El alquiler de temporada ya es uno de cada cuatro anuncios en España

Durante una década, el alquiler de temporada fue una categoría marginal en el mercado residencial español: contratos de meses para estudiantes, profesionales desplazados o estancias puente, con un peso testimonial en los portales. Esa foto ha cambiado por completo. Los datos de stock de anuncios de Brains Real Estate muestran que la temporada ha ganado terreno de forma sostenida y acelerada, hasta convertirse en una pieza estructural de la oferta de alquiler.

Uno de cada cuatro anuncios ya es de temporada

La cifra de conjunto es elocuente. En 2015, el alquiler de temporada representaba apenas el 2% de los anuncios de alquiler en España. En el segundo trimestre de 2026 ronda el 27%: multiplicado por trece en una década, con la mayor aceleración a partir de 2022. Ya no es una excepción, sino más de una cuarta parte de todo lo que se anuncia en alquiler.

La tarta encoge y el temporal se lleva más porción

Conviene, sin embargo, leer el dato con precisión, porque encierra un matiz decisivo. El avance del temporal es sobre todo una ganancia de cuota, no tanto de volumen. Entre el primer trimestre de 2024 y el segundo de 2026, la oferta de larga estancia en España cayó en unos 208.000 anuncios (un 46% menos), mientras el temporal apenas sumó unos 15.000 e incluso tocó techo a finales de 2024.

Dicho de otro modo: la tarta total del alquiler se ha reducido casi a la mitad, y dentro de una tarta que encoge, el temporal se queda con una porción cada vez mayor. No es un trasvase de uno a uno, sino larga estancia hundiéndose mucho más deprisa que la temporada. Esa es la clave para no exagerar el fenómeno: el temporal crece en peso relativo porque la larga estancia se desploma, más que por una explosión propia.

El mapa: costa, islas, Cataluña y el norte

La geografía del temporal no es homogénea, y dibuja un patrón claro. Las provincias donde más pesa son las de fuerte componente turístico y estacional —Cádiz (46%), Huelva (43%), Las Palmas (40%), Baleares (38%), Almería o Alicante—, a las que se suman las plazas más tensionadas de Cataluña —Barcelona (41%), Girona (38%), Tarragona (34%)— y, de forma más llamativa, la cornisa cantábrica, con Cantabria (46%) y Bizkaia (36%) en cabeza.

Por volumen, en cambio, el mapa se desplaza hacia las grandes urbes: los mayores mercados de temporada son Madrid (14.300 anuncios), Barcelona (9.900), Málaga (8.400), Alicante (7.700) y Valencia (6.500). Madrid, con todo, mantiene una cuota comparativamente baja —el 22%—, muy por debajo de Barcelona pese a ser el mayor mercado en número absoluto de anuncios de temporada.

Tres modelos: turismo, regulación y metrópoli

Detrás de esos números conviven realidades distintas, que se aprecian bien al comparar tres territorios. En Baleares, el temporal partía ya de un nivel alto en 2015 (5%) por su estacionalidad turística y ha crecido de forma constante hasta el 38%. En Cataluña, el salto es mucho más brusco y tardío: se dispara desde 2023, coincidiendo con el tope al alquiler, hasta rozar el 42% en 2025. Y en Madrid, sin regulación de precios, el temporal también avanza —del 1% al 22%— pero a menor ritmo y desde más atrás.

La lectura combinada es que el temporal responde a dos motores distintos que a veces se solapan: una demanda estacional y turística genuina en la costa y las islas, y un refugio regulatorio en los mercados tensionados, donde el contrato de temporada permite esquivar tanto la prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos como, hasta hace poco, el propio tope de precios.

Por qué avanza, y por qué puede frenarse

El atractivo del contrato de temporada para el propietario es doble. Al no considerarse vivienda habitual, queda fuera de las prórrogas y de la estabilidad que la LAU garantiza al inquilino de larga duración; y, en las zonas tensionadas, escapaba de los límites de renta. Ese hueco explica buena parte del salto catalán a partir de 2023. El sector lo defiende como respuesta a una necesidad real de movilidad; las asociaciones de inquilinos lo denuncian como una vía para sortear la norma.

Ese resquicio, sin embargo, se está cerrando. Cataluña aprobó la Ley 11/2025, en vigor desde el 1 de enero de 2026 —una norma que un sector de la propiedad ya cuestiona por posibles problemas de inconstitucionalidad—, que somete los alquileres de temporada con finalidad residencial —y el alquiler de habitaciones— a los mismos límites de precio que la vivienda habitual en zonas tensionadas, tras un primer intento fallido en 2024. La clave deja de ser la duración del contrato y pasa a ser la finalidad real: solo el alquiler estrictamente vacacional o turístico queda excluido. No es casual que los datos muestren el temporal tocando techo a finales de 2024 y cediendo después. Y el fenómeno apunta a escala estatal: el Congreso tramita una reforma de la LAU en la misma dirección, que de aprobarse extendería el marco al conjunto de España.

El auge del alquiler de temporada es, a la vez, un síntoma y una consecuencia. Un síntoma de un mercado de alquiler que se estrecha —la oferta de larga estancia se ha reducido casi a la mitad en dos años— y en el que la temporada gana peso por defecto. Y una consecuencia de un marco legal que, durante un tiempo, hizo del contrato de meses la vía de menor resistencia. Con la regulación cerrando ahora ese hueco en Cataluña y con una reforma estatal en camino, el próximo capítulo será comprobar si la temporada sigue creciendo por demanda genuina o si, encauzada por la norma, devuelve parte de esa oferta al alquiler de siempre.