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Andalucía completa su normativa sobre suelo para bajar de 10 a tres años el plazo de los planes urbanísticos

El Consejo de Gobierno aprueba reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), con el que también se habilitan más medidas de colaboración público-privada.

Marifran Carazo Junta Andalucia Fomento
La consejera de Fomento andaluza, Marifrán Carazo.

¿Cómo estrechar el abismo que separa la oferta de la demanda de vivienda en España? Con más suelo, contestaría cualquier empresario del sector inmobiliario desde cualquier momento de la historia reciente. A esa respuesta trata de contestar la Junta con la aprobación en Consejo de Gobierno del reglamento de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), con la que pretende, entre otras muchas cosas, rebajar de diez a tres años lo que se tarda en aprobar un plan urbanístico.

Precisamente, con este reglamento se completa la revisión del marco normativo de ordenación del territorio y urbanismo iniciada hace tres años por el Gobierno andaluz y también se busca incrementar la participación privada en los planeamientos para permitir esa agilidad. En la cabeza de todos, el ejemplo que supone Málaga de colaboración entre empresas y sector público.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha destacado que «el Gobierno andaluz ha acabado en un tiempo récord con la maraña normativa y el atasco urbanístico que ha lastrado a los municipios andaluces», gracias a una actualización, modernización y simplificación de la ordenación del territorio y el urbanismo andaluz de la mano tanto de la LISTA como de su reglamento y que continuará con la revisión del POTA iniciada esta legislatura.

La comunidad autónoma cuenta así por primera vez con un reglamento urbanístico completo, algo que no se produjo con la anterior ley, la LOUA. Marifrán Carazo ha señalado que el reglamento contribuye a los objetivos de la LISTA: simplificar el marco jurídico –tenía como punto de partida dos leyes (la LOTA de 1994 y la LOUA de 2002), un reglamento de disciplina y dos reglamentos estatales de aplicación supletoria de 1978– y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad jurídica del cuerpo normativo «que es la base para el desarrollo territorial y urbanístico de Andalucía».

Entre las principales novedades, el reglamento crea las Entidades Urbanísticas Certificadoras, un nuevo instrumento de colaboración público-privada para dar soporte a los ayuntamientos. Estas entidades, ha explicado la consejera, podrán colaborar con las administraciones locales en la labor de verificación y control, lo que permitirá a los Ayuntamientos tramitar las licencias, declaraciones responsables o inspecciones técnicas con mayor agilidad, lo que redundará en la dinamizar la actividad económica. 

También incorpora la figura del agente urbanizador como mecanismo de colaboración público-privada y de los instrumentos de gestión en el suelo urbano.

El reglamento concreta las condiciones que dan lugar a la formación de nuevos núcleos de población y los parámetros que posibilitan la implantación de viviendas unifamiliares que no estén vinculadas a otras actuaciones del suelo rústico. 

También se especifica el régimen de las actuaciones de transformación urbanística en las dos clases de suelo establecidas por la LISTA: el suelo urbano y el suelo rústico. El reglamento permite atender con agilidad las necesidades de transformación en las ciudades y de desarrollo de nuevos crecimientos.

Igualmente, se desarrolla el contenido de los nuevos planes que define la ley y el procedimiento para su aprobación, así como los instrumentos de colaboración entre las administraciones que participan en la tramitación. Estos aspectos son claves para garantizar la reducción significativa del plazo de aprobación de los planes urbanísticos. El tiempo para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística se estima, como máximo en tres años frente a una media de diez años. 

«Reducimos ese tiempo quitando trámites y procedimientos repetidos, y regulando la tramitación urgente y la tramitación simultánea de los instrumentos de ordenación», ha especificado.

En cuanto a la ordenación del territorio, el reglamento fija los mecanismos previstos en la ley para la concertación con los ayuntamientos, la gestión de las actuaciones que se prevean en los planes territoriales y la garantía de equilibrio entre los municipios. 

El reglamento incluye los criterios de sostenibilidad para la ordenación urbanística que permiten cumplir con los principios establecidos por la LISTA. Entre ellos, se establece una regulación de las reservas dotacionales que garantiza las necesidades de la ciudadanía sin incrementar el coste del suelo y que permite adaptar los usos de los equipamientos en función de las demandas que en cada momento deban atenderse.

Como garantía de la sostenibilidad social de las actuaciones, el reglamento desarrolla los criterios establecidos por la ley para garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida en los municipios que tengan una demanda efectiva.

Además, se concretan los instrumentos de disciplina territorial, competencia de la comunicación autónoma, con los de disciplina urbanística, que corresponde al ámbito municipal, que se desarrollará en base al principio de colaboración. Marifrán Carazo ha indicado que, gracias a un marco procedimental claro y sencillo, se garantiza el éxito de los procedimientos sancionadores. 

«Este año se han iniciado expedientes que afectan a 343 edificaciones ilegales y 644 parcelas, en su mayor parte precintadas», ha manifestado. Asimismo, la consejera ha precisado que el reglamento de la LISTA avanza en la regulación de la figura del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), así como la tramitación de planes especiales de adecuación ambiental y territorial para minimizar el impacto de las agrupaciones de edificaciones irregulares prescritas.

El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2021, de 21 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA) el 25 de noviembre de 2021, hace un año, y entró en vigor el 24 de diciembre. El primer día hábil siguiente, el 27 de diciembre, se inició el trámite de consultas públicas previas del reglamento. Al igual que con la LISTA, la tramitación del Reglamento se aprobó por procedimiento de urgencia, lo que ha permitido completar todo el proceso en once meses. En unas horas, apunta la consejera, se aprobará en el BOJA.

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