El Gobierno vasco adquirirá a Testa Homes las 510 viviendas protegidas de Benta Berri, en San Sebastián, donde numerosos vecinos afrontaban la incertidumbre sobre la continuidad de sus contratos de alquiler. La operación, anunciada por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige el consejero Denis Itxaso, se produce ante la preocupación de los residentes por la posibilidad de tener que abandonar sus hogares cuando finalice el periodo de protección de los inmuebles.
La decisión afecta a los pisos situados en las calles Resurrección María de Azcue y Bertsolari Xalbador, así como en la plaza José María Sert, en la capital guipuzcoana. Las viviendas fueron adjudicadas en 1998 y están destinadas al alquiler protegido, una modalidad que permite a sus residentes acceder a una vivienda bajo unas condiciones específicas de protección.
Un problema marcado por el vencimiento de los contratos
El origen de la preocupación de los inquilinos se encuentra en la fecha de finalización de los contratos y del periodo de protección de los inmuebles. Las 510 viviendas fueron calificadas formalmente como protegidas en noviembre de 1998, con una duración de 30 años, por lo que su protección tiene previsto concluir en noviembre de 2028.
La inquietud entre los residentes comenzó a hacerse más visible a principios de 2026, cuando cerca de 40 inquilinos recibieron notificaciones en las que se les comunicaba que sus contratos de alquiler no serían renovados al llegar a su vencimiento. Estos avisos impulsaron la movilización de los vecinos, que veían amenazada la posibilidad de continuar viviendo en sus casas una vez terminara el periodo establecido. La situación también llegó al Ayuntamiento de San Sebastián, donde el Pleno aprobó el pasado 26 de marzo una moción para instar al Gobierno Vasco a buscar una solución. El acuerdo municipal reclamaba medidas para evitar el desahucio de los residentes de estas viviendas de protección pública en régimen de alquiler.
La adquisición anunciada por el Ejecutivo autonómico supone una respuesta institucional a un conflicto que afecta a centenares de hogares. Con la compra de los inmuebles, el Gobierno Vasco interviene en una situación en la que la proximidad del vencimiento de los contratos había generado incertidumbre entre los residentes.
De la cesión del suelo a la propiedad de Testa Homes
El origen de estas viviendas se remonta a un proyecto impulsado mediante la cesión del derecho de superficie por parte del Gobierno Vasco. La Administración autonómica permitió a las empresas Metrovacesa y Vallehermoso construir los 510 pisos protegidos sobre unos terrenos durante un periodo de 75 años. Posteriormente, ambas compañías se fusionaron y los inmuebles pasaron a manos de Testa Residencial, actualmente Testa Homes, sociedad vinculada al fondo de inversión internacional Blackstone. En 2016, los bloques de viviendas fueron adquiridos por Testa Homes, que desde entonces ha mantenido la titularidad de los inmuebles.
La diferencia entre la duración del derecho de superficie y el periodo de protección de las viviendas resulta importante para comprender el caso. Mientras que la cesión vinculada a la construcción se estableció por 75 años, la calificación de vivienda protegida se fijó durante 30 años, con una fecha de vencimiento prevista para noviembre de 2028.
La operación anunciada por el Gobierno vasco sitúa de nuevo a la Administración autonómica en el centro de la gestión de este conjunto residencial. La compra de las 510 viviendas de Benta Berri busca dar respuesta a la situación planteada por los inquilinos, que comenzaron a organizarse después de recibir los primeros avisos de no renovación. Con el vencimiento de la protección cada vez más cerca, el futuro de estos hogares se había convertido en una cuestión de preocupación para los vecinos y en un asunto de debate municipal. La adquisición anunciada por el Ejecutivo vasco abre una nueva etapa para las viviendas de Benta Berri, aunque los detalles concretos sobre las condiciones posteriores de los alquileres no figuran en la información facilitada.
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