
El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), el principal órgano jurídico-consultivo de la Generalitat de Cataluña, ha emitido un dictamen contrario a la ley que pretende limitar la compra de viviendas en zonas consideradas tensionadas. El organismo sostiene que la iniciativa presenta posibles incompatibilidades con varios preceptos de la Constitución Española y del Estatut de Autonomía de Cataluña.
El pronunciamiento, aprobado por unanimidad de sus miembros, señala que la normativa impulsada por el Govern del PSC y los Comuns afecta a ámbitos que no corresponderían exclusivamente a la Generalitat. Aunque el dictamen no tiene carácter vinculante, sus conclusiones pueden abrir la puerta a futuros recursos y procedimientos judiciales si la ley sigue adelante.
La propuesta legislativa tiene como objetivo restringir determinadas compras de vivienda cuando estas no estén destinadas a residencia habitual o al alquiler tradicional en aquellos municipios considerados zonas tensionadas. Para ello, plantea modificar la Ley de Urbanismo y permitir que los ayuntamientos establezcan limitaciones sobre este tipo de operaciones.
Un choque con competencias estatales y derechos constitucionales
Uno de los principales argumentos del CGE es que la norma invade competencias reservadas al Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales. Según el dictamen, la regulación planteada afecta a principios básicos relacionados con la libertad de las personas para establecer acuerdos dentro del marco legal. El órgano consultivo considera también que algunos límites previstos sobre la propiedad privada podrían entrar en conflicto con el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad y a la herencia. En su análisis, advierte de que las medidas pueden suponer una reducción excesiva de la utilidad individual de los bienes y una carga desproporcionada para sus propietarios.
Además, el CGE señala posibles problemas respecto a la libertad de empresa recogida en el artículo 38 de la Constitución. El dictamen considera que las restricciones planteadas pueden representar una intervención demasiado intensa para quienes desarrollan actividades económicas relacionadas con el mercado de la vivienda. Otro de los puntos señalados por el organismo es la falta de claridad y previsibilidad de la regulación. A su juicio, esta circunstancia podría afectar al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, al generar dudas sobre la aplicación práctica de la norma.
La iniciativa había sido acordada entre el PSC y los Comuns como una de las principales medidas para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda. En su tramitación también han participado ERC y la CUP, mientras que PP y Junts solicitaron el análisis del Consejo de Garantías Estatutarias antes de la aprobación definitiva. Los grupos impulsores decidieron tramitar la ley mediante el procedimiento de lectura única, una vía más rápida que reduce los plazos habituales de debate parlamentario. Sin embargo, el CGE también ha cuestionado esta decisión al considerar que se trata de una materia compleja que requeriría una tramitación ordinaria con mayores garantías.
La norma puede seguir adelante pese al dictamen
El informe del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) no obliga al Parlament a retirar la propuesta ni impide que continúe su recorrido legislativo. La previsión inicial es que la norma pueda ser sometida a votación definitiva en otoño, tras el periodo vacacional. Aun así, el contenido del dictamen puede tener consecuencias políticas y jurídicas. La advertencia del órgano consultivo aumenta la posibilidad de que la ley sea recurrida si finalmente entra en vigor con los cambios planteados.
La patronal sectorial Apce Catalunya ya había anunciado que acudiría al Tribunal Constitucional en caso de que el CGE apreciara problemas de constitucionalidad en la norma. Tras conocerse el dictamen, su presidente, Xavier Vilajoana, reclamó la retirada de la propuesta y afirmó que el informe demuestra que la iniciativa presenta problemas tanto en su planteamiento como en su contenido.

