La crisis de la vivienda continúa escalando en Europa y España aparece entre los países con mayores dificultades para responder a la demanda habitacional. Un informe elaborado por la Comisión Especial sobre la crisis de la vivienda de la Unión Europea calcula que España necesita construir alrededor de 700.000 viviendas nuevas para afrontar el déficit actual y contener la presión sobre los precios del alquiler y de la compraventa.
Los datos fueron presentados por el eurodiputado Borja Giménez, ponente relator del documento, durante una jornada organizada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El encuentro reunió a expertos jurídicos y representantes de distintos países europeos para analizar los retos del acceso a una vivienda digna, sostenible y asequible.
El informe europeo traza un diagnóstico general de la situación en la UE y concluye que el bloque comunitario necesita alrededor de diez millones de nuevas viviendas para responder a la demanda existente. De esa cifra, unas 700.000 corresponderían a España, uno de los países donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Según explicó Giménez, el problema no solo afecta al bienestar de los ciudadanos, sino también al funcionamiento económico del continente. El eurodiputado advirtió de que la crisis tiene un importante «impacto social», especialmente entre los jóvenes, y también consecuencias sobre la competitividad, la movilidad laboral y la capacidad de atraer inversiones y talento.
El aumento de precios agrava la presión sobre familias y jóvenes
El informe destaca además el fuerte incremento de los costes de la vivienda durante los últimos quince años. De acuerdo con los datos expuestos durante la jornada, el precio medio de los alquileres ha subido un 30% en la Unión Europea, mientras que la compraventa de vivienda se ha encarecido un 60%. Ese aumento sostenido ha provocado que una parte importante de la población tenga serias dificultades para asumir los costes habitacionales. En concreto, el documento señala que el 10% de los ciudadanos que viven en áreas urbanas destina más del 40% de sus ingresos al pago de la vivienda.
La situación se ve agravada por el descenso de la actividad constructora. El informe advierte de que los permisos para nuevas construcciones han caído un 20% en los últimos años, lo que reduce todavía más la capacidad de respuesta ante la creciente demanda.
Durante su intervención, Giménez insistió en que Europa debe actuar con rapidez para evitar que la crisis siga profundizándose. Por ello, la hoja de ruta aprobada por el Parlamento Europeo el pasado marzo propone distintas medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y aumentar la oferta disponible. Entre las iniciativas planteadas figura la simplificación de los procedimientos administrativos relacionados con la construcción y la renovación de viviendas. El informe apuesta por reducir la burocracia y agilizar los trámites para impulsar nuevos proyectos residenciales.
El texto también plantea movilizar inversión pública y privada, incluyendo fondos europeos, para favorecer la construcción de vivienda asequible. Además, recomienda aplicar incentivos fiscales destinados a hogares con rentas bajas, jóvenes y personas con discapacidad. Otra de las líneas prioritarias pasa por reforzar el parque de vivienda pública y social, considerado insuficiente en varios países europeos. Aunque el informe no tiene carácter vinculante, sí establece una serie de recomendaciones para orientar futuras políticas comunitarias y nacionales.
España, entre los países con menos vivienda pública de Europa
La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo, aprovechó la inauguración de la jornada para advertir de la posición rezagada de España en materia de vivienda pública. Según señaló, el parque público representa aproximadamente un 3% del total de viviendas, muy lejos de la media europea, situada en torno al 15%. Vallejo criticó las políticas desarrolladas en los últimos quince años y lamentó la falta de inversión pública destinada a afrontar el problema habitacional. A su juicio, los «poderes públicos son los que están obligados» a liderar las soluciones ante una situación que afecta cada vez a más ciudadanos.
En referencia a Cataluña, la decana del ICAB alertó además sobre la «sobrerregulación» existente en el sector. En su opinión, ese exceso normativo contribuye a ampliar la distancia entre el derecho a una vivienda digna y el derecho a la propiedad. La representante de la abogacía catalana subrayó que la vivienda se ha convertido actualmente en el principal problema para muchos españoles. Según afirmó, existe un «shock importantísimo entre la oferta y la demanda», una situación que dificulta especialmente el acceso de los jóvenes y de las familias con menos recursos.
El informe europeo también pone el foco sobre otros factores que influyen en la crisis habitacional. Entre ellos, menciona el impacto de los alquileres turísticos sobre la disponibilidad de vivienda residencial y las dificultades del sector de la construcción para encontrar mano de obra suficiente.
