Solo una semana ha tardado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en responder al ofrecimiento que los grandes tenedores de viviendas de España han hecho al Gobierno.
En enero de este año, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, lanzaba una petición a los mayores propietarios de inmuebles: necesitaban la cesión de 30.000 viviendas en régimen de alquiler social.
La pasada semana, Eduard Mendiluce, representante de Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ofreció el Ejecutivo de Pedro Sánchez un modelo a la irlandesa: «Hemos presentado una oferta basada en el modelo de Dublín, en la que el gran propietario puede acogerse a una cesión durante 25 años al Estado, que se convierte en arrendatario y otorga al propietario que cede la vivienda un horizonte temporal que permite visibilidad y certeza en el largo plazo».
No solo eso, Mendiluce aseguró que «los precios se situarán en un 15-20% por debajo de mercado, lo que permitirá que familias en situaciones más vulnerables tengan una capacidad de acceso» y que «habrá un derecho de subarriendo del Estado a otras administraciones para extender el modelo a un ámbito más local». Los grandes tenedores pedían negociar directamente con el Gobierno Central para así evitar cerrar numerosos acuerdos con cada una de las administraciones regionales.
A esta proposición, la Ministra Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha respondido: «Nosotros estamos hablando con el sector privado y con los grandes tenedores. Estamos trabajando en cual es la fórmula, a través de un concurso público». Según apunta la Ministra, en declaraciones a Brainsre.news, ambas partes están de acuerdo a que, como mínimo, se pongan en disposición 30.000 unidades.
España necesita 2 millones de viviendas en alquiler
España necesita entre 1,5 y 2 millones de viviendas en alquiler, que supone una inversión total, en residencial en alquiler, de más de 250.000 millones de euros, una cifra más alta que el gasto anual del Estado en pensiones, situado en menos de 200.000 millones; según un informe de la consultora Colliers.
A finales de 2021, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España promoverá un parque público de 100.000 viviendas, en el que se incluirían la cesión de las viviendas de los grandes propietarios, un tercio de ellas destinadas a jóvenes.
El Gobierno deberá contar con empresas privadas para llevar a cabo estas inversiones, a través de colaboraciones público-privadas. No se trata de una fórmula novedosa, ya que la Comunidad de Madrid lanzó un plan similar, el Plan Vive, un programa de promoción privada en suelos públicos destinados al alquiler asequible.
España cuenta con un 25% del total del parque de viviendas destinado al arrendamiento, muy lejos de la media europea, situada en el 35%. Nuestro país necesita producir más de 100.000 viviendas al año, en régimen de alquiler, para corregir el actual desequilibrio de oferta y demanda.
El sector privado defiende que la vivienda en alquiler no es un negocio de especuladores, sino una inversión de rentabilidades de un solo dígito. La yield media se sitúa en el 6,4% a nivel nacional, según la plataforma de Big Data inmobiliario de Brainsre.
