La Unión Europea ha puesto el foco en una de las principales preocupaciones de su ciudadanía: el acceso a la vivienda. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó con contundencia que la UE «no puede aceptar» que los jóvenes tengan que dedicar décadas enteras de salario para adquirir su primera casa. Durante su intervención en el pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en Bruselas, el dirigente portugués subrayó que esta situación no es aislada. Según explicó, afecta a varios países del bloque y pone en riesgo tanto la equidad como la cohesión social.
Costa fue especialmente claro al describir la magnitud del problema. «No podemos aceptar que en algunos países (…) los jóvenes necesiten destinar el cien por cien de su salario durante 20, 30 años o más», afirmó, alertando del impacto que esto tiene sobre el futuro de toda una generación. El presidente del Consejo Europeo defendió que la vivienda asequible es «fundamental» para garantizar un equilibrio social. Además, insistió en que los jóvenes «son el futuro de Europa» y que el proyecto comunitario debe ofrecerles oportunidades reales de progreso.
La vivienda como eje de la crisis del coste de vida
El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los elementos centrales de la crisis del coste de vida en Europa. Costa señaló que la escasez de viviendas disponibles es ya «una gran preocupación para los ciudadanos». Este problema, según indicó, no solo tiene consecuencias económicas. También está alimentando el descontento social y la desconfianza hacia las instituciones democráticas.
El contexto se agrava por factores como la inflación y la crisis energética. Ambos elementos han reducido el poder adquisitivo de los hogares, dificultando aún más el acceso a una vivienda digna. Costa advirtió de que esta combinación de factores puede tener consecuencias políticas. En sus palabras, contribuye a alimentar «la ira contra las instituciones democráticas», lo que representa un desafío para la estabilidad del proyecto europeo.
Presiones globales y retos internos
El presidente del Consejo Europeo enmarcó esta problemática en un contexto internacional complejo. Señaló que la UE se enfrenta a múltiples presiones externas que afectan directamente a su economía.
Entre ellas, mencionó que «los aranceles estadounidenses están trastocando el orden comercial internacional». También destacó el papel de China, que «proyecta su músculo económico», y la inestabilidad en Oriente Medio, que ha provocado un nuevo shock energético. Según Costa, estos factores evidencian las debilidades del sistema actual. «Revela el coste de nuestras múltiples dependencias en un sistema comercial fragmentado», explicó, insistiendo en la necesidad de reforzar la autonomía europea.
Ante este escenario, defendió una respuesta más decidida por parte de la UE. Considera imprescindible actuar «con mayor determinación» para proteger el Estado de bienestar y los valores europeos. El dirigente también respondió a las críticas sobre la lentitud de la Unión Europea. Reconoció que existe una percepción de falta de rapidez, pero defendió que la «credibilidad» y la «fiabilidad» son elementos clave del modelo europeo.
En cuanto a las soluciones, propuso medidas concretas para mejorar la competitividad. Entre ellas, destacó el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales y la simplificación de trámites para empresas y consumidores. Asimismo, defendió la creación de un marco jurídico común, conocido como régimen 28 o EU Inc. Este permitiría a las empresas operar bajo las mismas normas en todos los Estados miembro, facilitando su actividad y crecimiento.
Bruselas lleva a España ante la justicia europea
En paralelo a este debate, la Comisión Europea anunció una medida contra varios países por incumplimientos normativos. Entre ellos se encuentra España, que será denunciada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El motivo es la falta de adaptación de la normativa nacional sobre infraestructuras críticas. Los Estados miembro tenían hasta octubre de 2024 para incorporar estas reglas, pero varios no lo han hecho.
La Comisión solicitará una sanción económica, al considerar que se trata de un incumplimiento grave. La normativa exige evaluar riesgos y proteger servicios esenciales como energía, transporte, salud o banca. También contempla amenazas diversas, desde desastres naturales hasta ataques terroristas o ciberataques. El objetivo es garantizar la continuidad de servicios clave para la sociedad. Además de España, otros países como Francia, Países Bajos o Polonia están afectados por este procedimiento. Bruselas ha decidido dar este paso tras agotar las fases previas del proceso sancionador.
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