
El Govern de la Generalitat ha aprobado un convenio dotado con 1.015 millones de euros para desarrollar en Cataluña el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La iniciativa, financiada conjuntamente por la Administración central y la Generalitat, contempla diferentes medidas para aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso al alquiler y mejorar el estado de los edificios existentes.
Del presupuesto total, el Gobierno central aportará 609 millones de euros, lo que representa el 60% de la financiación, mientras que la Generalitat asumirá los 406 millones restantes, equivalentes al 40%. Según los datos facilitados por el Ejecutivo catalán, los recursos permitirán adquirir, promover o rehabilitar un total de 29.235 viviendas y conceder ayudas al alquiler a 121.800 jóvenes.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ya había adelantado el paquete de medidas durante la apertura del XIV Fòrum FemCat, donde defendió la necesidad de poner en marcha actuaciones para responder a las dificultades de acceso a la vivienda. El dirigente reconoció que las medidas «no darán un resultado mañana», aunque insistió en que hacen falta «actuaciones concretas, tangibles y con planificación explicada». También señaló que, sin el despliegue de «políticas públicas serias y consistentes en el tiempo», será difícil resolver la crisis habitacional. La inversión se enmarca en el Pla 50.000 del Ejecutivo catalán y se desarrollará a través de seis grandes líneas de actuación.
Seis líneas de actuación para aumentar la oferta de vivienda
Una de las partidas más importantes se destinará a la compra de viviendas mediante el ejercicio del tanteo y retracto, un mecanismo que permite a la Administración adquirir determinados inmuebles antes de que se vendan a otros compradores. Para reforzar estas operaciones, el Govern reservará 260,7 millones de euros, con los que prevé facilitar la adquisición de aproximadamente 3.070 pisos por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, los ayuntamientos y las entidades sociales.
Otra de las medidas estará dirigida a impulsar nuevas promociones de vivienda pública destinada al alquiler. Para ello, se invertirán 77,7 millones de euros, con los que se pretende promover 3.825 viviendas de obra nueva, mediante subvenciones de 20.000 euros por inmueble para las promociones públicas que formen parte del Pla 50.000.
El plan también contempla una línea de apoyo a las promociones impulsadas o gestionadas por entidades sociales. En este caso, las ayudas serán de 300 euros por metro cuadrado útil y estarán dirigidas a proyectos que reserven, como mínimo, el 20% de sus viviendas a personas con menos ingresos.
Por otra parte, las cooperativas de vivienda y las entidades que desarrollen proyectos de vivienda de inclusión recibirán una partida de 37,6 millones de euros. A esta cantidad se sumarán otros 29,8 millones destinados a un programa de cesión de viviendas, que permitirá a los ayuntamientos y a las entidades del tercer sector captar inmuebles del mercado privado para incorporarlos a bolsas de mediación o programas de inserción.
La rehabilitación de edificios constituye otro de los principales apartados económicos del convenio. En concreto, se reservarán 304,5 millones de euros para actuar sobre 20.300 viviendas, una cifra que convierte esta línea en la que concentra el mayor número de inmuebles previstos dentro del plan.
En cuanto a las ayudas directas para facilitar el acceso a la vivienda, el convenio reserva otros 304,5 millones de euros para el pago del alquiler de los jóvenes. La previsión de la Generalitat es que 121.800 personas puedan beneficiarse de estos recursos durante el periodo de aplicación del plan, con el objetivo de aliviar el coste mensual de la vivienda y favorecer su emancipación. De esta manera, las ayudas al alquiler y la rehabilitación concentran dos de las principales partidas económicas del acuerdo, con 304,5 millones de euros cada una. El resto de los fondos se distribuye entre la adquisición de inmuebles, la promoción de nuevas viviendas, el impulso de las cooperativas y la incorporación de pisos privados a programas de alquiler asequible.
La Agència de l’Habitatge incorporará a 67 trabajadores
Además de aprobar el convenio de financiación, el Govern ha autorizado ampliar en 67 personas la plantilla presupuestaria de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. La decisión pretende reforzar la capacidad del organismo para desarrollar las políticas públicas de vivienda y atender los nuevos programas impulsados por la Generalitat. Según ha explicado el Ejecutivo catalán, estas incorporaciones permitirán mejorar la capacidad de actuación de la agencia ante los retos actuales del sector. El aumento de personal se financiará íntegramente con los recursos propios del organismo, mediante una redistribución de su gasto corriente, por lo que no supondrá una aportación económica adicional de la Generalitat.
De los 67 nuevos puestos, 33 estarán destinados a los servicios centrales de Barcelona, mientras que los otros 34 se repartirán entre las diferentes delegaciones territoriales. Girona y Tarragona incorporarán diez trabajadores cada una, Lleida contará con ocho nuevos profesionales y las Terres de l’Ebre sumarán seis.


