El Ayuntamiento de Valencia aprobó la compra de un edificio situado en la pedanía de La Torre con el fin de evitar el desalojo de sus actuales inquilinos. El inmueble, compuesto por 134 viviendas, 76 plazas de aparcamiento y 60 trasteros, iba a ser adquirido por un fondo de inversión, pero el consistorio ha decidido intervenir.
El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, explicó que la medida busca «garantizar el acceso a viviendas sociales» a las personas que viven en el edificio. Según detalló, esta actuación responde al compromiso del consistorio con la protección del derecho a la vivienda y a la estabilidad residencial.
La operación asciende a 9.004.690,10 euros y se ha ejecutado a través del derecho de tanteo y retracto, una herramienta legal que permite a las administraciones adquirir inmuebles en las mismas condiciones que un comprador privado.
Una oportunidad para ampliar el parque de vivienda pública
La iniciativa forma parte del Plan + Vivienda, una estrategia municipal que busca aumentar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. Caballero subrayó que «la vivienda se ha convertido en un eje fundamental de toda la acción municipal», y aseguró que el Ayuntamiento aprovechará cualquier oportunidad que contribuya a reforzar su parque público.
El proceso comenzó en mayo, cuando la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda notificó al consistorio la intención de la empresa Inmo Criteria Arrendamiento SLU de vender el edificio a Ktesios Real Estate Socimi SA. Dicha comunicación permitió activar los derechos de tanteo y retracto cedidos previamente por la Generalitat al Ayuntamiento de València.
Posteriormente, un informe técnico del Servicio de Vivienda, emitido el 12 de junio de 2025, confirmó la idoneidad del inmueble. En él se señala que las viviendas cumplen los requisitos urbanísticos, técnicos y económicos necesarios para ejercer la adquisición.
Una compra por debajo del valor de mercado
El informe municipal también destacó que el precio acordado, de 9 millones de euros, es muy inferior al valor de mercado, estimado en más de 28 millones. Incluso se encuentra por debajo del precio máximo permitido para las viviendas de protección pública, que ronda los 20 millones.
En un principio, la compañía Ktesios Real Estate Socimi había firmado un contrato de arras en abril para adquirir el edificio por la misma cantidad, entregando 900.000 euros como adelanto. Sin embargo, la operación dependía de que las administraciones no ejercieran su derecho preferente, lo que finalmente no ocurrió.
Con esta decisión, el Ayuntamiento de Valencia evita que un fondo inversor se haga con un bloque entero de vivienda protegida y garantiza que sus actuales residentes puedan seguir viviendo en sus hogares. La medida refuerza así la apuesta municipal por una ciudad más justa, accesible y comprometida con el derecho a una vivienda digna.
