El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve al centro de la agenda política mientras Sumar insiste en que continúa negociando un nuevo real decreto ley para modificar las reglas del mercado del alquiler. La formación aspira a recuperar medidas como la prórroga automática de contratos y la limitación de las subidas de precios, en un contexto que considera de urgencia social.
El diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, defendió estas propuestas este domingo durante su participación en una manifestación por la vivienda celebrada en Madrid. Allí aseguró que su grupo parlamentario mantiene abiertas las conversaciones para lograr los apoyos necesarios y sacar adelante la norma en el Congreso.
Santiago explicó que la aprobación del decreto depende de un equilibrio parlamentario complicado y señaló directamente a Junts como posible clave para desbloquear la situación. En sus palabras, «lo que hace falta son cuatro votos que esperamos que salgan de Junts», al tiempo que acusó al Partido Popular de dificultar cualquier avance en materia de control del mercado del alquiler. En este sentido, el dirigente de Sumar afirmó que su formación sigue «negociando y esperando en breve poder dar buenas noticias», insistiendo en que es necesaria una ley que ponga fin a lo que describió como bloqueo político. También afirmó que el PP «sabotea» las medidas destinadas a regular el mercado inmobiliario y a frenar la especulación.
Intervención del mercado y zonas tensionadas
Más allá de la negociación parlamentaria, Santiago defendió de forma contundente la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda. Considera «imprescindible» una actuación pública más intensa para garantizar precios asequibles, especialmente en zonas donde el acceso al alquiler se ha encarecido de forma significativa. El diputado criticó además la actitud de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a las que acusa de negarse a declarar zonas tensionadas. Según su planteamiento, esta postura responde a una falta de voluntad política que favorece los intereses de grandes propietarios frente a la ciudadanía.
Santiago también propuso ampliar la capacidad de decisión a los ayuntamientos, de manera que puedan declarar estas zonas y aplicar medidas de contención de precios. A su juicio, esta descentralización permitiría responder mejor a las necesidades locales y proteger el acceso a la vivienda. Además insistió en la necesidad de construir un «inmenso parque público de vivienda» en España, como herramienta estructural para corregir los desequilibrios actuales del mercado. En este sentido, pidió que distintas administraciones públicas pongan sus inmuebles a disposición de la empresa pública Casa 47, con el objetivo de crear una base sólida para una agencia estatal de vivienda.
El dirigente de Sumar también subrayó que, en su opinión, la mayoría de las viviendas están en manos de grandes fondos de inversión y grandes tenedores. «Eso es lo que hay que controlar», señaló, en referencia a la concentración del mercado inmobiliario.
Referencias internacionales y presión al Gobierno
Durante su intervención, el diputado citó el caso del Reino Unido como ejemplo de políticas que, a su juicio, deberían inspirar reformas en España. Recordó que allí se han aprobado medidas que permiten la renovación indefinida de arrendamientos y el control de las subidas de precios, algo que considera perfectamente aplicable en el contexto español. En este punto, dirigió también su mensaje al PSOE, al que pidió mayor firmeza en materia de vivienda. Según su visión, el socio de gobierno debería abandonar lo que calificó como posiciones «tibias» y avanzar hacia una regulación más ambiciosa que garantice el acceso a un parque público suficiente.
Santiago concluyó que no existen motivos para no adoptar medidas similares en España si ya se están aplicando en otros países europeos. En su opinión, la combinación de regulación del alquiler y ampliación del parque público es clave para responder a una demanda social creciente.
