El Principado de Asturias aprobará en marzo la declaración de doce zonas tensionadas de mercado residencial, ubicadas en cinco concejos y que afectan a más de 36.000 personas. La medida busca frenar el encarecimiento de los alquileres y limitar la especulación en municipios con alta demanda. El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, explicó en el parlamento asturiano que estas áreas están actualmente en fase de exposición pública y podrán recibir alegaciones antes de su aprobación definitiva.
Las doce zonas se localizan en Gijón (La Arena y Cimadevilla), Avilés (La Magdalena), Llanes (núcleo urbano, Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva), Gozón (Luanco) y Cabrales (Poo y Arenas). Cada concejo presentará un informe no vinculante, y el Consejo de Gobierno dará luz verde a la declaración a mediados de marzo. Zapico anunció que se ha encargado a la empresa pública Serpa un nuevo análisis de La Felguera, en Langreo, tras observar «la tendencia de los últimos meses». Asimismo, se iniciará la tramitación para incluir en esta categoría a Muros de Nalón y La Arena, reforzando el control sobre el mercado residencial. El consejero subrayó que el objetivo principal es «limitar los precios disparatados» y «la especulación», además de facilitar que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna.
Regulación de viviendas vacacionales
El Principado también ha reforzado la regulación de las viviendas de uso turístico mediante un decreto que establece estándares claros de calidad y seguridad. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, señaló recientemente que la norma, elaborada en diálogo con los sectores implicados, supone dar un «salto de calidad» y «pondrá coto a quienes operan» al margen de la ley.
El decreto obliga a que estas viviendas incluyan su número de registro y localización exacta en cualquier publicidad o plataforma de comercialización. Además, deberán ofrecer información sobre normas internas, accesos, contactos de emergencia y precios, así como contar con servicio de recepción presencial o remoto. Entre los estándares de seguridad se exige al menos un baño por cada cuatro plazas, sistemas de monitorización de ruido, planos de evacuación, extintores, botiquín y límites de ocupación. También se regula la limpieza diaria, el cambio de lencería y la información turística del entorno.
Los plazos para cumplir estos requisitos son de doce meses para las superficies mínimas y la ratio de baños, y de seis meses para el resto. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden variar desde seis meses hasta cuatro años, incluyendo la suspensión de la actividad o la retirada de anuncios. Llamedo destacó que las inspecciones en alojamientos turísticos han aumentado de 248 al inicio de la legislatura a 3.070, con 261 sanciones impuestas y 115 anuncios ilegales retirados de plataformas digitales. La normativa también reconoce la función de los ayuntamientos para establecer limitaciones y facilitar convenios con la Administración autonómica.
Con estas medidas, el Principado de Asturias busca equilibrar el acceso a la vivienda, proteger a los inquilinos y regular un sector turístico en crecimiento, garantizando que la oferta cumpla con los estándares de calidad y seguridad para residentes y visitantes.
