El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha salido al paso de las dudas sobre la gestión de Casa 47 y ha asegurado que el contrato licitado por el Gobierno no supone una privatización del proyecto. Según fuentes del departamento, la empresa que resulte adjudicataria desempeñará únicamente funciones de apoyo operativo y administrativo. En ningún caso, recalcan, tomará decisiones sobre el modelo de gestión.
Desde el equipo que dirige Isabel Rodríguez insisten en que será la Entidad Estatal de Vivienda la que marque las reglas. Este organismo público fijará el precio de los alquileres, las condiciones de adjudicación y las renovaciones de contrato. Además, será quien reciba directamente las rentas abonadas por los inquilinos. El contrato, que asciende a 62 millones de euros, está destinado a gestionar el alquiler de las viviendas públicas que se integrarán en Casa 47. Sin embargo, el Ministerio subraya que el adjudicatario cobrará por la prestación de sus servicios y no participará en decisiones estructurales. «En ningún caso» se externaliza el funcionamiento ni se cede el control del proyecto, remarcan.
Doce empresas optan al concurso público
Un total de 12 compañías del sector inmobiliario se han presentado al concurso convocado por el Ministerio. Entre las interesadas figuran Alquiler Seguro, Serveo, Savills, Servihabitat, Solvia y Hipoges, entre otras. Algunas de estas firmas están participadas por fondos de inversión extranjeros. Desde Vivienda recalcan que el procedimiento es abierto y que Casa 47 no puede «vetar» a ninguna empresa que cumpla los requisitos y presente su propuesta en tiempo y forma. Por ahora, únicamente se ha comprobado que la documentación esté completa, sin entrar a valorar el contenido técnico de las ofertas. Aún no hay adjudicatarios ni se ha resuelto el concurso.
El Ministerio argumenta que la Entidad Estatal de Vivienda necesita apoyo externo porque no existe una infraestructura pública con capacidad suficiente para asumir la puesta a punto de 40.000 viviendas procedentes de la Sareb. Entre las tareas previstas se encuentran su acondicionamiento, mantenimiento y puesta a disposición de la ciudadanía en plazos ajustados por la emergencia habitacional.
Las fuentes oficiales insisten en que Casa 47 decidirá el modelo de gestión, los precios y cualquier medida estructural relacionada con el parque público. También controlará la calidad del servicio, para lo que prevé mantener contacto directo con las personas inquilinas. El objetivo, señalan, es garantizar que la gestión responda al interés general.
