europa. Lo grave es que en España faltan medio millón«, señala Carolina Roca, vicepresidenta de ASPRIMA.

A este respecto, Mendiluce opina que los grandes tenedores son la solución: «No se ve a la figura del propietario institucional como parte de la solución del problema y lo es claramente. Cuando tienes el 95% del parque de viviendas en alquiler en manos de pequeños propietarios y cuando la oferta es limitada porque no hay un marco jurídico estable, la calidad de lo ofertado es claramente mala. Mucho peor que la que podemos encontrar en otros países europeos o EEUU, con una clara tradición en alquiler institucional mucho mayor».

Promoción pública o cesión privada

Francisco Pérez, CEO de Culmia, apunta que promover 10.000 viviendas al Estado le costaría cerca de 5.000 millones de euros. Para ello, Eduard Mendiluce da un paso adelante: «Si aprovechas el parque de viviendas de grandes propietarios vacía o en situación ilegal; por 50.000 viviendas el erario público tendría que pagar 3.000 millones acumulados en 10 años. Esto te ayuda a parar la emergencia habitacional».

Además, una vez solucionada la emergencia, el Estado podría empezar a promover vivienda pública. Para ello, propone el representante de Blackstone la cesión de suelos privados para promoción pública, a cambio del pago de un canon, generando unos mínimos y fiables flujos de caja.

El máximo responsable de la estrategia residencial en España de la gestora norteamericana también aboga por extender las colaboraciones público-privadas como el Plan Vive Madrid o los proyectos del Habitatge Metrópolis Barcelona. «Tenemos que ser capaces de escalar este modelo, es ponerle un 0 más o dos. Entre el operador catalán y el Plan Vive son 10.000 viviendas y deberíamos estar en 100.000», señala Mendiluce.

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