El sábado, las calles del centro de Valencia fueron escenario de una manifestación que reivindicó el derecho a la vivienda y pidió un plan de choque para afrontar la crisis habitacional. La protesta se desarrolló de manera pacífica y estuvo convocada por las plataformas Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, con la adhesión de la federación de asociaciones vecinales de la ciudad. Bajo el lema «Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!», los participantes portaron pancartas que denunciaban la especulación y la precariedad en el acceso a los hogares.
Entre los mensajes visibles se leían frases como «Acabemos con el negocio de la vivienda», «Vivienda universal, gratuita y de calidad» y «Airbnb = vecinas sin casa», todas escritas en valenciano. Los convocantes responsabilizaron a todos los niveles de gobierno por la situación que, según señalan, impide que muchas familias accedan a un hogar digno. Exigieron la implementación de medidas concretas, necesarias y consensuadas con movimientos sociales, vecinales y sindicales.
Además, reclamaron la prórroga y mejora del escudo social que expira el 31 de diciembre, advirtiendo que de no aplicarse podría empezar «la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias» en todo el país. Denunciaron también los precios cada vez más altos de los alquileres, los desahucios, la insuficiencia de viviendas públicas y la transformación de barrios en zonas turísticas. Según las plataformas, el problema afecta por igual a familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no pueden emanciparse y personas mayores desplazadas de sus barrios históricos.
Administraciones frente a la crisis de la vivienda
Desde la Generalitat Valenciana, el Gobierno autonómico ha defendido que trabaja para ofrecer soluciones con políticas integrales y ha señalado que el problema radica principalmente en la falta de oferta. Según la administración, han dado pasos para mejorar el acceso a la vivienda mediante la activación de suelo, la puesta en el mercado de inmuebles, rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y avales para jóvenes. Además, han ampliado el parque público de vivienda en alquiler social en un 10%, entregando más de 1.043 viviendas y rehabilitando casi 600 con una inversión de 8,7 millones de euros.
El Ejecutivo autonómico también ha destacado que ha mejorado las ayudas para alquiler y compra, otorgando más de 1.600 avales a jóvenes con un total de 14,5 millones de euros. Otro de sus objetivos es reforzar la seguridad frente a la ocupación ilegal mediante un plan integral basado en prevención, intervención inmediata y protección de las víctimas. Según la Generalitat, estas medidas buscan garantizar que las viviendas estén disponibles para quienes más las necesitan, intentando contrarrestar años de sequía en la construcción de vivienda asequible.
La manifestación del sábado evidenció el descontento ciudadano frente a la especulación inmobiliaria y la urgencia de medidas concretas. Mientras los convocantes piden acciones inmediatas, las administraciones insisten en que se trabaja para ofrecer soluciones, aunque los movimientos sociales advierten que los plazos actuales podrían ser insuficientes para frenar la crisis.
