La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) cuestiona los topes al precio del alquiler que establece el Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. En este sentido, ha indicado que está abierta a colaborar con la Administración en proponer otros mecanismos que fomenten el acceso a la vivienda y que den respuesta a las necesidades del mercado inmobiliario.
La asociación, a través de su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, ha alertado de que «el planteamiento actual de la Ley de Vivienda no solo perjudica grave y directamente a los inquilinos y propietarios de viviendas en alquiler, sino que sitúa a España en clara desventaja frente al resto de países como destino de inversión, lo cual supondría una gran pérdida para la economía en general». «Esta nueva norma desincentivará proyectos que podrían profesionalizar y ampliar la oferta de vivienda como el Build to Rent, así como las grandes rehabilitaciones de inmuebles destinados al alquiler», ha añadido.
Son varios los operadores o fondos especializados que se fijan en nuestro país para invertir. «En 2023, observamos que la incertidumbre ya frena la inversión, afectada por el incremento de los tipos de interés, y el impacto directo de esta ley causará un daño importante a la seguridad jurídica. Los inversores afectados podrían mostrarse reticentes a volver a operar en este mercado», ha comentado Martí-Fluxá.
Por su parte, «los arrendadores podrían llegar a retirar sus activos del mercado, disminuyendo radicalmente la oferta. A su vez, la congelación e intervención de la renta desincentivará las rehabilitaciones de inmuebles destinadas a incrementar su sostenibilidad, puesto que dichas inversiones no se reflejarán en incrementos de rentas bajo esta ley», ha asegurado el presidente de la ACI.
«La experiencia ha demostrado con claros ejemplos cómo los límites al alquiler no han sido efectivos, por ejemplo, en Cataluña o en otros países como Alemania, Francia o el estado de California (Estados Unidos), con resultados nefastos y logrando el efecto contrario, dificultades de acceso a la vivienda de alquiler, sobre todo, para jóvenes», ha dicho Ricardo Martí-Fluxá.
Por otro lado, la ley abre la posibilidad de declarar zonas tensionadas en base a información estadística recopilada sobre bases no homogéneas, pudiendo ser interpretada y aplicada de forma desigual en diferentes autonomías. En la actualidad, no existe un registro unificado, testado y homogéneo de superficies netas y brutas con elementos comunes sobre los que aplicar esta norma. Además, al no tener en cuenta la calidad y la calificación energética de las viviendas, los errores derivados de esas estadísticas se aumentarían, según la ACI.
El problema de acceso a la vivienda en España es una realidad y la necesidad de un «profundo debate y reflexión» para atacarlo desde el origen es «innegable». En este sentido, la ACI está abierta al diálogo y aboga por implantar avales y garantías públicas para la adquisición de vivienda, mayores bonificaciones en el IRPF para los arrendadores, una mayor flexibilización de los usos del suelo para potenciar el urbanizable, la necesaria colaboración-público privada y la agilización de trámites urbanísticos.
