La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha criticado la presunta adjudicación irregular de una vivienda de protección oficial (VPO) a una concejala del Partido Popular (PP) en Palencia, y ha señalado a la formación por una nueva polémica relacionada con adjudicaciones de vivienda pública.
La ministra se pronunció tras conocerse el caso en el que estaría implicada Laura Lombraña, concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia, que adquirió un chalé de protección oficial por unos 157.000 euros.
El asunto ha generado debate político después de que el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, solicitara la apertura de una investigación sobre el procedimiento de adjudicación.
Según Martínez, la vivienda habría sido adjudicada sin sorteo previo abierto al conjunto de demandantes, durante el periodo en el que Lombraña era responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023, en el gobierno municipal formado por PP y Ciudadanos.
El caso fue dado a conocer por El País y, tras la operación, la concejala continúa actualmente como edil en la oposición.
Respuesta de la concejala
Por su parte, Laura Lombraña ha defendido que la adjudicación de la vivienda protegida se realizó conforme a la normativa vigente y mediante el procedimiento legalmente establecido.
En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, la edil aseguró que el proceso se llevó a cabo con los mismos requisitos y controles que se aplican al resto de solicitantes y sostuvo que se han cumplido estrictamente todos los requisitos exigidos por la legislación.
Asimismo, Lombraña lamentó que se intente generar una polémica en un momento políticamente sensible, en referencia a la próxima cita electoral del 15 de marzo, y subrayó que toda la documentación relativa al proceso ha sido pública y que ningún órgano ha cuestionado el procedimiento en estos años.
Contexto de otras investigaciones
La polémica se produce semanas después de que un juzgado de Alicante abriera una investigación sobre presuntas adjudicaciones irregulares de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, situado en Playa de San Juan (Alicante).
En ese caso, la investigación afecta a la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, así como a familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman y a un arquitecto municipal.
La ministra ha vinculado ambas situaciones en su crítica a las supuestas adjudicaciones de vivienda pública relacionadas con cargos del Partido Popular.
