La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera positivo que el Gobierno haya aprobado nuevas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, aunque advierte de que el problema sigue teniendo un carácter estructural. A su juicio, la escasez de oferta residencial, especialmente en las grandes ciudades, y el reducido parque público de alquiler continúan siendo los principales obstáculos para facilitar el acceso a un hogar.
El Real Decreto-ley 26/2026, que entró en vigor el 1 de octubre, introduce diferentes cambios en el mercado de la vivienda. Entre ellos figuran nuevas reglas para el alquiler, incentivos fiscales, medidas para impulsar la vivienda asequible y mecanismos destinados a facilitar el acceso a la primera vivienda. La OCU valora especialmente algunas de estas actuaciones, como el impulso al parque público de alquiler y las medidas destinadas a movilizar viviendas vacías mediante incentivos. También considera positivos el refuerzo de la protección de los consumidores y los mecanismos dirigidos a evitar usos fraudulentos de los contratos de alquiler de temporada.
La organización, sin embargo, considera que ninguna de estas medidas puede solucionar por sí sola el déficit de vivienda existente. Por ello, reclama una estrategia de largo plazo que permita aumentar de forma sostenida la oferta residencial y, al mismo tiempo, reforzar la protección de las personas y familias que tienen más dificultades para acceder a una vivienda.
Preocupación por las nuevas condiciones de los alquileres
La principal preocupación de OCU se encuentra en el Real Decreto-ley 27/2026, aprobado un día después del anterior y centrado, entre otros aspectos, en modificar las condiciones relacionadas con la duración de los contratos de alquiler. La organización reconoce que reforzar la estabilidad residencial de los inquilinos es un objetivo legítimo y socialmente relevante, pero cuestiona tanto la urgencia de la reforma como el hecho de que pueda aplicarse a contratos que ya estaban vigentes.
Según la valoración de OCU, un cambio que dificulte o encarezca para los propietarios la recuperación de una vivienda alquilada podría tener efectos sobre la decisión de mantener esos inmuebles en el mercado. Algunos propietarios podrían optar por vender sus viviendas, retirarlas del mercado del alquiler o establecer condiciones más exigentes para quienes quieran arrendarlas en el futuro. La organización advierte de que ese posible comportamiento tendría una consecuencia relevante: una menor oferta de viviendas disponibles para alquilar. En un mercado que ya presenta problemas de disponibilidad, OCU considera que esta situación podría dificultar todavía más el acceso a una vivienda para las personas que buscan un alquiler.
La advertencia no supone que la organización rechace el objetivo de proporcionar mayor estabilidad a los inquilinos. Su planteamiento pasa por combinar esa protección con medidas que eviten que las nuevas obligaciones puedan terminar reduciendo el número de viviendas disponibles para el alquiler.
Una política de vivienda con medidas a largo plazo
Ante la posibilidad de que el Congreso convalide finalmente una o ambas normas, OCU reclama que las reformas vayan acompañadas de una política de vivienda más amplia y coherente. La organización considera necesario aumentar de manera sostenida el parque público de alquiler asequible y facilitar que viviendas vacías o infrautilizadas puedan incorporarse al mercado. Para ello, propone utilizar incentivos, garantías de cobro y programas de rehabilitación que permitan movilizar esos inmuebles. Al mismo tiempo, reclama una mayor seguridad jurídica para los pequeños propietarios ante situaciones de impago, daños o incumplimientos graves.
OCU también plantea que existan procedimientos ágiles de mediación y resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos. El objetivo de esta propuesta es facilitar la solución de los problemas que puedan surgir durante los contratos sin que las partes tengan que afrontar procesos excesivamente largos. Otra de las peticiones de la organización es que las nuevas medidas sean evaluadas de forma periódica. En concreto, considera necesario analizar cómo afectan a la oferta de alquiler, al número de contratos que se firman y a la duración efectiva de estos acuerdos.
