El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinará 45 millones de euros a impulsar alojamientos asequibles dirigidos a la comunidad universitaria, una medida con la que el Gobierno pretende ampliar la oferta residencial disponible para estudiantes y para el personal docente e investigador. La iniciativa busca también facilitar la movilidad académica y reducir la presión que soportan los mercados del alquiler en las ciudades con una importante presencia universitaria. La financiación se concederá de forma directa a siete entidades que cuentan con proyectos concretos y con viabilidad para comenzar a desarrollarse a corto plazo. En una primera fase, las actuaciones planteadas permitirán crear 1.525 alojamientos universitarios, según la información facilitada por el Ministerio.
La medida fue uno de los asuntos abordados este lunes por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea. Ambos mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio para analizar el trabajo desarrollado en torno a la vivienda universitaria. El encuentro coincidió con la activación del trámite de audiencia pública del Real Decreto que regulará las subvenciones destinadas a las entidades seleccionadas. Este paso llega después de más de un año de conversaciones y trabajos previos para concretar los proyectos que pueden recibir la financiación.
Siete entidades y proyectos repartidos por seis comunidades autónomas
La cartera de actuaciones presenta una amplia distribución territorial y contempla proyectos en Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. La mayor parte de las iniciativas se desarrollará sobre suelos públicos o universitarios que ya están disponibles y cuentan con una situación urbanística consolidada.
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) será la entidad que reciba la mayor cantidad, con 13.365.000 euros. Esta cifra representa casi un tercio del presupuesto total previsto por el Ministerio para esta primera fase. La Universidad de Castilla-La Mancha, para una actuación en Albacete, contará con 8.197.200 euros, mientras que la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, recibirá 6.504.300 euros. Por su parte, la Universidad de Burgos dispondrá de 5.940.000 euros para su proyecto. La distribución se completa con 4.455.000 euros para la Universitat Jaume I de Castelló, 3.564.000 euros para la Universidad de Jaén y 2.974.500 euros destinados al Ayuntamiento de Lleida. En conjunto, estas siete partidas suman los 45 millones de euros previstos por el Ministerio.
Las promociones que se construyan con estas ayudas tendrán que conservar su finalidad pública y ofrecer unas condiciones de precio asequible. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana será el encargado de establecer esos precios máximos mediante las correspondientes resoluciones o convenios, documentos en los que también se definirán las actuaciones concretas y sus plazos de ejecución. Además, el precio máximo de los alojamientos deberá incluir determinados servicios, entre ellos la electricidad, el agua y la conexión wifi. De esta forma, las condiciones económicas de las plazas financiadas quedarán vinculadas a los criterios que establezca el Ministerio.
Una estrategia vinculada al Plan Estatal de Vivienda
La financiación forma parte de una estrategia más amplia para favorecer el acceso a una vivienda universitaria en alquiler a precios asequibles. Las ayudas directas tienen su origen en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana; Ciencia, Innovación y Universidades; y Economía, Comercio y Empresa. Aquel acuerdo tenía como finalidad promover alojamientos universitarios destinados al alquiler asequible. Ahora, esta línea de actuación encuentra también encaje en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla entre sus objetivos favorecer la emancipación de los jóvenes y aumentar la oferta de alojamientos asequibles.
Para conseguirlo, el plan apuesta por movilizar suelo público o institucional y fomentar la colaboración entre las administraciones públicas y el sector privado. En el caso de la vivienda universitaria, esta estrategia pretende responder a varias necesidades relacionadas entre sí: facilitar el acceso a un alojamiento, favorecer la igualdad de oportunidades en la educación superior y facilitar que estudiantes y profesionales puedan desplazarse para desarrollar su actividad académica.
