El Gobierno vasco se encuentra en la fase final de diseño de un nuevo instrumento financiero que pretende reforzar de forma significativa la construcción de vivienda protegida en Euskadi. Se trata del Fondo Social de Vivienda, una iniciativa que el Ejecutivo prevé presentar antes del verano y que marca uno de los hitos de la legislatura. Con este mecanismo, se aspira a impulsar alrededor de 10.000 viviendas de protección oficial en el medio y largo plazo, como recogen varios medios.
El proyecto se concibe como una herramienta de colaboración entre el sector público y el privado, con el objetivo de movilizar una inversión global cercana a los 2.000 millones de euros. La idea es que este fondo permita ampliar de forma notable la capacidad actual de inversión en vivienda. El Gobierno vasco insiste en que no se trata de una medida puntual, sino de una estructura pensada para consolidarse con el tiempo.
La iniciativa busca dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales en Euskadi, el acceso a la vivienda, especialmente en las capitales y sus áreas metropolitanas. En estos entornos se concentra gran parte de la demanda de pisos asequibles, lo que ha llevado al Ejecutivo a plantear nuevas fórmulas de financiación. El objetivo es acelerar la promoción de vivienda protegida sin depender exclusivamente de los presupuestos públicos.
Los trabajos preparatorios para su creación comenzaron el año pasado mediante mesas técnicas en las que se han analizado aspectos como la gobernanza, el modelo financiero, la disponibilidad de suelo o la gestión de promociones. Estas reuniones han servido para perfilar un sistema que permita a las instituciones públicas tener mayor capacidad de intervención en grandes proyectos residenciales.
Un instrumento público-privado para multiplicar la vivienda protegida
El Fondo Social de Vivienda se plantea como un vehículo de inversión mixto en el que participarán administraciones públicas y entidades privadas. El Gobierno vasco tendrá un papel relevante, con una participación inicial que podría situarse en torno al 30%, mientras que el resto correspondería a inversores privados. Esta estructura busca garantizar estabilidad y capacidad de financiación a largo plazo.
El Ejecutivo considera que la colaboración con agentes privados es imprescindible para alcanzar los objetivos marcados. Por ello, se pretende atraer a entidades con interés en inversiones estables y con rentabilidad moderada, pero sostenida en el tiempo. Entre los posibles socios ya se han mantenido contactos preliminares con organismos como el ICO o el Banco Europeo de Inversiones, además de entidades financieras y fundaciones vascas.
La previsión es que el fondo pueda apalancar hasta 2.000 millones de euros destinados a la construcción de unas 10.000 viviendas protegidas cuando esté plenamente operativo. Este volumen permitiría dar un salto de escala en comparación con las capacidades actuales del presupuesto público. El Gobierno vasco lo define como una herramienta clave para reforzar su política de vivienda.
Financiación, socios y horizonte a medio plazo
El lehendakari Imanol Pradales ha defendido la necesidad de apostar por instrumentos de este tipo ante la imposibilidad de responder únicamente con recursos públicos a la demanda existente. En sus intervenciones ha insistido en que el momento actual es de planificación, con resultados visibles en el medio plazo. Se espera que los efectos más claros comiencen a apreciarse dentro de dos a cuatro años.
El propio Ejecutivo reconoce que los resultados no serán inmediatos, pero considera que el fondo es una inversión estratégica de futuro. Pprevé presentar oficialmente el fondo antes del verano. A partir de ese momento se abrirá la ronda formal de contactos con posibles socios financieros. Con ello, Euskadi aspira a consolidar un nuevo modelo de promoción de vivienda protegida que permita responder a la creciente demanda social en el conjunto del territorio.
