Suspenso general en eficiencia energética. Los datos de certificación energética muestran que la mayoría de los edificios existentes se concentran en las calificaciones medias y bajas, especialmente en las letras E, F y G. En la Comunidad de Madrid, estas tres categorías representan cerca del 77% de los certificados registrados.
Un panorama que, según Pérez Castaños, evidencia claramente el «enorme potencial de mejora energética del parque residencial». Especialmente, en edificios construidos antes de la implantación de exigencias térmicas más estrictas.
Aunque la sostenibilidad gana peso, los principales motores a la hora de rehabilitar siguen siendo el ahorro económico, la revalorización de la vivienda, la mejora del confort y el acceso a ayudas y beneficios fiscales.
La preocupación varía en función del segmento inmobiliario. En el sector terciario, compuesto por oficinas, hoteles y activos logísticos, la eficiencia energética está más consolidada porque «existe una mayor presión por parte de inversores, operadores y ocupantes». A nivel particular, en el ámbito residencial, «el interés está creciendo rápidamente, impulsado por las ayudas públicas y el incremento de los costes energéticos, aunque las decisiones suelen ser más complejas al depender de múltiples propietarios y acuerdos comunitarios».
Así es el análisis de los puntos críticos del marco regulatorio, el impacto real en el bolsillo del propietario y las dificultades en la toma de acuerdos comunitarios, según la responsable de la Oficina de Rehabilitación de Aparejadores Madrid.
Con la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) en el horizonte, ¿cómo ha impactado la normativa europea sobre certificación energética en el parque edificado? ¿Detectan un aumento de reformas con el objetivo de mejorar el certificado energético de las viviendas?
La normativa europea ha conseguido que el certificado energético deje de ser un mero trámite para convertirse en una herramienta de diagnóstico y planificación de mejoras. También ha impulsado el interés por la rehabilitación energética al vincularla con ayudas públicas, financiación y objetivos de descarbonización.
Desde la Oficina, observamos un aumento de consultas y actuaciones relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, especialmente desde la puesta en marcha de los programas financiados con fondos Next Generation.
A nivel individual (vivienda), ¿qué tipo de intervenciones son las más habituales para subir de letra, cuánto cuesta de media esta mejora y qué impacto real tiene en la factura de la luz?
Las actuaciones más frecuentes son la sustitución de ventanas, la mejora del aislamiento, la instalación de sistemas de climatización más eficientes como la aerotermia y la incorporación de sistemas de control energético. El impacto depende de cada vivienda, pero estas medidas suelen traducirse en una reducción significativa del consumo energético, una mejora del confort y una revalorización del inmueble. Más que hablar de costes medios, es importante destacar que cada caso requiere un análisis técnico individualizado.
Cuando saltamos a la comunidad de propietarios (edificio), ¿cuáles son las rehabilitaciones estrella (SATE, cubiertas, fotovoltaica), qué coste medio suponen por vecino y cómo están respondiendo las comunidades?
Las actuaciones con mayor impacto son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE), el aislamiento de cubiertas, la renovación de instalaciones térmicas y la implantación de energía fotovoltaica para autoconsumo.
La respuesta de las comunidades está siendo positiva, especialmente cuando las ayudas cubren una parte relevante de la inversión, y a estas ayudas se les suman las deducciones fiscales y la venta de los ahorros energéticos mediante el sistema de certificados de ahorro energético (CAE).
Sin embargo, siguen existiendo barreras asociadas a la financiación, la toma de acuerdos en las comunidades y la complejidad administrativa.
La revisión del Real Decreto reduce la validez de los certificados G a 5 años e impulsa la figura del técnico competente. ¿Cree que este endurecimiento normativo acelerará de forma real las reformas o aumentará la carga burocrática?
La validez de los certificados G a cinco años es un planteamiento que entró en vigor en el 2021, y hasta la fecha no ha supuesto un incremento de reformas. Podría contribuir a una aceleración en un futuro, pero esta obligación todavía carece de un desarrollo reglado. Obligar a revisar antes los inmuebles con peor comportamiento energético aumenta la visibilidad de sus deficiencias y favorece que se planteen mejoras. No obstante, el verdadero efecto dependerá de que los propietarios dispongan de información clara, asesoramiento técnico y acceso sencillo a ayudas.
El refuerzo de la figura del técnico competente, basado en la formación y no en la titulación, garantiza que el técnico es conocedor del proceso energético en el que se sumergen sus clientes. Quiero aclarar que los arquitectos técnicos somos técnicos competentes sin necesidad de hacer formación adicional como la modificación del RD 390/2021 exige a otras titulaciones.
¿Hasta qué punto se está exprimiendo la oportunidad de las ayudas públicas y deducciones fiscales?
Se aprovechan más que hace unos años, pero todavía existe margen de mejora. Muchas comunidades y propietarios encuentran dificultades en la tramitación, la documentación requerida o la comprensión de los requisitos técnicos. Precisamente por eso resulta fundamental el papel de oficinas de rehabilitación como la nuestra, que actúan como ventanilla única y acompañan durante todo el proceso.
¿Cuál es la percepción del sector inmobiliario profesional? ¿Las empresas patrimonialistas y promotoras en España están apostando de forma proactiva por mejorar el certificado energético de sus carteras?
Las empresas patrimonialistas, promotoras e inversores están incorporando cada vez más la eficiencia energética en su estrategia. La calidad energética de los activos influye ya en su valor, su atractivo para los usuarios, el acceso a financiación y empieza a ponerse en valor y ser un requisito demandado por el ciudadano.
El diagnóstico de Pérez Castaños apunta a un sector en transición: las herramientas normativas y las ayudas existen, pero la complejidad administrativa y la dispersión de la propiedad siguen siendo los cuellos de botella que impiden que la rehabilitación energética escale al ritmo que exige la descarbonización del parque residencial español.
