El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado un mensaje claro a comunidades autónomas y ayuntamientos: deben actuar «ya» para poner freno a las viviendas de uso turístico (VUT) que operan de forma ilegal. El departamento recuerda que son estas administraciones las que tienen la competencia directa para inspeccionar y, si procede, clausurar este tipo de alojamientos.
Según fuentes del ministerio, el problema no está en la falta de herramientas, sino en la aplicación efectiva de las mismas por parte de las autoridades locales y autonómicas. En este sentido, acusan a algunos responsables políticos de «mirar hacia otro lado» mientras crece el número de pisos turísticos sin control en distintas ciudades del país.
El registro detecta miles de alquileres irregulares
El Gobierno central defiende que el Registro Único del Alquiler ha permitido identificar alrededor de 109.000 contratos de alquiler considerados ilegales. La mayoría de estos casos estarían vinculados a viviendas de uso turístico que no cumplen con la normativa vigente. Sin embargo, desde el Ministerio insisten en que la detección no es suficiente si no va acompañada de actuaciones posteriores. Por ello, reclaman una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes deben intervenir sobre el terreno para corregir estas situaciones y garantizar el cumplimiento de la ley.
En paralelo, la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras, junto con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), ha mostrado su preocupación por la eficacia del sistema actual. Ambos colectivos sostienen que cerca del 75% de las viviendas de uso turístico anunciadas en Madrid no cuentan con código de registro, lo que, a su juicio, demuestra que la herramienta no está funcionando como se esperaba en zonas especialmente tensionadas.
Estos colectivos vecinales advierten de que la falta de control está favoreciendo la expansión de un modelo de alquiler que reduce la oferta residencial disponible y altera el equilibrio de los barrios. Además, consideran que la situación requiere una respuesta más firme por parte de las administraciones competentes para evitar que el problema siga creciendo.
Madrid, el epicentro del conflicto por la vivienda turística
El Ministerio de Vivienda pone el foco especialmente en la ciudad de Madrid, donde estima que existen más de 15.000 pisos turísticos ilegales. Esta cifra sitúa a la capital como uno de los principales puntos críticos del fenómeno en todo el país, según los datos manejados por el departamento.
Desde el Gobierno central se critica la falta de actuación tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, a quienes acusan de no estar tomando medidas suficientes. En sus declaraciones, el ministerio lamenta que mientras no se interviene de forma decidida, continúan produciéndose efectos directos sobre los vecinos. Entre esos efectos, se señala la expulsión progresiva de residentes de determinados barrios, donde el aumento de viviendas destinadas al alquiler turístico estaría reduciendo la disponibilidad de vivienda habitual. Esta situación, según el ministerio, contribuye a la transformación del tejido social de zonas céntricas y consolidadas.
En este sentido, el Gobierno insiste en la necesidad de una respuesta coordinada y urgente para frenar los alojamientos ilegales. Considera que solo con una actuación conjunta y constante de todas las administraciones implicadas se podrá abordar un fenómeno que ya está teniendo un impacto significativo en el acceso a la vivienda en las principales ciudades.
