El Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se publicó este jueves en el BOE y entra en vigor este viernes. Con un presupuesto de 7.000 millones de euros y tres grandes bloques de actuación, es el primero aprobado al amparo de la Ley de Vivienda de 2023.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda llega respaldado por convenios individuales con cada comunidad autónoma. Si alguna administración autonómica aporta menos del 40% comprometido, la contribución estatal también se reducirá proporcionalmente, lo que convierte el compromiso regional en condición indispensable para movilizar los fondos. El plan incluye medidas tanto para el acceso a la compra de vivienda como para facilitar el alquiler a quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado.
Tres bloques que reparten el presupuesto al 40-30-30
Los cinco principios que guían el plan
- 1Más vivienda pública, protegida y asequible.
- 2Mejor vivienda: eficiencia energética y accesibilidad.
- 3Facilitar el adelanto de la edad de emancipación.
- 4Reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la vivienda.
- 5Contribuir a la reversión de las zonas de mercado residencial tensionado.
1. Más oferta de vivienda pública y reversión de zonas tensionadas
El 40% de la dotación económica total se destina a incrementar la oferta de vivienda pública, protegida y asequible, orientada principalmente al alquiler. El Gobierno exige que todas las viviendas adquiridas o promovidas con fondos del plan mantengan ese régimen de protección durante toda su vida útil. Cuando la promoción se realice en zonas de mercado residencial tensionado o se empleen técnicas de edificación industrializada avanzada, el porcentaje de ayuda será mayor.
Parque público: alquiler a 50 años y precio limitado desde el primer año
Las viviendas del parque público deberán destinarse al alquiler durante un plazo mínimo de 50 años y el precio estará limitado desde el primer año, siendo proporcional a la superficie útil. El plan financia la adquisición de viviendas por administraciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, la promoción sobre suelo público y la colaboración público-privada para alquiler social o asequible, así como la gestión de viviendas cedidas a la administración.
En las viviendas adquiridas o promovidas en suelo público, el precio del alquiler mensual máximo será de 8 euros por m² útil (más 4,8 euros por m² de garaje y trastero) durante el primer año, con actualización posterior según el índice de precios de alquiler. El techo de ingresos para los arrendatarios se fija en 5 veces el IPREM (42.000 euros), con incrementos para personas con discapacidad y familias numerosas especiales.
Vivienda protegida permanente sobre suelo privado
El plan también financia la promoción de vivienda protegida sobre suelo privado para alquiler o compraventa. La protección es permanente: aunque las viviendas de alquiler puedan pasar a la venta una vez terminado el periodo de arrendamiento, siempre mantendrán el régimen de protección y la consiguiente limitación de precio.
Cooperativas, alojamientos intergeneracionales y construcción industrializada
El plan reconoce el modelo cooperativo de cesión en uso como solución colectiva consolidada. Solo en 2024 se promovieron 11.249 viviendas cooperativas en régimen de propiedad, y las cooperativas en cesión en uso han multiplicado por veinte su presencia desde 2020, rozando las 2.000 unidades en 2025. Se financian también alojamientos temporales por motivos laborales o formativos y nuevas fórmulas con espacios compartidos. Todos deberán destinarse al arrendamiento durante al menos 20 años con precio limitado desde el primer año y protección permanente.
Por primera vez, el plan incentiva la construcción industrializada de viviendas incrementando las ayudas cuando se empleen estas técnicas, en línea con el PERTE de Vivienda Industrializada, con el objetivo de reducir costes y acelerar la producción de parque nuevo.
Cuantías de las ayudas para ampliar el parque de vivienda social
| Tipología de ayuda | Importe máximo | Condición principal |
|---|---|---|
| Compra de viviendas para alquiler/cesión (AAPP y entidades sin ánimo de lucro) | Hasta el 70% del coste (85% en zonas tensionadas) + 12.000 euros para reformas | Destino al alquiler o cesión mínimo 50 años |
| Promoción sobre suelo público para alquiler/cesión | Hasta 1.000 euros/m², máximo 85 m² y 70% de la inversión | Protección permanente; venta permitida en municipios de hasta 10.000 habitantes |
| Promoción público-privada | Hasta 1.100 euros/m² en zonas tensionadas + 8.000 euros si incorpora domótica para discapacidad severa | Alquiler/cesión 50 años; precio máximo 9 euros/m² útil |
| Vivienda cooperativa, intergeneracional y cesión de uso | Hasta 750 euros/m² útil y máximo 85.000 euros por vivienda | Alquiler mínimo 20 años, protección permanente |
| Desarrollo y urbanización de suelo | 8.000 euros por cada vivienda a construir en ese suelo | Máximo el 2,5% de cada convenio autonómico |
2. Rehabilitación, accesibilidad y regeneración urbana y rural
El segundo bloque absorbe el 30% del presupuesto y actúa tanto en entornos urbanos como rurales. Incorpora ayudas para intervenciones integrales en barrios, rehabilitación de edificios y viviendas, y medidas específicas contra la despoblación rural y el chabolismo, en coherencia con la Estrategia para la Igualdad del Pueblo Gitano 2021-2030 y la Estrategia Nacional contra el Sinhogarismo 2023-2030. La apuesta por la rehabilitación energética se alinea además con las políticas de la Unión Europea, buscando dignificar el parque existente y reducir la factura energética de los hogares.
Regeneración y renovación urbana y rural
Esta línea apoya intervenciones integrales en barrios y entornos que necesitan una mejora profunda: rehabilitar viviendas, sustituir las que no puedan recuperarse, arreglar calles y espacios públicos y acompañar a las familias que deban realojarse. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos delimitan las áreas de actuación y acuerdan con el Ministerio de Vivienda un programa con diagnóstico, calendario, presupuesto y medidas sociales.
Pueden ser beneficiarias las administraciones, entidades sociales y comunidades de propietarios que asuman la gestión del área. Se financian obras en edificios y viviendas, nuevas promociones cuando la rehabilitación no sea viable, mejoras del entorno, realojos y, si hace falta, la compra de viviendas para dar solución estable a los hogares afectados.
Rehabilitación integral de edificios
Financia obras en edificios construidos antes de 2006 y viviendas unifamiliares para ponerlos al día en seguridad, accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética, con especial atención a la reducción de la demanda de energía y criterios de circularidad. Pueden solicitarla propietarios particulares o públicos, comunidades o agrupaciones de vecinos, cooperativas y, si el contrato lo permite, empresas arrendatarias o concesionarias.
Se exige un proyecto o memoria técnica, el libro del edificio actualizado y se garantiza la retirada segura de materiales nocivos si los hubiera. La ayuda prioriza actuaciones completas y coordinadas en el edificio y puede complementarse con apoyos a los costes de gestión, proyectos y otros trámites.
Rehabilitación dentro de las viviendas
Pensada para intervenciones en viviendas dentro de edificios plurifamiliares, favorece la accesibilidad y las mejoras que reduzcan el consumo energético y mejoren el confort. Pueden solicitarla propietarios, usufructuarios y, si el contrato lo autoriza, arrendatarios o cesionarios, siempre que la vivienda sea residencia habitual. La ayuda cubre obras, proyectos y gastos asociados, con refuerzo específico cuando existan situaciones de vulnerabilidad económica.
Viviendas vacías destinadas al alquiler social
El plan ofrece ayudas para poner al día viviendas vacías y destinarlas al alquiler social o asequible durante varios años con precios limitados. Esta medida busca movilizar un stock existente sin necesidad de nueva construcción, combinando la rehabilitación con la ampliación efectiva de la oferta asequible.
Las viviendas vacías que hubieran estado desocupadas en los dos años anteriores y se destinen a alquiler social durante al menos cinco años recibirán una ayuda de hasta 30.000 euros (o 35.000 euros en municipios pequeños), frente a los importes ordinarios de rehabilitación.
Protección patrimonial: un apoyo específico para el patrimonio histórico
El plan añade una ayuda adicional cuando las viviendas estén en edificios catalogados o con protección patrimonial, compatible con las ayudas de rehabilitación de edificio o de vivienda. Reconoce así los costes añadidos de intervenir en inmuebles de valor histórico o arquitectónico, manteniendo su carácter y facilitando su conservación y uso residencial.
Cuantías de las ayudas a la rehabilitación
| Tipo de actuación | Beneficiarios | Importe orientativo |
|---|---|---|
| Rehabilitación integral de edificios (anteriores a 2006) | Propietarios, comunidades de vecinos, administraciones | Hasta 8.000 euros/vivienda (seguridad), 22.000 euros (accesibilidad) |
| Rehabilitación de viviendas en edificios plurifamiliares (anteriores a 2006) | Propietarios, usufructuarios, arrendatarios | Hasta 18.000 euros (accesibilidad), 7.500 euros (habitabilidad) |
| Viviendas vacías destinadas a alquiler social (mínimo 5 años) | Propietarios | Hasta 30.000 euros (35.000 euros en municipios pequeños) |
| Viviendas con protección patrimonial | Propietarios | Ayudas anteriores + hasta 30.000 euros adicionales |
3. Acceso a la vivienda, emancipación y reducción del esfuerzo económico
El tercer bloque concentra el 30% restante en ayudas directas a personas con mayor dificultad de acceso, con especial atención a los jóvenes, las víctimas de violencia de género y los colectivos más vulnerables.
Ayudas para la emancipación de las personas jóvenes
Este apartado agrupa cuatro tipos de ayudas: al alquiler, a la compra en municipios de hasta 10.000 habitantes, al alquiler con opción o derecho a compra de viviendas protegidas y para la cobertura en caso de impagos del alquiler.
Las ayudas al alquiler para personas jóvenes tienen un plazo de hasta cuatro años y buscan facilitar su emancipación. Las ayudas a la compra de vivienda se dirigen a jóvenes en municipios o núcleos de población de 10.000 habitantes o menos, contribuyendo así al reto demográfico.
El plan impulsa también el acceso a la propiedad de vivienda protegida con protección permanente mediante contratos de alquiler con opción a compra, con la condición de que todas las rentas pagadas se descuenten íntegramente del precio final y se respeten los topes establecidos. La opción de compra podrá ejercerse entre el primero y el tercer año desde el inicio del contrato.
Por último, con el objeto de estimular a los propietarios el alquiler a jóvenes, se establece la cobertura del impago de la renta arrendaticia en contratos de alquiler a jóvenes, así como para cubrir los posibles daños causados en la vivienda o el coste de los suministros impagados asumidos por la arrendadora.
Hasta 300 euros mensuales para alquiler de vivienda completa y hasta 200 euros para habitación, sin superar el 60% de la renta. El alquiler máximo financiable es de 1.000 euros (vivienda) o 600 euros (habitación), con reducciones a 500 y 250 euros respectivamente en municipios de hasta 10.000 habitantes. El plazo máximo de la ayuda es de cuatro años.
Ayuda a víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables
Esta ayuda garantiza una solución habitacional inmediata y adecuada para víctimas de violencia de género, de violencia sexual o de trata y explotación de seres humanos, familias monoparentales o monomarentales, personas desahuciadas, personas en situación de chabolismo, infravivienda y emergencia habitacional y personas sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.
Puede consistir en una vivienda, alojamiento o habitación en alquiler o cesión de uso, con topes de renta que podrán ampliarse en casos urgentes. La ayuda cubre hasta el 100% del alquiler y puede añadir un apoyo mensual para gastos de comunidad, suministros e internet. Se puede conceder hasta cinco años, con seguimiento social, y con posibilidad de abonarse directamente a la persona propietaria o gestora de la vivienda.
Ayuda general al alquiler de vivienda
Dirigida a personas y familias con bajos ingresos para acceder o reducir el esfuerzo financiero en el alquiler o cesión de uso de una vivienda o habitación. Debe destinarse a residencia habitual, con límites de renta e ingresos que se amplían en casos de discapacidad, familias numerosas o víctimas de terrorismo. No es acumulable con otras ayudas al alquiler salvo excepciones sociales.
La cuantía cubre un porcentaje de la renta con mínimos y máximos mensuales, durante entre dos y cinco años, y puede abonarse directamente al arrendador. El importe base es de 250 euros mensuales para vivienda completa y 150 euros para habitación, cantidades que pueden aumentar hasta el 40% de la renta en función de las cargas familiares o la existencia de discapacidad superior al 33%. El umbral de ingresos se fija en 5 veces el IPREM (42.000 euros), con incrementos para personas con discapacidad y familias numerosas especiales.
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