«La emergencia no ha terminado». Sin embargo, Valencia sigue buscando el equilibrio entre la urgente necesidad y los largos procesos que caracterizan al proceso de reconstrucción. Casi medio año después de la DANA, el arreglo de los desperfectos sigue siendo un reto para la sociedad valenciana y su administración, inexperta en la resolución de este tipo de catástrofes.
A nivel infraestructuras, la situación avanza, pero no al ritmo deseado. «Como sociedad, no podemos permitir que también pasen una década en la reconstrucción y en la vuelta a la normalidad total», recuerda Ricardo Bono, Director General Obra Civil en Grupo Bertolín, empresa valenciana con medio siglo de experiencia en el sector de la construcción.
En el proceso, el profesional explica que el principal obstáculo es la necesidad de actuar con rapidez frente a una normativa de contratación pública excesivamente «garantista», que dificulta la agilidad en situaciones de emergencia. Por eso, aboga por un cambio en la gestión administrativa de estas situaciones, con medidas concretas y urgentes que permitan actuar con la celeridad que la gravedad del desastre exige.
Actualmente, solo existen dos procedimientos legales que permiten una respuesta ágil: la contratación de emergencia y el procedimiento negociado sin publicidad. Aunque el ente público Tragsa ya los emplea, para los ayuntamientos es difícil aplicarlos, poniendo en riesgo la eficacia de la reconstrucción y la posibilidad de perder subvenciones si no se ejecutan los trabajos dentro de los plazos establecidos.
Por eso, una correcta planificación resulta clave para minimizar el impacto sobre la ciudadanía. Bono propone reducir el número de expedientes y empresas implicadas en cada municipio y agrupar trabajos por zonas para mejorar la eficiencia. Además, plantea el uso de memorias valoradas y la fórmula proyecto+obra, lo que permitiría iniciar trabajos mientras se redactan los proyectos, reduciendo así los tiempos de inicio en varios meses.
Insiste en que los procedimientos ordinarios no son viables en este contexto, ya que podrían alargar la reconstrucción hasta una década. Para evitarlo, urge a la Administración Central y a la Generalitat Valenciana a emitir una declaración genérica de emergencia que dé cobertura legal y seguridad jurídica a los órganos de contratación.
Importe estimado para la reconstrucción de las infraestructuras: 12.500 millones, según la CEV
Los datos proporcionados por el gobierno central siguen actualizándose día a día, pero los plazos previstos para la reconstrucción se desdibujan en el medio plazo. El ejecutivo ha empezado a abonar a los 78 ayuntamientos afectados parte de las ayudas para reconstruir infraestructuras municipales, que cubrirán el 100% de los daños. Hasta el momento, se han abonado 1.447 millones y siguen tramitándose otros 1.745,31 millones.
Ayer, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) presentó el informe ‘Rehacer y Transformar. Tras la Dana: Propuestas de futuro’ para mejorar las infraestructuras en las zonas afectadas, y que el tejido empresarial valenciano pueda hacer frente a posibles catástrofes naturales como las inundaciones del pasado 29 de octubre.
Concretamente, la patronal fija actuaciones necesarias a medio plazo por valor de 12.500 millones. Desde ingeniería hidráulica (1.700 millones), viarias (2.000 millones), ferroviarias (7.300 millones), movilidad urbana y autobuses (185 millones), planes y sistemas (43 millones), aeroportuarias (400 millones), medioambientales (432 millones), y también eléctricas, en telecomunicaciones, etc (380 millones). Todavía es un interrogante si acabarán o no ajustándose las ayudas públicas necesarias para que Valencia vuelva a la normalidad.
Cómo considera que debería llevarse a cabo el proceso de reconstrucción una empresa de construcción valenciana
Pregunta: ¿A qué retos se enfrenta la Administración en la ejecución de las obras de reconstrucción tras la DANA?
La Administración se enfrenta al reto de tener que buscar el equilibrio entre la apremiante necesidad de llevar a cabo la reconstrucción con la agilidad y eficiencia que demanda la población afectada, frente a una ley de contratos extremadamente garantista.
P: ¿Cómo puede garantizarse la transparencia en los procesos de contratación sin comprometer la agilidad en la respuesta a las necesidades urgentes?
R: Estamos ante un desafío sin precedentes que requiere soluciones innovadoras para equilibrar transparencia y agilidad. La ley ofrece solo dos procedimientos que permiten actuar con la agilidad requerida: la contratación de emergencia (artículo 120) y el procedimiento negociado sin publicidad (artículo 168, apartado b) 1º).
Estas fórmulas pueden generar concurrencia invitando a tres empresas distintas en cada procedimiento. Tragsa, ente público designado como medio propio para la reconstrucción, ya las utiliza, sin embargo, los ayuntamientos, que son la propia administración afectada, enfrentan dificultades para aplicarlas en la reconstrucción.
P: ¿Cuáles son las mejores prácticas para minimizar el impacto de las obras en la ciudadanía?
R: La clave es la coordinación de las obras por un equipo único. Menos expedientes y menor número de obras, significa menos impacto en la población y mayor rapidez y eficacia en la ejecución.
P: ¿Qué desafíos plantea la gestión de este presupuesto sin precedentes para municipios que manejan recursos mucho menores en su día a día?
Se trata de unos presupuestos y actuaciones sin precedentes para la totalidad de los ayuntamientos. Si no se utilizan las dos únicas fórmulas ágiles permitidas por la ley, mencionadas anteriormente, los procedimientos pueden extenderse durante años, con el riesgo añadido de perder parte de las subvenciones al no poder ejecutarlas dentro de los límites estipulados por la orden ministerial.
P: ¿Qué medidas deberían adoptar las Administraciones para optimizar la contratación pública y garantizar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente?
R: En mi opinión, son tres las medidas a considerar por parte de las Administraciones para garantizar que los proyectos se ejecuten:
- Utilizar procedimientos de contratación eficientes, como los ya mencionados, y en actuaciones menos urbanas, apoyarse en el medio propio Tragsa, pero ordenadamente, para no colapsarlo.
- Usar las memorias valoradas para aplicar la fórmula de proyecto+obra, simultaneando la redacción del proyecto mientras se ejecutan los trabajos. Se reducirían los inicios de las obras, mínimo de 6 y 12 meses.
- Agrupar trabajos por zonas geográficas o barrios para que no trabajen más de 3-5 empresas por ayuntamiento. Así conseguiremos ser más eficientes.
P: ¿Por qué es fundamental agilizar los procedimientos de contratación en la reconstrucción tras una catástrofe natural?
R: Se trata de un desastre sin precedentes. La población ha perdido familiares, vecinos, vehículos… han sufrido y siguen sufriendo mucho. Como sociedad, no podemos permitir que también pasen una década en la reconstrucción y en la vuelta a la normalidad total. Es esencial que recuperen esa normalidad en un plazo razonable.
P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre los contratos de emergencia y los procedimientos ordinarios de contratación?
R: La diferencia más significativa radica en los plazos de tramitación. Un procedimiento ordinario requiere un mínimo de un año desde que se inicia la tramitación hasta que las maquinas entran en la obra. Mientras que los de emergencia pueden tramitarse en 15 días, y los negociados en un par de meses.
P: ¿Qué impacto tendría el uso exclusivo de procedimientos ordinarios en la reconstrucción de las infraestructuras afectadas?
R: Usar solo procedimientos ordinarios podría llevar a 10 años de obras en los municipios afectados, con el riesgo de perder parte de la financiación asignada por incumplimiento de plazos.
P: ¿Cómo podría la Administración Central y la Generalitat Valenciana respaldar a los ayuntamientos para acelerar la ejecución de las obras?
R: Necesitan que se emita un decreto, un documento jurídico, una declaración genérica de Emergencia, algo que justifique que SÍ es una emergencia devolver la normalidad a los municipios. Necesitan una herramienta que respalde y aporte seguridad jurídica a los órganos de contratación. La emergencia no ha terminado.
P: ¿Considera viable la emisión de una declaración genérica de emergencia para facilitar la licitación de estos proyectos? ¿Cuáles serían sus implicaciones?
R: Desde mi punto de vista es viable y sobre todo muy necesario. Reconstruir infraestructuras críticas y garantizar salubridad, seguridad en la movilidad y seguridad ciudadana son emergencias claras que requieren un respaldo legal. Debería emitirse por las dos administraciones de rango superior, Gobierno Central y el Gobierno Autonómico.
La experiencia de la DANA evidencia la necesidad de adaptar los marcos contractuales a situaciones de crisis, sin comprometer la legalidad ni la transparencia. Para la construcción y el real estate, la lección es clara: planificar para lo imprevisible exige herramientas legales flexibles y una colaboración institucional ágil y bien coordinada. No solo se trata de reconstruir infraestructuras, sino también de reconstruir el futuro de la población afectada.
