La Unió de Propietaris de Catalunya (Som Habitatge) ha calificado la ley catalana 11/2025 sobre el alquiler de temporada y habitaciones como «inconstitucional». La presidenta de la entidad, Núria Garrido, presentó dos informes que advierten de los problemas legales de la normativa, elaborados por los catedráticos Sergio Nasarre y Joan Manuel Trayter. En el acto también participaron Anna Puigdevall, directora general de Som Habitatge, y ambos expertos.
«Nosotros queremos ser la solución y participar en un mercado equilibrado justo para las dos partes, y a la vez también hemos pensado que con la nueva normativa debería estudiarse correctamente el rigor técnico de la misma», explicó Garrido durante la presentación. La organización pone ahora estos documentos a disposición de partidos políticos, el Govern y asociaciones interesadas para que puedan actuar conforme a sus competencias.
Críticas desde el derecho civil
El primer informe destaca problemas de «inconstitucionalidad graves» desde el punto de vista del derecho civil. Según Nasarre, la ley equipara los alquileres temporales y de habitaciones con las residencias habituales, que cuentan con protección legal y se definen por su estabilidad y dignidad. «Si todos los organismos internacionales y la naturaleza humana dicen que la vivienda debe dar dignidad y estabilidad a la persona, que una ley establezca que los alquileres de temporada y habitacionales son como los de vivienda, es incorrecto por definición», argumentó el catedrático.
Además, la normativa modifica aspectos esenciales de los contratos, como el objeto, la causa, el precio y la forma, exigiendo que los contratos se hagan por escrito y alterando el mercado de la vivienda y la propiedad privada. Nasarre recordó que hace diez años el alquiler temporal era anecdótico, pero que una serie de leyes tanto españolas como catalanas han desplazado progresivamente a la población del mercado residencial al temporal.
Problemas administrativos y técnicos
El segundo informe analiza los aspectos técnicos de la ley desde el derecho administrativo. Trayter señaló que la normativa prevé la creación de un cuerpo de unos cien inspectores, pero no define la capacidad técnica requerida, los poderes exactos ni las medidas cautelares que podrán aplicar. Además, apuntó que la ley se ha articulado sobre normas urbanísticas en lugar de civiles, generando tensiones en espacios comunitarios y otros equipamientos.
Por su parte, Puigdevall reclamó «rigurosidad» al elaborar leyes de vivienda y advirtió que la normativa actual está perjudicando a los propietarios. La directora general de Som Habitatge recordó que ya han mantenido reuniones con el Partido Popular, que ha mostrado su intención de recurrir la legislación.
Efectos del tope de alquiler
La directora también criticó el tope de precios del alquiler, vigente desde hace dos años, que ha reducido la oferta y la calidad de los inmuebles en alquiler. «Poner una media significa que todos los que están por debajo automáticamente subirán hasta la media, y los que están por encima, que son de mejor calidad, han salido del mercado y se han ido a la compraventa, porque nadie va a alquilar perdiendo dinero», explicó Puigdevall.
Finalmente, Som Habitatge insistió en la necesidad de legislar a favor de un mercado de vivienda equilibrado, en lugar de crear leyes que perjudiquen a propietarios e inversores. La entidad pretende que los informes sirvan de guía para que se estudien cambios legales que respeten tanto los derechos de quienes poseen inmuebles como las necesidades de los arrendatarios.
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