La ciudad de Madrid se convirtió este domingo en el epicentro de una de las mayores movilizaciones recientes por el derecho a la vivienda. Más de 100.000 personas según los organizadores —23.000 según la Delegación del Gobierno— recorrieron el centro de la capital para exigir una vivienda digna y denunciar la escalada de precios del alquiler. La marcha, encabezada por una pancarta con el lema «La vivienda nos cuesta la vida», partió a las 12:30 horas desde el paseo del Prado y concluyó alrededor de las dos de la tarde en la calle Sevilla. Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas contra la especulación y la precariedad habitacional, en un ambiente de protesta constante.
La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, marcó lo que sus organizadores consideran «un punto de inflexión» en la lucha por el acceso a la vivienda. El objetivo, según explicaron, es abrir un nuevo ciclo de movilizaciones que se extenderá por más de 30 ciudades y culminará a finales de junio. Antes de iniciar la marcha, la portavoz del sindicato, Alicia del Río, defendió la «desobediencia inquilina» como herramienta central de protesta. «La desobediencia es el único camino», afirmó, al tiempo que criticó lo que definió como la «dictadura del rentismo».
Del Río añadió que no aceptarán «ni los precios ni los contratos» actuales del mercado del alquiler. También apeló a la unidad sindical para impulsar una huelga general: «Se desobedecen las leyes injustas para conquistar derechos colectivos». Durante el recorrido, los cánticos se sucedieron sin pausa. Entre ellos destacaron mensajes como «Rentistas culpables, Gobierno responsable», «Ni casa sin gente, ni gente sin casa» o «Madrid será la tumba del rentismo». En algunos tramos, los manifestantes hicieron sonar sus llaves como símbolo de protesta mientras repetían «No nos vamos, nos quedamos».
Sindicatos y partidos piden acción a las administraciones
Entre los asistentes se encontraban representantes sindicales y políticos de distintos ámbitos. Participaron el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el líder de UGT, Pepe Álvarez, junto a sus homólogas en Madrid. Ambos dirigentes sindicales reclamaron a las comunidades autónomas un mayor compromiso para facilitar el acceso a la vivienda. Sordo criticó que algunas administraciones «se están poniendo de perfil», mientras Álvarez denunció la «falta absoluta de colaboración» institucional ante lo que definió como un «problema social endémico». En la misma línea, Álvarez advirtió de la necesidad de construir alrededor de dos millones de viviendas en la próxima década para aliviar la presión del mercado. Además, pidió reducir de forma urgente los precios de acceso a la vivienda.
Desde el ámbito político, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, aseguró que el mensaje de la protesta debe ser escuchado por las instituciones locales y autonómicas. «Están robando Madrid», afirmó, en referencia al impacto de la especulación inmobiliaria. Maroto defendió el derecho a «vivir y no sobrevivir» en la ciudad y contrapuso dos modelos: el del Partido Popular, que considera la vivienda un negocio, y el del PSOE, que apuesta por blindar la vivienda pública y limitar los pisos turísticos. También participaron la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, en una movilización que reunió a representantes de distintas sensibilidades políticas.
La protesta concluyó en la calle Sevilla con un llamamiento explícito a escalar el conflicto. Portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid plantearon avanzar hacia «una huelga general por la vivienda que paralice el país» y que, según afirmaron, permita poner fin al negocio especulativo del alquiler.
Con un clima de creciente tensión entre inquilinos, administraciones y mercado inmobiliario, la vivienda se consolida como uno de los principales conflictos sociales del momento. Las próximas semanas estarán marcadas por nuevas convocatorias en distintas ciudades, en un movimiento que promete seguir ampliando su alcance.
