Brookfield ha iniciado las negociaciones para vender alrededor de 1.550 viviendas de alquiler en Madrid, distribuidas en dos carteras inmobiliarias cuyo futuro se decide en un momento de especial incertidumbre para el mercado residencial español, como publica Cinco Días. La gestora canadiense mantiene conversaciones con posibles compradores, entre ellos un fondo asiático y un family office español, aunque el contexto político y las dudas sobre la regulación de la vivienda podrían condicionar el desarrollo de la operación.
El movimiento se produce pocos meses después de que Brookfield adquiriera estos inmuebles como parte de una gran cartera de viviendas que pertenecía a Fidere, compañía vinculada al fondo estadounidense Blackstone. La operación, cerrada en abril por 1.050 millones de euros, incluía unas 5.000 viviendas y se convirtió en una de las transacciones más destacadas del mercado inmobiliario durante 2026.
Dos carteras en el mercado y una estrategia de venta
La estrategia de Brookfield difiere de la que habitualmente siguen los inversores que compran edificios residenciales para obtener ingresos mediante los alquileres. En este caso, la intención del fondo canadiense es desprenderse de los inmuebles para obtener rentabilidad en un plazo más corto, en lugar de mantenerlos dentro de su negocio de arrendamiento. Una de las opciones que se planteó la firma fue la denominada privatización, una fórmula que consiste en vender las viviendas individualmente a distintos compradores, en vez de traspasar todos los activos a otro inversor. Sin embargo, Brookfield ha sacado ahora al mercado dos conjuntos de edificios para avanzar en su estrategia de desinversión mediante operaciones de mayor tamaño.
La primera cartera está formada por cinco edificios que reúnen unas 850 viviendas, mientras que la segunda comprende siete bloques con aproximadamente 700 unidades. Según fuentes del mercado inmobiliario, las negociaciones para ambas operaciones están en marcha, aunque todavía no se conoce el precio definitivo que podría alcanzar cada una. El importe conjunto de las transacciones superaría los 350 millones de euros, de acuerdo con las informaciones disponibles. Para impulsar el proceso, Brookfield ha incorporado como asesor sénior a Gonzalo Gallego, quien dirigió las actividades de Cerberus en España hasta finales del año pasado, y cuenta con Alberto Nin al frente de su área inmobiliaria.
La regulación y las elecciones añaden dudas al mercado
Uno de los principales factores que condicionan el panorama es la situación política en torno a las medidas sobre vivienda impulsadas por el Gobierno. El caso de Maricarmen Abascal, cuyo desahucio generó una amplia reacción social y política antes de su fallecimiento este mes, intensificó el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos. Tras el revuelo generado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez respondió con dos decretos que fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, un desenlace que desembocó en el adelanto electoral previsto para el 29 de noviembre. Posteriormente, el Gobierno decidió llevar ambas normas a la Diputación Permanente, donde se espera que salga adelante una de ellas con el apoyo de las formaciones progresistas que sostienen al Ejecutivo y del PNV.
A esta incertidumbre se suma la duda sobre qué orientación tendrá la política de vivienda después de las elecciones, especialmente ante la posibilidad de un cambio de Gobierno y las diferencias entre los partidos sobre la regulación del alquiler. Los inversores tratan de anticipar cómo podrían afectar estas decisiones a la rentabilidad de los inmuebles y a las condiciones de futuras compraventas. El mercado también afronta la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que podría revisarlos de nuevo en diciembre. Un coste de financiación más elevado puede reducir el atractivo de las inversiones inmobiliarias y presionar los precios, lo que lleva a algunos compradores a retrasar sus decisiones hasta disponer de un escenario más claro.
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