El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no avanzar en la regulación del alquiler de temporada tras rechazar en el Pleno una propuesta presentada por el PSOE. El debate ha estado marcado por un intenso cruce de argumentos sobre las competencias municipales, el impacto en el mercado inmobiliario y la comparación con el denominado ‘modelo Barcelona’. La iniciativa socialista planteaba modificar el Plan General de Ordenación Urbana para introducir mecanismos de control sobre este tipo de arrendamientos. Además, proponía reforzar la coordinación con otras administraciones para mejorar la inspección del mercado de corta duración.
El concejal del PSOE, Antonio Giraldo, defendió que el alquiler de temporada se está utilizando «de manera fraudulenta» para esquivar tanto la normativa de pisos turísticos como las garantías del alquiler tradicional. Según afirmó, se trata de una práctica en expansión que está afectando directamente al acceso a la vivienda. Subrayó la falta de datos oficiales sobre este fenómeno. «No sabemos cuántos alquileres de temporada hay», advirtió, aunque citó cifras de portales inmobiliarios donde «4.259 de 11.689 anuncios son de temporada, un 36,4%». También alertó del encarecimiento de precios vinculado a esta modalidad. Aseguró que estos contratos pueden ser «un 32% más caros», lo que, en su opinión, «está machacando a un montón de familias».
Debate sobre competencias y modelos de ciudad
Desde el Gobierno municipal, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, rechazó la propuesta al considerar que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para regular este tipo de contratos. Recordó que esta materia está recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos y depende del ámbito estatal. «Quien tiene competencia son las Cortes Generales», afirmó durante su intervención. En su opinión, cualquier cambio relevante debe abordarse desde el Congreso y no desde los ayuntamientos.
Carabante también criticó que la iniciativa socialista se inspire en el modelo aplicado en Barcelona. Según expuso, ese sistema ha tenido consecuencias negativas, como que «el 64% del alquiler sea de temporada» y que «han desaparecido dos de cada tres viviendas del mercado». El delegado defendió la estrategia del Ejecutivo madrileño. «No queremos el modelo de Barcelona porque el modelo de Madrid es un éxito», insistió, contraponiendo su política basada en «proteger al propietario y ayudar al inquilino».
Por su parte, el concejal de Vox Ignacio Ansaldo también votó en contra de la propuesta. Argumentó que el problema principal no es la regulación, sino la falta de vivienda disponible. Advirtió de que intervenir el mercado podría generar «inseguridad jurídica». Además, consideró que medidas como el control de precios tienen efectos «contraproducentes» y reducen la oferta.
Apoyos a la regulación y críticas al inmovilismo
Frente a estas posiciones, Más Madrid respaldó la iniciativa socialista. La concejala Lucía Lois afirmó que el alquiler de temporada se ha convertido en «una vía de fuga para el fraude» vinculado a los pisos turísticos. Según explicó, «el 86% de las viviendas registradas son de temporada», lo que, a su juicio, demuestra que no se trata de un fenómeno puntual. «Esto no es una anécdota, es un modelo de evasión regulatoria», añadió.
Lois criticó al Gobierno municipal por su falta de intervención. Acusó al PP de permitir que «cada uno haga lo que le dé la gana con sus casas», sin establecer límites claros. En el turno final, Giraldo volvió a cargar contra el Ejecutivo local. Denunció que el Ayuntamiento se está «autoproclamando incompetente» pese a que, según dijo, «otros ayuntamientos lo están haciendo». El edil socialista instó al Gobierno municipal a actuar. «Digan a los madrileños que no van a hacer nada», espetó, defendiendo que existen herramientas dentro del ámbito local para intervenir.
Carabante cerró el debate reiterando su rechazo al modelo barcelonés. Lo calificó de «fracaso» y defendió las políticas actuales del Ayuntamiento en materia de vivienda. Destacó, entre otras medidas, la promoción de vivienda protegida y la colaboración público-privada. También mencionó que hay «250.000 viviendas previstas para los próximos años», con «60.000 ya en suelo finalista».
