
Las ciudades generan el 70% de las emisiones globales de CO₂ y, en apenas dos décadas y media, albergarán a casi el 70% de la población mundial. Consumen ya más de dos tercios de los recursos y la energía del planeta, y conviven a diario con lo que hasta hace poco eran escenarios de futuro — olas de calor, inundaciones torrenciales, sequías, incendios —. El reto ya no es solo reducir emisiones: es adaptar el tejido urbano para que la vida en las ciudades siga siendo posible, digna y segura. Las soluciones existen; lo que falta es velocidad, financiación y voluntad política para desplegarlas a la escala que el problema exige.
Fuente: ONU Medio Ambiente (UNEP) · UN-Habitat · Banco Mundial
Fuente: ONU Medio Ambiente · Panel Internacional de Recursos · Greenpeace España
Un punto de inflexión: por qué las ciudades no pueden seguir como están
La urbanización acelerada y el cambio climático son dos fenómenos que se retroalimentan con consecuencias cada vez más tangibles. Las ciudades son, al mismo tiempo, una de las principales causas del problema y el escenario donde sus efectos se sienten con mayor intensidad. Una ola de calor en una ciudad densa, sin arbolado y con suelo sellado de asfalto puede ser letal — y lo está siendo —, mientras que las lluvias torrenciales sobre superficies impermeables generan inundaciones que los sistemas de drenaje del siglo XX no están diseñados para absorber. A esto se suma la sequía, que presiona sobre los recursos hídricos de las áreas metropolitanas, y los incendios forestales, que cada vez llegan con más frecuencia hasta los bordes urbanos.
La demanda urbana de recursos podría aumentar un 125% para 2050, según el Panel Internacional de Recursos de ONU Medio Ambiente. Las decisiones de urbanización y uso del suelo que se tomen en los próximos años determinarán si las inversiones en infraestructura quedan preparadas para el futuro o encierran a las ciudades en un camino insostenible. Para 2040, se espera que se construyan al menos 200 nuevas ciudades en Asia, lo que añade urgencia al reto: las ciudades que se diseñen ahora definirán las emisiones y la vulnerabilidad climática de las próximas generaciones.
Lo que está en juego no es solo el medioambiente sino la economía. Cataluña habría sufrido una pérdida de unos 1.013 millones de euros de valor añadido bruto en 2025 derivada de fenómenos meteorológicos extremos, según estimaciones del informe Dry Roasted NUTS. Sin medidas de adaptación, Cataluña y Barcelona podrían ver reducido su PIB per cápita hasta en un 14% en 2050 por el efecto combinado de calor excesivo, estrés hídrico e inundaciones, según Axa Climate y Fundación Axa. El Ayuntamiento de Barcelona es explícito al respecto: la resiliencia climática no es una inversión ambiental opcional sino una exigencia económica para preservar la competitividad y el bienestar urbano, y el coste de la inacción es muy superior al de la prevención.
Del gris al verde: la transformación física de la ciudad
El cambio más visible — y más urgente — es el de la propia morfología urbana. Las ciudades del siglo XX se construyeron sobre el asfalto, el hormigón y el automóvil. Las ciudades del siglo XXI deben construirse sobre otro modelo: compactas, de uso mixto, verdes y con sistemas de energía descentralizados. Así lo plantea ONU Medio Ambiente, que habla de una «revolución de planificación» que produzca ciudades con vecindarios de uso mixto, techos y paredes verdes, corredores de biodiversidad y redes de energía renovable complementarias.
La transformación física pasa por varias líneas de actuación simultáneas. La primera es la renaturalización: sustituir el suelo sellado por superficies permeables y vegetación, plantar árboles que proporcionen sombra y reduzcan la temperatura, crear corredores verdes que conecten los distintos barrios y permitan la circulación de fauna urbana. En Barcelona, la calle de Cristóbal de Moura sustituyó el asfalto por tierra vegetal, creando una vegetación exuberante e integrando sistemas de depuración de aguas grises para su reutilización. En Bilbao, el plan de resiliencia climática aprobado en 2024 incluye corredores naturales y huertos urbanos como piezas clave del nuevo tejido urbano.
La segunda línea es la gestión del agua. Las lluvias torrenciales exigen infraestructuras capaces de absorber y retener grandes volúmenes de agua en poco tiempo. El parque de La Marjal en Alicante esconde bajo su superficie una obra de ingeniería capaz de acumular el equivalente a 16 piscinas olímpicas de lluvia, un modelo de parque inundable que combina función recreativa con capacidad hidráulica. En San Sebastián, los sistemas de drenaje sostenible urbano funcionan como esponjas que ralentizan el flujo del agua y reducen el riesgo de inundación.
La tercera es la lucha contra la isla de calor, un fenómeno que se produce, según explica Francisco Javier Neila, doctor arquitecto y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), por «la radiación absorbida por las superficies inorgánicas y fundamentalmente oscuras de la ciudad». Los pavimentos urbanos actuales son acumuladores de calor; cambiar los materiales de cubierta de los edificios, revestirlos o pintarlos, y reverdecerlos reduce significativamente la temperatura en el interior de las ciudades. Neila insiste en sustituir «los suelos asfaltados y pavimentados por suelos vegetales o terrosos permeables al agua», una lógica que también aplica a los edificios «incorporando masivamente cubiertas verdes y fachadas vegetales». Una ciudad renaturalizada no solo mejora el bienestar físico y mental de sus habitantes sino que también reduce la temperatura a través de las sombras y los microclimas que genera la vegetación, y mitiga las inundaciones al permitir que el agua se filtre en el suelo en lugar de correr sobre superficies impermeables.
En términos urbanísticos, esto no implica solo multiplicar parques o zonas de sombra, sino integrar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) estratégicamente diseñadas e interconectadas — cubiertas verdes, corredores ecológicos, refugios climáticos urbanos o soluciones azul-verde contra inundaciones. Andrea Nóblega Carriquiry advierte, sin embargo, de que el verdadero reto inmobiliario y urbano radica en garantizar la equidad social en su distribución: si las intervenciones de regeneración sostenible se concentran únicamente en desarrollos prime, se corre el riesgo de generar fenómenos como la «gentrificación verde» (green gentrification), donde el incremento del valor del activo desplaza a la población vulnerable. Para la investigadora de la UOC, el futuro del sector pasa por diseñar activos resilientes al calor y al agua que entiendan la confortabilidad térmica «como un derecho transversal y un factor clave de valor a largo plazo».
Movilidad: el coche ya no puede ser el eje de la ciudad
El transporte es una de las principales fuentes de emisiones urbanas y uno de los campos donde la transformación es más urgente y más resistida. Alemania, Francia, Dinamarca, Noruega y Reino Unido ya han anunciado la prohibición de la venta de nuevos vehículos de diésel y gasolina en las próximas décadas, y Milán irá más allá al prohibir todos los vehículos con combustibles fósiles en su centro histórico para 2029. En Madrid, mientras tanto, se están rediseñando calles para uso exclusivo peatonal y se restringe ya la circulación en 200 hectáreas del centro.
Pero reducir las emisiones del automóvil no basta: hay que construir alternativas reales. Un informe de C40 Cities, el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía, y el New Climate Institute mostró que duplicar la cobertura y la frecuencia de las redes de autobuses podría evitar la muerte prematura de más de un millón de personas al año por contaminación del aire y accidentes de tráfico. Shenzhen (China) fue la primera ciudad del mundo con una flota de autobuses 100% eléctricos — más de 16.000 vehículos —. En Tallin (Estonia), el transporte público gratuito para residentes ha reducido la congestión del centro un 7,5% anual desde 2013.
El urbanismo táctico ha demostrado ser una herramienta eficaz para acelerar la transformación de la movilidad. Durante la pandemia, ciudades como Vitoria-Gasteiz, Logroño o Valladolid transformaron sus calles rápidamente y a bajo coste mediante peatonalizaciones, ampliación de aceras y nuevas vías ciclistas. París planea 650 kilómetros de carriles bici; Lisboa ya ha trazado 161. El modelo de ciudad de 15 minutos — en el que todas las necesidades básicas estén accesibles a pie o en bici — emerge como el paradigma urbano más coherente con los objetivos climáticos, y pasa también por electrificar la flota: «un coche de combustión tiene un rendimiento menor del 30%, convirtiendo el resto del uso del combustible en calor», apunta Neila. Ese mismo principio de planificación integrada se pone a prueba en los grandes eventos internacionales, donde ciudades enteras deben coordinar movilidad, tecnología y sostenibilidad en cuestión de semanas.
Edificios: el reto de la descarbonización del parque construido
Los edificios son responsables de una parte sustancial de las emisiones urbanas, tanto por el consumo energético en calefacción y refrigeración como por los materiales de construcción. La mayoría del parque edificado existente no es eficiente energéticamente, lo que genera un círculo vicioso: más consumo, más emisiones, más factura energética y más pobreza energética. En 2023, 19 ciudades de todo el mundo se comprometieron a construir edificios de carbono cero para 2040 y a que todo su parque alcance ese estándar en 2050, en el marco del Consejo Mundial de Construcción Sostenible y la red C40 Cities.
Carbono cero significa que la cantidad total de energía usada en un año equivale a la cantidad de energía renovable generada en el lugar. Alcanzarlo exige primero reducir la intensidad energética del edificio — aislamiento, ventilación natural, materiales eficientes — y después cubrir la demanda restante con renovables. Los tejados y espacios públicos que podrían utilizarse para generar energía solar siguen en gran medida desaprovechados, algo que distintas ciudades ya intentan corregir: la Ciudad de México ha redactado nuevas regulaciones con medidas de eficiencia energética para edificios nuevos y modernizados, en Salvador (Brasil) los constructores reciben descuentos en impuestos a la propiedad si usan tecnologías sostenibles, y Santiago de Chile invierte en energía solar en tejados de edificios públicos.
Treinta y seis ciudades de todo el mundo se han unido a la iniciativa de Energía de Distrito de ONU Medio Ambiente, que promueve sistemas de tuberías subterráneas para distribuir agua fría o caliente a los edificios, aprovechando el exceso de calor, el frío residual y las fuentes renovables locales para crear sinergias entre calefacción, refrigeración y electricidad. Mejorar el comportamiento térmico del propio edificio —mayor aislamiento, acabados claros o vegetales, protecciones solares— es, según Neila, tan importante como electrificar su consumo, ya que «si se usan equipos de aire acondicionado, el calor que extraen de los edificios vuelca en la ciudad, aumentando aún más su temperatura».
Construcción y vivienda: la revolución normativa que ya está en marcha
El sector de la edificación es responsable del 36% de las emisiones de CO₂ y del 40% del consumo de energía en Europa, según la Unión Europea. El 97% de los edificios existentes son ineficientes energéticamente, y en España ese porcentaje se eleva aún más: entre el 80% y el 90% del parque residencial tiene una calificación energética E o inferior. Transformar este parque no es solo una cuestión ambiental — es el mayor desafío constructivo de las próximas décadas y, al mismo tiempo, una oportunidad económica de primera magnitud para el sector promotor y rehabilitador.
Aline Irion Ramalho, coordinadora técnica del departamento de edificación de Dekra —organización especializada en servicios de inspección, ensayo, certificación, asesoría y formación para garantizar la seguridad y sostenibilidad global de personas, productos y organizaciones—, resume esta relación como «bidireccional»: los edificios generan aproximadamente el 37% de las emisiones globales de CO₂ si se suman el consumo energético diario y la fabricación de materiales, y al mismo tiempo el clima obliga a transformarlos, ya que «las construcciones ya no se pueden diseñar para climas estables», sino para resistir olas de calor, lluvias torrenciales o el efecto de isla de calor urbana.
El marco normativo que define esa transformación ya está escrito. La Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD, 2024/1275) establece un calendario claro: todos los edificios nuevos propiedad de organismos públicos deberán ser de cero emisiones a partir del 1 de enero de 2028; todos los edificios nuevos, a partir del 1 de enero de 2030. Para el parque existente, todos los edificios deberán alcanzar al menos la clase energética E en 2030 y la D en 2033, con el horizonte de neutralidad climática completa en 2050. Los estados miembros de la UE están obligados a transponer esta directiva a su normativa nacional durante 2026. En España, esa transposición conllevará una inversión estimada en más de 39.350 millones de euros hasta 2030 para renovar el parque residencial y terciario.
En España, la transposición se materializa a través de la revisión del Código Técnico de la Edificación (CTE), que introduce cambios estructurales que van mucho más allá de los ajustes técnicos habituales. El nuevo CTE incorpora por primera vez el concepto de carbono de ciclo de vida del edificio: no solo importa cuánta energía consume durante su uso, sino cuántas emisiones genera a lo largo de toda su existencia, desde la extracción de los materiales hasta su demolición. El nuevo documento básico de Sostenibilidad Ambiental (DB-HSA) exigirá declarar el Potencial de Calentamiento Global (medido en kg CO₂eq/m² para un período de 50 años) para edificios nuevos de más de 1.000 m² desde 2028, y para todos los edificios nuevos desde 2030.
| Año | Exigencia | Ámbito |
|---|---|---|
| 2025 | Eliminación de incentivos a calderas de combustibles fósiles | UE |
| 2026 | Transposición EPBD a normativa nacional · Declaración responsable obligatoria en edificios >2.000 m² | España / UE |
| 2028 | Edificios públicos nuevos de cero emisiones · Declaración de PCG obligatoria en edificios >1.000 m² | UE / España |
| 2030 | Todos los edificios nuevos de cero emisiones · Parque existente clase E mínima · Declaración PCG en todos los edificios nuevos | UE |
| 2033 | Parque existente clase D mínima · Rehabilitación del 43% de edificios residenciales menos eficientes | UE |
| 2040 | Eliminación de calderas de gas en edificios · 19 ciudades con edificios carbono cero (compromiso C40) | UE / C40 |
| 2050 | Todos los edificios existentes cero emisiones · Neutralidad climática completa del parque edificado | UE |
Fuente: Directiva Europea EPBD (UE) 2024/1275 · Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Proyecto ARCE 2050) · C40 Cities
La transformación afecta tanto a la obra nueva como al parque existente. En la obra nueva, el edificio deja de concebirse como una suma de requisitos aislados y pasa a entenderse como un sistema completo: la orientación, la compacidad, la cubierta, la envolvente y las instalaciones deben diseñarse de forma coordinada para minimizar simultáneamente la demanda energética, el carbono embebido en los materiales y las emisiones operativas. Las cubiertas deberán estar preparadas para solar fotovoltaico, los aparcamientos dimensionados para la recarga eléctrica y los edificios tendrán que incorporar aparcabicis conforme a los nuevos estándares de movilidad sostenible.
Para el parque existente — donde reside el verdadero reto — la rehabilitación energética se convierte en la palanca principal. La mayoría de los edificios residenciales españoles supera los 40 años de antigüedad y fue construida sin criterios de eficiencia energética. Rehabilitarlos exigirá mejorar la envolvente (aislamiento en fachadas y cubiertas), sustituir sistemas de calefacción y refrigeración basados en combustibles fósiles por bombas de calor o sistemas de energía de distrito, e instalar generación renovable in situ. El impacto sobre el precio de la vivienda será real: las reformas tienen un coste que, en parte, se trasladará al comprador o al arrendatario. Pero los defensores de la transición señalan que los ahorros en factura energética a largo plazo compensan con creces la inversión.
La transición se frena, sobre todo, por barreras económicas y burocráticas. Irion Ramalho apunta que es el promotor quien debe asumir «el sobrecoste inicial de la construcción» por el uso de materiales ecológicos y mano de obra más cualificada, mientras que «es el usuario final quien se beneficia del ahorro en las facturas de energía». A esto se suma «la lentitud burocrática para validar materiales alternativos frente a los sistemas de construcción convencionales», lo que ralentiza la adopción de soluciones más sostenibles.
La innovación tecnológica está acelerando y abaratando esta transformación. La construcción modular e industrializada en taller permite fabricar elementos estructurales con mayor precisión, reduciendo los residuos de obra hasta un 50% respecto a la construcción tradicional y acortando los plazos de ejecución. En España, la industrialización en madera contralaminada (CLT) representaba el 1,5% del mercado en 2024 y proyecta alcanzar el 3% en 2026, con Cataluña liderando con el 34% de los proyectos. Los sensores IoT y los gemelos digitales permiten optimizar el funcionamiento del edificio en tiempo real, ajustando el consumo energético a las condiciones reales de uso. Y los materiales de construcción sostenibles — madera, hormigón de bajas emisiones, materiales reciclados — reducen el carbono embebido desde la fase de construcción.
Mientras la normativa obligatoria avanza, las certificaciones voluntarias ya van un paso por delante. Irion Ramalho señala que el marco actual «está centrado en reducir el consumo energético del edificio durante su vida útil», pero el sector debe «poner el foco en el impacto ambiental de todo su ciclo de vida y en la salud de las personas en su interior». Esa dirección, apunta, ya se refleja en los requisitos que marca la Unión Europea para conceder ayudas al sector, «donde se puntúan positivamente acciones como el diseño circular, la capacidad de desmontaje del edificio y la gestión de residuos». Certificaciones como LEED, Breeam o Passivhaus «priorizan la descarbonización, el ciclo de vida de los materiales y los estándares pasivos y bioclimáticos», mientras que WELL aborda directamente la salud de los ocupantes —calidad del aire interior, iluminación circadiana, confort acústico, biofilia— frente al llamado síndrome del edificio enfermo.
España: proyectos reales, planes insuficientes
En España existen ejemplos concretos e inspiradores de adaptación urbana al cambio climático, pero los expertos coinciden en que el ritmo es demasiado lento y la cobertura demasiado parcial. Barcelona, Vitoria-Gasteiz y Bilbao son las ciudades con planes integrales más avanzados: presupuesto propio, análisis de riesgos ambientales, medidas de refugios climáticos, zonas de sombra, corredores verdes y renaturalización de ríos. Siete ciudades españolas — Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza — se han comprometido a convertirse en Ciudades Climáticamente Neutras e Inteligentes de la UE para 2030, dentro de una red de 100 ciudades europeas.
Barcelona planea realizar en 2027 un simulacro integral ante un episodio extremo de calor, basado en un escenario hipotético de hasta 50 grados centígrados, para evaluar la capacidad de la ciudad para anticipar, gestionar y responder a sus impactos sobre la salud pública y los servicios esenciales. En el parque natural de Cap de Creus (Girona), el paisaje forma un mosaico de viñedos y arboleda que funciona como cortafuegos natural, combinando función ecológica con actividad económica para los viticultores de la zona. En Granada, técnicas de labranza mínima y mantenimiento de cubierta vegetal han reducido el consumo de agua de riego de 7.000 m³/hectárea en las grandes fincas convencionales a tan solo 1.500 m³/hectárea, demostrando que la adaptación agrícola al cambio climático también es posible y rentable.
En cuanto a la actuación de las administraciones públicas, Andrea Nóblega Carriquiry considera que se están dando «pasos valiosos pero aún insuficientes y fragmentados». Proyectos pioneros como los patios escolares transformados en refugios climáticos en Barcelona o París, o los planes de infraestructura verde urbana, demuestran que es posible utilizar criterios socioeconómicos y de vulnerabilidad para priorizar la inversión pública. No obstante, señala, la asignatura pendiente de los gobiernos radica en pasar de intervenciones puntuales o «incrementales» a un modelo de gobernanza distributiva, participativa y multinivel, ya que las regulaciones vigentes suelen centrarse en la eficiencia energética del edificio individual pero carecen de marcos integrados de co-creación y planificación del entorno que involucren activamente al sector privado, a los promotores y a las comunidades locales. Para que las políticas públicas impacten de forma real, concluye, la administración debe incentivar la inversión en SbN a través de licencias, fiscalidad verde y planeamiento urbano, «asegurando que la resiliencia climática no sea un lujo, sino un estándar de desarrollo».
El urbanismo táctico: pequeño, barato y reversible
Frente a la complejidad y el coste de las grandes transformaciones urbanas, el urbanismo táctico ha emergido como una herramienta especialmente valiosa para ciudades con menos recursos o menos capacidad de planificación a largo plazo. La idea es simple: modificaciones pequeñas, baratas y reversibles que permitan experimentar, aprender y ajustar sin comprometer grandes inversiones. Una calle peatonalizada con jardineras y pintura, un carril bici provisional, una plaza con sombras temporales pueden ser el primer paso hacia una transformación permanente.
La planificación urbana tradicional se basaba en proyectar el futuro a partir del pasado. El cambio climático ha roto esa lógica: ya no es posible hacer una proyección estadística fiable de lo que vendrá porque las condiciones son radicalmente nuevas. Lo que se necesita es una planificación basada en escenarios múltiples, flexible y capaz de modificarse en función de cómo evolucionen los acontecimientos. Esto requiere organismos locales con capacidad técnica y presupuesto suficiente para tomar decisiones rápidas — las llamadas «oficinas de adaptación al cambio climático» — que muchos municipios, especialmente los pequeños y medianos, no tienen.
La financiación es el gran cuello de botella. Los grandes municipios pueden asumir parte de la inversión con recursos propios, pero los ayuntamientos de poblaciones medianas y pequeñas — que concentran una parte muy importante de la población española — necesitan apoyo supralocal: diputaciones, comunidades autónomas, fondos europeos. Los fondos Next Generation de la UE han abierto una ventana de oportunidad que España, según los expertos, no está aprovechando con la velocidad y la ambición que el momento exige.
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