La Junta de Gobierno de San Sebastián ha dado un paso clave este martes al aprobar la solicitud formal para que el municipio sea declarado zona tensionada de vivienda, una designación que permitiría implementar limitaciones en los precios de los alquileres. Se espera que, de ser aceptada por el Gobierno Vasco, la medida entre en vigor a principios de 2025.
El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, junto con Nekane Arzalluz, concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, han explicado que esta solicitud responde a un mandato del pleno municipal y que la medida se enmarca en las disposiciones de la Ley Estatal de Vivienda. La normativa permite restringir los precios del alquiler en aquellas áreas donde la carga del coste del alquiler sobrepasa el 30% de la renta media de los hogares, un umbral que en San Sebastián se sitúa actualmente en el 31,6%.
A pesar del objetivo de la ley, el alcalde Goia ha advertido que la medida no solucionará de manera definitiva el problema habitacional, subrayando que, aunque la regulación pueda contribuir, «no es la panacea». Desde la implementación de la normativa estatal, la oferta de alquiler de larga duración se ha reducido en San Sebastián, con un descenso del 14% en los nuevos contratos de arrendamiento en 2023, alcanzando solo 2.176.
La solicitud enviada al Gobierno Vasco incluye una memoria justificativa, diagnóstico y un plan de acción, donde se destacan proyectos de construcción de viviendas. Arzalluz ha precisado que hasta 2027 se contempla desarrollar 1.900 viviendas en San Sebastián, de las cuales más del 50% contarán con algún régimen de protección pública, con el objetivo de mejorar la oferta de vivienda asequible y mitigar la presión del mercado en alquiler.
Se estima que cerca de 11.856 personas de entre 18 y 44 años buscan acceder a su primera vivienda para lograr la emancipación, una situación que evidencia la necesidad urgente de medidas efectivas.
Si San Sebastián es declarada zona tensionada, los precios de los alquileres de viviendas habituales se regularán para frenar posibles aumentos. Para los pequeños propietarios, definidos como aquellos con menos de cinco viviendas en propiedad, los nuevos contratos tendrán limitaciones: deberán mantener la renta del contrato anterior, con posibles incrementos de hasta el 10% si la vivienda supera los diez años o ha sido rehabilitada para mejorar su eficiencia energética o accesibilidad. Por otro lado, en inmuebles que no hayan sido alquilados en los últimos cinco años, el precio de arrendamiento será determinado según un índice de referencia basado en la ubicación y características de la propiedad.
Los grandes tenedores, independientemente del historial de arrendamiento, también deberán fijar los precios de acuerdo con el índice de referencia estipulado para la zona. Actualmente, se estima que un 3,1% del parque de 94.973 viviendas de San Sebastián está en manos de grandes propietarios (aquellos con más de cinco inmuebles), que representan un total de 311 tenedores, el 62% de los cuales son personas físicas.
