El Gobierno ha calculado en algo más de 1.600 millones de euros el coste que tendría para las arcas públicas la aplicación de los dos decretos ley de vivienda que serán sometidos a votación este viernes en el Congreso. La estimación aparece recogida en las memorias económicas que acompañan a los textos, según la documentación recogida por Europa Press.
El impacto económico se concentra en el decreto que incorpora medidas fiscales, protección frente a desahucios y la prohibición de determinadas compras de vivienda por parte de fondos buitre. En cambio, el segundo decreto, que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, no lleva asociado un gasto público concreto porque no modifica tributos ni crea nuevos órganos o partidas presupuestarias. La memoria económica de este último decreto señala además que los informes de vulnerabilidad que deben elaborar los servicios sociales autonómicos o municipales ya forman parte de sus funciones actuales. Por ello, el Ejecutivo considera que esta medida no supone una ampliación de las tareas existentes.
El texto también establece que los propietarios deberán abonar una indemnización equivalente a doce meses de alquiler a los inquilinos cuando decidan romper el contrato en los supuestos contemplados. En cuanto al posible coste que pueda derivarse de que las administraciones públicas actúen como arrendadoras, el Gobierno indica que no resulta cuantificable.
Las deducciones fiscales concentran buena parte del coste
El mayor impacto presupuestario procede de las modificaciones fiscales incluidas en el otro decreto ley, diseñado para actuar sobre el mercado del alquiler y tratar de aliviar la situación de los precios. Entre las principales medidas figura una deducción del 10% en el IRPF para determinados inquilinos que alquilen su vivienda habitual. Esta deducción podrá aplicarse a contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros y, según los cálculos de Hacienda, alcanzará a unas 945.000 personas. El coste estimado para las arcas públicas asciende a 835 millones de euros.
Otra de las medidas mantiene el tipo del 1,1% en el IRPF aplicado a las viviendas vacías. Esta modificación afectaría a unos 2,36 millones de declaraciones de la renta y supondría una reducción de la recaudación de aproximadamente 154 millones de euros. El decreto contempla también recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías. Hacienda no concreta su impacto económico porque se trata de un impuesto gestionado dentro de los presupuestos de las entidades locales y cuya aplicación depende, además, de que el inmueble se encuentre en una zona tensionada declarada oficialmente.
Los propietarios que alquilen sus viviendas a un precio reducido podrán acceder asimismo a diferentes reducciones en el IRPF. Las bonificaciones pueden llegar al 100% del impuesto cuando, al formalizar un nuevo contrato, se reduzca el precio del alquiler un 5%, aunque el Gobierno no ofrece una cifra concreta sobre el coste de esta medida porque dependerá de cómo se distribuyan finalmente los contratos entre los distintos supuestos previstos.
A ello se suman 370 millones de euros de coste estimado por la deducción del 60% en el IRPF vinculada a la rehabilitación energética y a determinados contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023.
Otras medidas fiscales y cambios en el IVA
El paquete incluye también una exención de IRPF para las ayudas destinadas a la rehabilitación contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Esta medida beneficiaría a 11.915 contribuyentes y tendría un coste estimado de 6,8 millones de euros.
Por otra parte, la exención de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de una vivienda desocupada a entidades públicas supondría, según la Agencia Tributaria, un coste de 93,9 millones de euros. Esta cifra podría variar en función del número de operaciones que finalmente se acojan a la medida, del valor de las viviendas transmitidas y de las entidades públicas que determine el Ministerio de Vivienda. Las modificaciones relacionadas con el rendimiento por parentesco y la imputación de renta tienen un impacto calculado en unos 380 millones de euros. En conjunto, estas medidas explican una parte sustancial del coste fiscal previsto por el Ejecutivo.
El decreto incorpora además cambios en el IVA relacionados con los pisos turísticos. La aplicación de un tipo del 10% a estas viviendas supondría un aumento de los ingresos públicos de unos 170 millones de euros al año, aunque para el mes de diciembre, cuando entraría en vigor si el texto fuese convalidado, la recaudación adicional se calcula en 14 millones.
Frente a este aumento de ingresos, otras modificaciones del IVA sí tendrían un coste para las arcas públicas. La aplicación de un tipo reducido a las obras de renovación y reparación realizadas en viviendas destinadas al alquiler supondría 103,5 millones de euros al año, mientras que reducir al 4% el IVA de las viviendas protegidas tendría un coste estimado de 121,2 millones.
El decreto también modifica la tributación de las socimi y eleva del 15% al 25% el gravamen sobre sus beneficios. Hacienda calcula que esta medida permitirá recaudar 1,2 millones de euros adicionales, aunque las deducciones fiscales aplicables a estas sociedades alcanzan unos 3 millones.
