Es uno de los tributos más famosos y obligatorio para cualquier propietario de un bien inmueble (ya sea vivienda, local o garaje) en España. El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) es un impuesto local que, sin embargo, tiene la gestión compartida entre el Ministerio de Hacienda -que fija el valor catastral, a través de la Dirección General del Catastro- y los ayuntamientos donde se ubican los inmuebles -que fijan los tipos de gravámenes y las bonificaciones potestativas-.
No obstante, no solo los Ayuntamientos pueden exigir el IBI, también las áreas metropolitanas pueden pedir un recargo, unas potestades que generan importantes diferencias en un inmueble de similares características dependiendo de dónde esté localizado.
Casos de este aumento en el IBI, que recaerá siempre sobre la base imponible y su tipo no podrá ser superior al 0,2%, es, por ejemplo, el Tributo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, que tiene como finalidad financiar los servicios prestados por el AMB y que representa un porcentaje único del 0,2%.
La formulación del impuesto consigue que «aunque el Ayuntamiento de Badajoz apruebe el tipo de gravamen máximo que la normativa le permita nunca un inmueble medio allí va a tener el mismo IBI que ese mismo inmueble situado en Barcelona«, ha explicado a Brainsre.news María del Rocío García, project manager de Fiscalidad Inmobiliaria de Euro-Funding.
¿Qué municipios ingresan más por este impuesto?
Según los últimos datos disponibles, procedentes de la Dirección General del Catastro de 2018, sobre el territorio común (exceptuando País Vasco y Navarra) el municipio que más recaudó en concepto de impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) urbano fue Madrid seguido de Barcelona y Valencia. Mientras que Ceuta, Teruel, Melilla y Soria se posicionaron como las ciudades que menos ingresaron por este impuesto.
En este sentido, Madrid ingresó más de 1.385 millones de euros en concepto de IBI urbano (ver en la tabla de abajo ‘Cuota líquida’). Por su parte, los municipios de Barcelona y Valencia se embolsaron 651,9 millones y 220 millones de euros, respectivamente.
En el lado opuesto de la lista, uno de los municipios que menos ingresos obtuvo por el cobro de este impuesto fue Ceuta, que percibió unos 7,9 millones de euros. Por su parte, Teruel ingresó poco más de 8 millones, Melilla obtuvo 8,7 millones y Soria se embolsó unos 13 millones.
Marbella, la ciudad con el IBI urbano medio más alto
Sin embargo, «las cifras cambian al hacer la media sin filtros por tipologías, superficies construidas, ni ninguna otra variable más que la relación entre las cuotas líquida totales y los recibos emitidos», apunta la project manager de Euro-Funding. Así, se extrae que las ciudades que tienen un IBI urbano medio más alto son Marbella (692,16 euros); seguida de Madrid (636,57 euros) y Barcelona (569,51 euros).
En este sentido, en municipios cuya recaudación por este impuesto fue relativamente baja, registraron un IBI urbano medio más alto que otros con más ingresos. Es el caso de Toledo, que con una exacción de tan solo 25,8 millones de euros, arroja un IBI urbano medio de 404,2 euros en 2018.
Sin embargo, Valencia ingresó un total de 220 millones de euros por este impuesto -el tercer municipio que más ganancias obtuvo- y el IBI urbano medio fue de 324,5 euros, cantidad similar a la que registró Murcia (308,8) que total se embolsó 116,5 millones, un 47,3% menos que la capital valenciana.
En este sentido, el IBI urbano medio en Alicante y Soria alcanzó los 274 euros en 2018, pero la primera obtuvo casi 87 millones mientras que la segunda tan solo ingresó 13 millones.
Asimismo, cabe destacar que Marbella -el municipio con el IBI urbano medio más alto, 692,16 euros- percibió 119 millones en concepto de impuesto de bienes inmuebles; frente a los 313 que se pagaron en Málaga, que le hicieron ingresar 121 millones de euros.
Bonificaciones durante el estado de alarma
Durante el estado de alarma generado por el Covid-19, algunos de estos municipios, como Madrid y Marbella, han anunciado bonificaciones del 25% en el IBI para determinados usos o actividades económicas, supeditados a condiciones de mantenimiento de empleo durante 2020.
«Se entiende que hayan sido estos consistorios, y no otros, los que hayan aplicado este tipo de medidas, ya que son conscientes de estar realizando la exacción de los impuestos de bienes inmuebles más altos del territorio común», ha concretado María del Rocío García.
