
Un total de 304 municipios en España están ya reconocidos como zonas de mercado tensionado. Entre ellos figuran localidades de Cataluña, País Vasco, Navarra o Galicia. También están pendientes de aprobación otras 16 áreas correspondientes a seis municipios de Asturias.
Así lo explicó este martes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas. Lo hizo durante su intervención en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados. Allí insistió en que los primeros resultados del mecanismo apuntan a una evolución favorable e indicó que las medidas aplicadas han permitido un abaratamiento del alquiler registrado del 4,9% en Cataluña. En el caso de Barcelona, el descenso alcanza el 8,9%. El secretario de Estado destacó además que estos cambios ofrecen mayor estabilidad en los contratos y señaló que se está reduciendo la rotación en las viviendas de alquiler.
Diálogo abierto sobre el nuevo Plan Estatal
Lucas se refirió también al desarrollo del nuevo Plan Estatal de Vivienda con horizonte 2030. Aseguró que existe una «buena predisposición» tanto por parte de las comunidades autónomas como del Estado, y expresó su convicción de que el acuerdo llegará porque considera que es posible y necesario.
El secretario de Estado subrayó que la relación con las autonomías es fluida. Recordó que se han celebrado varias conferencias sectoriales y también mencionó numerosas comisiones multilaterales y bilaterales que han permitido avanzar en los distintos aspectos del plan.
Durante la sesión, Lucas respondió a distintas preguntas parlamentarias. Reafirmó que el Gobierno es plenamente consciente de la gravedad del problema de acceso a la vivienda. Señaló que es una cuestión compleja pero no irresoluble, al tiempo que defendió que la colaboración y ciertas herramientas pueden corregir los desajustes existentes. Rechazó además que las medidas impulsadas hasta ahora sean un simple parche, al entender que han servido para poner en marcha «miles» de viviendas gracias al uso de fondos europeos.
En este marco, también habló sobre la nueva empresa pública de vivienda y suelo creada a partir de Sepes. Explicó que no se trata de un elemento «distorsionador» para el mercado. Defendió que su función es cooperar y sumar capacidades para lograr más eficacia en la producción de vivienda.





