La Junta de Andalucía ha adjudicado tres edificios públicos que permanecían sin uso en pleno centro de Málaga capital con el objetivo de recuperar su función residencial y ampliar la oferta de vivienda protegida. Los inmuebles, situados en las calles Álvarez, números 16 y 18, y Alta, número 18, permitirán construir un total de diez viviendas protegidas una vez que sean rehabilitados.
La operación ha sido impulsada por la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dentro de su Oferta Pública Permanente. Las tres adjudicaciones alcanzan un importe conjunto superior a 791.000 euros y forman parte de la estrategia de la Administración autonómica para movilizar inmuebles públicos que hasta ahora se encontraban sin uso. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido la importancia de aprovechar este patrimonio para hacer frente a una de las principales necesidades de Andalucía. «La Junta está poniendo todo el patrimonio público disponible, que llevaba décadas infrautilizado», ha señalado, con el objetivo de contribuir a aumentar la oferta de vivienda protegida.
Tres edificios que recuperarán su uso residencial
Los dos inmuebles de la calle Álvarez, situados en los números 16 y 18, cuentan con superficies de 102,54 y 105,11 metros cuadrados, respectivamente. Ambos han sido adjudicados a la mercantil Micarmasol S.L. y su rehabilitación permitirá disponer de seis viviendas protegidas. El tercer edificio se encuentra en el número 18 de la calle Alta y tiene una superficie de 143,29 metros cuadrados. En este caso, la adjudicataria es Arcadia Alta S.L., y la actuación prevista permitirá levantar otras cuatro viviendas protegidas.
La Junta enmarca estas operaciones en una línea de actuación que busca recuperar la finalidad residencial de inmuebles que permanecían sin actividad y utilizarlos para atender la demanda de vivienda asequible. La colaboración con la iniciativa privada es uno de los elementos de esta estrategia, ya que las empresas adjudicatarias serán las encargadas de impulsar la recuperación de los edificios para destinarlos posteriormente a viviendas protegidas.
Rocío Díaz ha insistido en que la operación va más allá de la simple transmisión de unos inmuebles. «No se trata únicamente de vender fincas, sino de activar la función residencial para la que fueron concebidas», ha afirmado, subrayando que el objetivo final es facilitar el acceso a una vivienda protegida. La consejera también ha considerado que «movilizar el patrimonio público, hasta ahora sin uso» constituye una de las medidas más eficaces para incrementar la oferta residencial. La actuación en estas tres fincas de Málaga se suma así a otros procedimientos desarrollados por AVRA en la capital malagueña para poner en circulación inmuebles destinados a generar nuevas viviendas protegidas.
Entre esas actuaciones figuran las operaciones realizadas en las calles Dos Aceras y Ollerías, además de otras ya formalizadas en el entorno de Lagunillas y en la calle Ermitaño. Todas estas iniciativas persiguen el mismo propósito: aprovechar fincas residenciales disponibles para impulsar el mayor número posible de viviendas protegidas.
El convenio de Tecnocasas también avanza
Paralelamente, la Consejería de Vivienda continúa trabajando con el Ayuntamiento de Málaga para cumplir los compromisos derivados del acuerdo de liquidación del convenio firmado para desarrollar actuaciones públicas en el Área de Rehabilitación del Centro Histórico, conocido como Tecnocasas. Dentro de ese acuerdo, el Ayuntamiento asumió el compromiso de adquirir 14 inmuebles que pertenecen a AVRA. Ambas administraciones ya han consensuado los informes de valoración correspondientes a estas fincas y continúan con los trámites administrativos necesarios para poder formalizar la operación.
La evolución de este acuerdo se integra en la apuesta de ambas instituciones por actuar sobre el patrimonio público situado en el centro de Málaga y favorecer su recuperación. En este sentido, la consejera ha destacado que «la colaboración institucional es esencial» para poner en valor estos inmuebles y avanzar en actuaciones relacionadas tanto con la regeneración urbana como con el acceso a la vivienda.
