El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el pasado 11 de diciembre la Ley de Vivienda, una normativa pionera que busca poner fin a décadas de descapitalización del parque público y reforzar el modelo de vivienda centrado en las personas. Según el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, esta ley es la primera del país que reconoce la vivienda como un determinante de la salud.
Zapico subrayó que la nueva normativa no ve la vivienda únicamente como un bien material, sino como un instrumento para prevenir desigualdades y mejorar el bienestar de la población. «Es algo pionero en nuestro país y ha despertado interés en otros legisladores de diferentes comunidades autónomas», aseguró el consejero.
Protección de la vivienda pública
Uno de los avances más significativos de la Ley de Vivienda es que impide la venta de pisos públicos en Asturias. Esta medida busca frenar la pérdida progresiva del parque de vivienda pública que ha tenido lugar desde que el Principado asumió competencias en los años 80, cuando existían cerca de 31.000 viviendas públicas. En 2023, esa cifra había caído a 9.600, una reducción que la ley pretende detener mientras permanezca en vigor.
El consejero también anunció que, durante esta legislatura, se prevé iniciar o promover la construcción de mil nuevas viviendas públicas, que se sumarán a las casi 600 que ya están en marcha. De esta manera, se espera alcanzar un total aproximado de 1.500 viviendas públicas antes del final del mandato. A largo plazo, Asturias plantea llegar a 2035 con unas 15.000 viviendas públicas, cifra que representa un esfuerzo por recuperar el patrimonio perdido y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
Un modelo de vivienda centrado en las personas
La nueva ley establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre. Además, organiza todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida y define la vivienda como un derecho subjetivo con garantías y prestaciones asociadas.
Con esta normativa, Asturias refuerza su compromiso de situar a las personas en el centro de las políticas de vivienda, evitando que los inmuebles públicos sean considerados objetos de negocio o especulación. La Ley de Vivienda representa un paso importante para proteger a los ciudadanos, promover la igualdad social y garantizar que la vivienda cumpla un papel esencial en la salud y bienestar de la población.
