El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará la vivienda vacacional en la región.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha afirmado: «Por primera vez, Canarias contará con una ley que regula el alquiler vacacional, tras 10 años de vigencia de un decreto que carecía de normas claras para propietarios, Administraciones, ayuntamientos, cabildos y el propio Ejecutivo canario».
De León ha comentado que el articulado de la norma establece que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto actual podrán seguir desarrollando su actividad con normalidad. Asimismo, la consejera ha hecho un llamamiento a los propietarios de viviendas turísticas para que continúen presentando la actividad clasificada.
«Es un trámite necesario dentro del marco legal, pero perfectamente asumible en los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Cumplir con este procedimiento garantiza que puedan seguir desarrollando su actividad con plena seguridad jurídica y contribuye, además, a reforzar la transparencia y la profesionalidad del sector», ha indicado Jéssica de León.
En Canarias, un 44,6% de las viviendas turísticas están en manos de personas físicas, mientras el resto son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros, y no por pequeños propietarios locales.
La consejera ha señalado que «no se podrán establecer nuevas viviendas vacacionales durante un periodo de cinco años, hasta que los ayuntamientos cuenten con un planeamiento municipal que las habilite expresamente, y estos podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o núcleos».
Con la nueva legislación, el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial, mientras un 10% podrán ser de uso vacacional, y los ayuntamientos tendrán un plazo de medio año para poner en marcha el plan de inspección correspondiente.
Desde ahora, las viviendas de protección oficial no podrán destinarse al uso turístico. Otra de las novedades de la ley es que prohibirá los pseudohoteles, edificios en los que todas las viviendas son turísticas de un gran tenedor. Asimismo, la norma establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso vacacional hasta que transcurra una década desde su construcción.
