El reciente paquete de medidas aprobado por el Gobierno de España en un Consejo de Ministros extraordinario ha generado una notable controversia entre organizaciones empresariales y del sector inmobiliario y de la construcción. Las decisiones, vinculadas al impacto económico del conflicto en Oriente Medio, incluyen actuaciones en materia energética y de vivienda que han sido recibidas con preocupación por distintos actores. Mientras el Ejecutivo defiende su carácter excepcional, diversas patronales alertan de posibles efectos adversos en el mercado.
En el plano político, el acuerdo entre los socios de gobierno, el PSOE y Sumar, ha permitido la aprobación de dos reales decretos diferenciados. Uno recoge medidas energéticas como la rebaja temporal de impuestos sobre la electricidad, el gas y los carburantes, mientras que el otro incorpora iniciativas en materia de vivienda. Entre estas últimas destaca la prórroga automática de contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, con una extensión de hasta dos años, una de las medidas que más debate ha suscitado. A ello se le un tope de actualización de las rentas del 2%.
Reacciones empresariales: preocupación por la intervención en el mercado
La respuesta de las organizaciones empresariales no se ha hecho esperar. La patronal CEOE y Cepyme han expresado su «profunda preocupación» por la inclusión de estas medidas en un decreto vinculado a la coyuntura internacional. En su valoración, consideran que la incorporación responde a una “presión política incomprensible” y han mostrado su rechazo a las limitaciones adicionales en el mercado del alquiler.
Desde estas organizaciones se advierte de que este tipo de medidas pueden suponer una «injerencia en el derecho a la propiedad privada» y generar inseguridad jurídica. En su opinión, la intervención en el mercado podría desincentivar la inversión y reducir la oferta disponible de vivienda, agravando así el problema de acceso en lugar de solucionarlo. Además, reclaman políticas que refuercen la estabilidad normativa y eviten enfoques que califican de «intervencionistas e ideológicos».
En la misma línea, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha cuestionado el alcance de las medidas, especialmente la prórroga forzosa de contratos. Según su análisis, iniciativas como la congelación de rentas o la extensión obligatoria de contratos podrían tener un efecto contraproducente en un contexto de incertidumbre. Su presidente, José María Alfaro, ha señalado que decisiones de este tipo, aunque bien intencionadas, pueden generar «más miedo y presión» en el mercado.
La FAI subraya además que la crisis de la vivienda no es un fenómeno coyuntural, sino estructural, por lo que considera necesario adoptar medidas estables a largo plazo. En este sentido, reclama a las administraciones públicas que actúen con responsabilidad y eviten repetir experiencias previas en las que, según indican, la intervención excesiva ha contribuido a reducir la oferta disponible.
La construcción denuncia discriminación y reclama medidas específicas
Por su parte, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) también ha expresado su malestar con el paquete de medidas aprobado. La organización critica la «discriminación» hacia el sector al no haber sido incluido en las bonificaciones destinadas a actividades especialmente afectadas por el incremento de costes energéticos, como el transporte o el sector primario.
La CNC sostiene que las empresas de construcción, especialmente aquellas que dependen intensivamente de maquinaria, soportan una elevada carga energética que puede alcanzar cerca del 40% de sus costes. En este sentido, considera que deberían haber recibido un apoyo equivalente al de otros sectores dependientes del combustible. La patronal recuerda además que ya en contextos anteriores, como durante la guerra en Ucrania, muchas empresas asumieron incrementos de costes sin poder trasladarlos a sus contratos.
Entre sus propuestas, la organización plantea mecanismos de compensación fiscal sobre el gasóleo, fórmulas de ajuste automático en los contratos de obra pública y reformas normativas que permitan equilibrar los costes derivados de la energía. Según la CNC, estas medidas no han sido tenidas en cuenta en la configuración actual del decreto, lo que alimenta su percepción de exclusión.
Díaz carga contra PP, Vox y Junts y pide mantener el decreto de alquiler
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha intensificado este lunes sus críticas hacia PP, Vox y Junts, a quienes ha acusado de mantener posiciones que ha calificado de «clasistas y racistas». En declaraciones a RNE, ha instado a estas formaciones a no tumbar el Real Decreto-ley de vivienda aprobado recientemente y que incluye medidas destinadas a proteger a los inquilinos.
Díaz ha recordado que la norma ya está en vigor y contempla la prórroga extraordinaria y automática de los contratos de alquiler que finalicen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Esta ampliación podrá extenderse hasta un máximo de dos años, lo que, según la vicepresidenta, permite evitar incrementos bruscos en las rentas. En este contexto, ha pedido a la ciudadanía que se encuentre en esa situación que solicite acogerse a la prórroga para mantener sus condiciones actuales. «Porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato hasta el 20%, el 30%, el 40% o incluso el 50%», ha advertido, subrayando la necesidad de actuar cuanto antes para evitar subidas significativas.
La vicepresidenta también ha hecho un llamamiento a sindicatos, asociaciones de inquilinos y organizaciones sociales y ecologistas para que se movilicen en defensa de la medida. A su juicio, no sería aceptable que el decreto sea rechazado en el plazo previsto para su convalidación parlamentaria, que se producirá dentro de 30 días.
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