El rechazo del Congreso al decreto ley de prórroga de alquileres —tumbado por PP, Vox y Junts— ha desatado una cascada de reacciones en la clase política y en la patronal. Mientras el Gobierno busca vías alternativas, Sumar ya trabaja en un nuevo texto con cesiones a los posconvergentes y ERC exige que se vuelva a presentar «cada semana».
La ministra de Vivienda descarta repetir el decreto y apuesta por las leyes en tramitación
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha desaconsejado volver a llevar al Congreso el mismo decreto ley y ha apostado por otras fórmulas legislativas, en particular las proposiciones de ley que ya se tramitan en la Cámara Baja. Como ejemplo ha citado la proposición para regular los alquileres de temporada, impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, tomada en consideración en diciembre de 2024 pero aún bloqueada en la Comisión de Vivienda por la negativa de Junts.
«No desecho la idea del Real Decreto Ley, pero lo que hay que garantizar es que ese Real Decreto Ley vaya a ser convalidado en el Congreso.»
Rodríguez ha dicho ver «ventanas de oportunidad» para negociar con Junts, aunque ha pedido a los posconvergentes que abandonen «las posiciones de máximos». «El Gobierno no baja los brazos en materia de acuerdo», ha subrayado en los pasillos del Congreso.
Desde el Ministerio también se exploran otras vías: medidas en la Generalitat de Cataluña para frenar a los fondos de inversión mediante el desarrollo urbanístico, una propuesta a la Unión Europea para prohibir en Canarias la compra de viviendas a no residentes, o el uso del real decreto para tumbar alojamientos turísticos ilegales. El departamento denuncia que las comunidades del PP, como Andalucía —la que más alojamientos ilegales concentra—, recurren a la justicia para torpedear estas iniciativas.
Bustinduy garantiza la validez de las prórrogas ya solicitadas
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los inquilinos que solicitaron la prórroga mientras el decreto estuvo en vigor, asegurando que esas ampliaciones son «válidas y obligatorias» pese al rechazo parlamentario. Según Bustinduy, la Constitución es clara: «la derogación de una norma no implica la anulación de sus efectos mientras ha estado en vigor».
«Creo que ayer se evidenció una desconexión entre lo que piensa la mayoría de la gente y lo que pasó en el Congreso.»
El ministro ha señalado que la prórroga ha servido, en la mayoría de los casos, para que los inquilinos negociaran nuevos contratos desde una posición de «mayor fuerza». Ha recordado que el 20% de la población española ya vive de alquiler y que 6 de cada 10 viviendas en arrendamiento pertenecen a grandes propietarios o personas jurídicas, con 13 empresas que acumulan más de 100.000 pisos. Bustinduy ha avanzado su intención de llevar «cuanto antes» una medida similar al Consejo de Ministros, aunque ha reconocido que dependerá de «la voluntad política de todos los actores».
Sumar quiere un nuevo decreto con cesiones a Junts
Desde Sumar, el socio minoritario del Gobierno, aseguran que llevarán al Consejo de Ministros «lo antes posible» un nuevo decreto con la prórroga de alquileres, esta vez con cesiones dirigidas a atraer a Junts. Entre las contrapartidas barajadas figuran las bonificaciones fiscales a los caseros —una medida con la que Sumar no comulga ideológicamente— o la aprobación del IVA franquiciado para pequeños autónomos, un asunto de gran interés para los posconvergentes.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en que el Gobierno se sentará «con todo el mundo» para lograr la convalidación. Fuentes de Sumar apuntan que durante el debate parlamentario no percibieron una postura «beligerante» de Junts y ven margen para una negociación fructífera. Sin embargo, otros dirigentes del partido lamentan la escasa implicación del PSOE y cuestionan si a los socialistas les convence realmente la medida.
Rufián (ERC): «Hay que presentarlo cada vez que haga falta»
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido al Gobierno que presente el decreto «constantemente», hasta que los grupos que lo rechazaron «se cansen o la gente les pase por encima». El diputado independentista ha criticado con dureza a Junts, acusándoles de haber «puteado por intereses particulares» a 3.000 millones de personas —entre ellas medio millón de catalanes— y ha exigido que los posconvergentes den explicaciones.
«La izquierda no está para decir a la derecha lo mala que es, está para ayudar a la gente.»
Rufián también ha cargado contra el PSOE, al que acusa de no haber «puesto ganas» para sacar adelante la medida.
La patronal celebra el rechazo
En el extremo opuesto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado la derrota del decreto. Garamendi ha recordado que la patronal «desde el primer momento» ya se había pronunciado en contra de la medida y ha reafirmado esa posición: «Ha decaído, nosotros estábamos en esa línea, pues nosotros seguimos trabajando en lo que nos toca y seguimos adelante».
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