El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con ERC y EH Bildu para introducir en la nueva Ley de Vivienda un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en el año 2024, mientras en 2025 se creará un índice «más estable e inferior a la evolución del IPC«.
Oskar Matute, diputado de Bildu, ha dicho que se trata de un acuerdo «importante, de enorme trascendencia en lo social y político», que, además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización de la renta, incorpora nuevas medidas de protección frente a los desahucios.
Para ERC y EH Bildu, el IPC «ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler».
Para evitar «estos aumentos descontrolados», en 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice.
Por otra parte, el acuerdo incorpora cambios en la definición de «gran tenedor», de modo que las autonomías podrán rebajar esta condición de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que se incluirán en la nueva Ley de Vivienda.
Así, los propietarios que tengan cinco o más inmuebles en una zona tensionada, se considerarán «grandes tenedores» y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, con lo que se pretende evitar la especulación.
Desahucios
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha/hora predeterminada, una «demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos», según ERC y Bildu.
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.
Protección a los inquilinos
Por otro lado, el acuerdo contempla medidas de protección a los inquilinos. Así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el arrendamiento de un inmueble correrán a cargo del propietario.
Asimismo, se prohíbe incrementar la renta de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligaría a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordados previamente.
