El Gobierno de Canarias ha dado un paso importante en la política de vivienda pública con la aprobación del Proyecto de Decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el procedimiento de adjudicación. La iniciativa, presentada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, será evaluada por el Consejo Consultivo antes de su aprobación definitiva. El objetivo es unificar y modernizar la gestión de viviendas protegidas en todo el archipiélago.
El decreto establece un marco homogéneo y actualizado para el Registro Público de Demandantes, que será obligatorio para todas las personas que deseen acceder a viviendas de promoción pública. Este registro servirá como instrumento central para organizar y priorizar la adjudicación de viviendas. Además, permitirá gestionar de manera más eficiente la demanda frente a la oferta disponible.
Una de las principales novedades es la introducción de un sistema de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación. A diferencia del modelo anterior, que recurría principalmente a sorteos cuando la demanda superaba a la oferta, ahora se dará prioridad según la situación social, económica y familiar de los solicitantes. Se busca así atender especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna.
Requisitos de arraigo y reservas para colectivos
El decreto refuerza los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como condición esencial para acceder a la vivienda pública. Se exige una residencia continua de al menos diez años en el archipiélago, o quince años si ha habido interrupciones, así como vinculación laboral o residencia en el municipio donde se ubique la vivienda. Esto asegura que los recursos públicos beneficien principalmente a quienes tienen un vínculo real con la zona.
Asimismo, se incrementan los porcentajes de reserva para colectivos específicos. La cuota para jóvenes pasa del 5% al 20%, la de mayores de 65 años y personas con limitaciones funcionales sube al 10%, y la destinada a víctimas de violencia de género se eleva al 8%. Estas medidas buscan dar un impulso social y garantizar un acceso más equitativo a la vivienda protegida.
Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico. Con estas medidas, el Gobierno canario refuerza la transparencia, la equidad y la función social de la vivienda pública, asegurando que los recursos se destinen a quienes más los necesitan.
