El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a reforzar la planificación de las redes eléctricas y desbloquear proyectos urbanísticos de vivienda que no pueden ejecutarse por falta de acceso a potencia eléctrica. El partido explica que numerosos ayuntamientos cuentan con proyectos que disponen de suelo, financiación, permisos y todas las condiciones necesarias, pero se encuentran con la negativa de las distribuidoras a suministrar la potencia requerida porque sus nodos están saturados o con concesiones ya comprometidas.
El PP atribuye buena parte de esta saturación al modelo español de prioridad de acceso a la red, que atiende primero a quien primero solicita la conexión, en contraste con el modelo recomendado por la Comisión Europea, que prioriza los proyectos con mayor grado de madurez. Este sistema, según el partido, genera «inseguridad jurídica» para los ayuntamientos y los expone a riesgos financieros al no garantizar el suministro para desarrollos que ya han incurrido en fuertes gastos de urbanización. El PP también critica que de las 422 ampliaciones de conexión aprobadas tras el apagón, se destinaron 3,8 GW a la producción de hidrógeno verde frente a 1,8 GW para nuevas viviendas.
Plan de Red 2025-2030, coordinación ministerial e informe de viviendas bloqueadas
La proposición insta al Ejecutivo a aprobar «con la mayor urgencia posible» el nuevo Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 con las inversiones necesarias para adaptar las redes a los desarrollos urbanísticos en curso. También exige que el Gobierno explique las «graves responsabilidades» derivadas de la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a cargo de Sara Aagesen.
Asimismo, el PP pide que se establezcan garantías de seguridad jurídica y se agilicen los procedimientos para cambiar el modelo de prioridad de acceso, se habilite la posibilidad de que los gestores de red emitan certificaciones vinculantes sobre futuras concesiones de acceso y conexión, y se presente un informe detallado que cuantifique el número de viviendas y desarrollos urbanísticos afectados por la saturación de los nodos distribuidores.
